Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García.

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. Diseño: Arte EE.

Política

Ábalos, 'dos' de Sánchez, estaba en una "organización criminal" que delinquía "conforme las oportunidades se presentaban"

El juez aprecia indicios "muy consistentes" de que Aldama, Koldo y el ministro se "concertaron" para delinquir, y propone que los juzgue el Supremo.

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Las claves

El juez del Tribunal Supremo sostiene que José Luis Ábalos, exministro y antiguo 'número dos' de Pedro Sánchez, formaba parte de una "organización criminal" que cometía delitos de forma oportunista.

Según el auto judicial, Víctor de Aldama y Koldo García se aprovecharon de la posición de Ábalos para recibir comisiones ilícitas, especialmente durante la pandemia mediante contratos de mascarillas.

La investigación revela que Aldama identificaba oportunidades de negocio irregular, Koldo García actuaba de intermediario y Ábalos facilitaba las adjudicaciones, adaptando su actividad a distintas áreas de corrupción.

El juez propone juzgar a Ábalos por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, basándose en indicios de pagos en efectivo y un incremento significativo de ingresos no justificados.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente afirma que Víctor de Aldama y Koldo García se "aprovecharon" de la posición de José Luis Ábalos como ministro para delinquir y conseguir "determinadas cantidades de dinero en beneficio de ambos".

El magistrado de la Sala Penal ha dictado este lunes un auto que resuelve que Ábalos, siendo el número dos de Pedro Sánchez, pertenecía a una "organización criminal" que funcionaba de manera oportunista, adaptándose a las circunstancias y cometía delitos "conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando".

Para el juez, esta concepción previa de la naturaleza de la trama evidencia que no se trataba de actos aislados, sino de un plan estructurado con una "innegable vocación de permanencia en el tiempo".

Puente ha propuesto que el Tribunal Supremo juzgue al exdirigente del PSOE por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La resolución judicial cierra una fase de la investigación en la que el instructor ha apreciado indicios "muy consistentes" de que el empresario Aldama "hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados", con el propósito de que ambos realizaran actos "contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos".

El auto describe un esquema de funcionamiento preciso: Aldama actuaría como el identificador de oportunidades de negocio irregular, localizando empresas dispuestas a pagar comisiones por acceder a contratos públicos.

Koldo García ejercería de intermediario y catalizador, aprovechando su posición privilegiada junto al ministro.

Por último, Ábalos, como máximo responsable político al frente de un ministerio importante del Gobierno, utilizaría su poder para hacer realidad los acuerdos corruptos garantizando las adjudicaciones posteriores.

Según la investigación, esta organización no limitaba su actividad a un único tipo de ilícito, sino que se adaptaba a distintas circunstancias y "esferas de actuación".

Ello significa que, cuando surgía una oportunidad de corrupción en un área, la estructura estaba lista para aprovecharla.

Así ocurrió durante la pandemia de Covid-19, cuando las compras masivas de material sanitario abrieron nuevas posibilidades de lucro ilícito.

"Ingresos en metálico"

Hace ahora un año, Víctor de Aldama confesó ante la Audiencia Nacional que entregó a José Luis Ábalos alrededor de 650.000 euros en efectivo, de los cuales 250.000 correspondían a comisiones relacionadas con los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa matriz de la trama, al inicio de la pandemia.

Puente ha argumentado, además, episodios de posible tráfico de influencias a favor de Air Europa, y por gestiones con los Ministerios de María Jesús Montero y Reyes Maroto, además de la contratación en empresas públicas de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, relacionadas con Ábalos.

El juez se apoya en análisis patrimoniales exhaustivos para sustentar que Koldo García acumuló un "significativo incremento de ingresos en metálico" entre 2020 y 2022, tiempo en el que Ábalos desempeñó el cargo de ministro de Transportes.

Y, simultáneamente, el ministro redujo drásticamente sus retiradas de efectivo y "se incrementaron sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas".

Con esta resolución, el Tribunal Supremo se convierte en el órgano competente para juzgar a Ábalos, dada su condición de diputado en el Congreso. Su hipotética renuncia al acta, barajada en su día, ya no cambiaría la situación.

La Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones populares tienen ahora diez días para formular sus acusaciones definitivas y solicitar la apertura del juicio oral o el archivo del proceso, aunque esto último es del todo improbable.

El juicio oral podría celebrarse en los próximos meses y las penas previstas para estos delitos pueden alcanzar los seis años de prisión, además de inhabilitaciones y multas significativas.