La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una reunión del Consejo de la UE en Luxemburgo
Bruselas evaluará las pulseras antimaltrato y podría congelar fondos Next Gen si detecta errores en la adjudicación
El ministerio de Igualdad de Ana Redondo activó este martes el protocolo de protección de las víctimas ante una nueva incidencia en el sistema.
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La Comisión Europea evaluará el nuevo sistema de pulseras telemáticas implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a las víctimas de violencia de género, en cuyo funcionamiento se han detectado múltiples fallos.
A Bruselas le corresponde fiscalizar esta medida porque está incluida en el plan de recuperación de España y se ha financiado con fondos Next Generation.
En caso de detectar alguna irregularidad en la adjudicación del contrato, el Ejecutivo comunitario podría congelar una parte de las ayudas europeas, según ha informado el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.
La intervención de Bruselas se conoce justo cuando el ministerio de Igualdad ha tenido que activar este mismo martes el protocolo de protección de las víctimas a raíz de una nueva incidencia en el sistema.
Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, siguieron la evolución del fallo en contacto directo con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio.
El origen del problema se localizó en un enrutador encargado de distribuir los mensajes de alerta entre distintas plataformas. “Aproximadamente un 10% de los mensajes estaban provocando incidencias recurrentes que saturaban el sistema”, asegura el ministerio de Igualdad en un comunicado.
La sobrecarga se detectó a las 4:30 de la madrugada y desde ese momento se activó el refuerzo de seguridad, con aviso a las fuerzas de seguridad y a las víctimas mediante mensajes de texto, según ha informado este departamento. La operatividad del sistema quedó plenamente restablecida a las 18:00 horas y no se ha perdido ningún dato.
En un vídeo, Redondo asegura que “ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento" porque los protocolos han funcionado desde el principio. La ministra de Igualdad comparecerá a petición propia en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso.
"La Comisión está al corriente de la información publicada en los medios de comunicación sobre la ejecución del proyecto relativo a las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España", asegura el comisario de Asuntos Económicos en respuesta escrita a una interpelación parlamentaria planteada por el jefe de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé.
"Esta medida se incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español en el marco del hito 472 (Inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres), que será evaluado por la Comisión en el contexto de la octava solicitud de pago", ha señalado Dombrovskis.
"No se ha procedido aún a evaluar el hito 472, ya que España no ha presentado la solicitud de pago correspondiente. Por consiguiente, la Comisión evaluará la ejecución y el cumplimiento de este hito, sobre la base de las pruebas facilitadas por las autoridades españolas, únicamente en el momento de la octava solicitud de pago", prosigue el comisario de Asuntos Económicos.
"El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento basado en los resultados. Esto significa que los pagos solo se abonan tras la evaluación afirmativa del cumplimiento de los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos", ha resaltado Dombrovskis.
El comisario de Asuntos Económicos recuerda finalmente que "los Estados miembros son responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y la gestión de los contratos financiados en el marco del Mecanismo".
"Esta responsabilidad incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, incluida la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicables", concluye su respuesta.
En su interpelación parlamentaria, Buxadé apunta que el contrato adjudicado a la UTE Vodafone‑Securitas para la gestión de las pulseras antimaltrato está valorado en 35 millones de euros y fue financiado con fondos Next Generation.
El líder de Vox en la Eurocámara traslada a la Comisión que durante la ejecución del contrato "se han producido fallos técnicos gravísimos que han puesto en riesgo directo la vida y la seguridad de esas mujeres".
"Se han perdido datos esenciales en el sistema COMETA, lo que ha provocado que juicios quedaran sin pruebas suficientes, que agresores hayan resultado absueltos y que el principio básico de protección a las víctimas quedara comprometido", ha denunciado Buxadé.
