Oficina de extranjería en Madrid.

Oficina de extranjería en Madrid. Europa Press

Política

Nuevo Reglamento de Extranjería: cambios y novedades para los inmigrantes que viven y trabajan en España

Se simplifican procedimientos y eliminan duplicidades, aunque hay algunas cuestiones que han despertado un profundo rechazo por los riesgos que entraña para los solicitantes de asilo y los menores.

Más información: El Gobierno, muy cerca de regularizar a más de 500.000 inmigrantes: "El PSOE ha rectificado. Es hora de aprobar esta ILP"

Agencias
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El nuevo Reglamento de Extranjería, con la que el Gobierno prevé regularizar a 900.000 inmigrantes en los próximos tres años, ha entrado este martes en vigor. Entre las novedades, se pretende simplificar procedimientos y eliminar duplicidades, aunque hay algunas cuestiones que han despertado un profundo rechazo por los riesgos que este nuevo reglamento entraña para los solicitantes de asilo y los menores.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado y entra en vigor el 20 de mayo, seis meses después con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Arraigo

Una de las principales novedades del nuevo Reglamento de Extranjería es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar.

Se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar tanto por cuenta ajena como propia desde el primer momento y se reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.

Reagrupación familiar

Se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.

Además, se contemplan realidades que hasta ahora se mantenían fuera, como la posibilidad de incluir a las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga.

Visados y empleo

El nuevo texto crea un título específico para los visados, que clarifica el esquema de autorizaciones, los requisitos y los trámites en general. Todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones de cuatro con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

También se ha extendido a un año el visado para la búsqueda de empleo, que antes era una autorización de tres meses. Este visado permite la búsqueda de empleo en determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales, de forma que los 12 meses "van a facilitar que las personas consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren los profesionales que necesitan", según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Estudios

Las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.

Además, mientras se forman, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales e independientemente de la formación que estén cursando.

Riesgos para solicitantes de asilo y menores

En la otra cara de la moneda del nuevo Reglamento de Extranjería hay una novedad del nuevo texto que ha despertado grandes críticas de muchas ONGs de defensa de derechos de los migrantes, formaciones políticas e instituciones como el Defensor del Pueblo.

Y es que el nuevo texto establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad y deberá permanecer en ella hasta dos años para conseguir los papeles.

Como vía transitoria, durante un año, el Gobierno reduce de dos años a seis meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo, lo que ha provocado que muchos potenciales refugiados que ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España hayan renunciado a su petición y caído en la irregularidad.

Esto ha llevado a siete entidades sociales -la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro- a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo, que aún no ha pronunciado al respecto.

También el Defensor del Pueblo registró el pasado viernes un informe en las Cortes Generales en el que advierte de que la entrada en vigor del reglamento "podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores".

El Gobierno acelera la regularización 

Estos efectos negativos de la norma han llevado al Gobierno a estudiar nuevas vías para paliar estos daños y a cambiar su posición respecto a la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que no había estado entre sus prioridades hasta ahora.

En los últimos días, el PSOE ha impulsado las negociaciones en el Congreso con los diferentes grupos para impulsar la tramitación de esta iniciativa, que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva allí más de un año estancada.

Tal y como publicó este lunes EL ESPAÑOL, los socialistas mantuvieron el jueves y viernes de la semana pasada conversaciones telefónicas con varios partidos, excepto Vox -que está en contra-, para retomar la negociación de esta ILP.

Según informa Efe, fuentes socialistas confirman que ya hay luz verde para avanzar en esta cuestión. Además, el dirigente de Sumar, Gerardo Pisarello, de la cuota de los comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, reveló este lunes que el PSOE ha "rectificado" y se ha abierto a aceptar esta ILP.

Esta ILP contempla regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, PSOE y Sumar presentaron en septiembre una enmienda conjunta a la iniciativa para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar de la fecha que recoge el texto original. Ahora, ambas formaciones planean cambiar esa fecha a antes del 31 de diciembre de 2024, como publica este martes El País.