Sánchez convoca a los líderes autonómicos en Barcelona para ofrecerles la "financiación singular" pactada con Cataluña

Desde los 14 ejecutivos regionales del Partido Popular, la iniciativa ha sido leída como "un movimiento político de Moncloa para tapar sus escándalos" y tratar de marcar el paso a sus críticos "en el peor momento de la legislatura".

En conversación con EL ESPAÑOL, miembros del Gobierno de Madrid, de Aragón y de Galicia daban por seguro que Sánchez pretende utilizar la cumbre en Barcelona para ofrecerles la "financiación singular" pactada con Cataluña.

De hecho, fuentes de la Generalitat recuerdan que Salvador Illa ofreció el pasado diciembre —durante la cumbre de Santander— su región como sede para la siguiente reunión, en plena negociación bilateral con el Estado de los "avances en autofinanciación" pactados por el PSC y ERC para su investidura.

Tal como ha filtrado Moncloa, Sánchez defenderá de nuevo en la Conferencia que el nuevo modelo de "financiación singular" para Cataluña es un "proyecto abierto" a cualquier otra región que lo solicite.

Pero las regiones del régimen común lo rechazan frontalmente, al considerar que supone romper el sistema recogido en la Constitución y consagrar una "confederación de repúblicas asimétricas", como señalan desde la dirección del PP. Lo que está en juego, dicen, no es una cuestión técnica, sino el modelo de Estado.

El Reglamento

Según todos los gobiernos autonómicos consultados, Sánchez está convocando una cumbre de CCAA "sin tiempo" para que los presidentes propongan temas de su interés para el orden del día. De hecho, según el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno debe convocarla "con al menos veinte días naturales de antelación".

Pero "la comunicación oficial no ha llegado", confirmaban todas las fuentes, "lo hemos conocido por los medios, y el teletipo decía que ´no será hasta este jueves que sepamos algo". De este modo, Moncloa estará nominalmente en plazo, pues quedarán 22 días para la fecha elegida.

Pero el mismo artículo 4.3 también obliga a que la convocatoria incluya "incluirá el orden del día [y] la documentación" para la reunión. Y ese guion de la cita debe ser previamente "fijado por el Comité preparatorio con la conformidad de su Presidente y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía".

De este modo, Moncloa tendrá sólo 48 horas para reunir a representantes de todos los gobiernos autonómicos para pactar ese orden del día.

"Y eso es lo que quieren, que no podamos imponerle temas", asegura un consejero de Presidencia en conversación con este diario, "para colarnos la financiación singular de Cataluña y la mal llamada condonación de deuda, porque en la cumbre de Santander la carpeta de documentación sólo tenía folios en blanco y aquello fue inútil, un total fracaso hasta para Sánchez".

Qué quieren las CCAA

Este periódico trató de contactar con todas las autonomías durante el miércoles, tras conocerse la noticia. Y gobiernos tanto del PSOE como del PP se ofrecieron a hacerle una especie de "orden del día alternativo" a Sánchez para la inminente Conferencia de Presidentes.

Los temas clave deberían ser la "renovación urgente" del sistema de financiación autonómica, la "crisis absoluta de la política migratoria" y la emergencia humanitaria en Ceuta y Canarias y soluciones de "garantía de acceso al agua" para todos "en igualdad".

Las CCAA gobernadas por el PP han acogido con escepticismo y cierto "hartazgo" el anuncio. La convocatoria fue interpretada como "un nuevo intento" de Moncloa para "recuperar la iniciativa política en plena tormenta judicial y mediática".

Fuentes de la dirección nacional del PP se lo tomaban con ironía: "Es prueba de lo satisfecho que se siente el presidente por su sesión de control", apuntaba un alto cargo del partido de Alberto Núñez Feijóo.

"Sólo minutos después de acabar, ha tenido que anunciar una Conferencia de Presidentes que desvía la atención de sus wasaps con un imputado por corrupción y de su implicación en el rescate de la empresa que patrocina la carrera profesional de su mujer", añadían estas fuentes.

Cataluña, financiación y escándalos

La reunión llega pocos meses después de que Moncloa y la Generalitat pusieran en marcha el traspaso de "todos los tributos que se cobran en Cataluña", en una reunión de la comisión bilateral Estado-Cataluña.

Y sobre todo, rodeada de las quejas de ERC y Junts de que "de momento, no son más que palabras y no hay avances reales" para sacar a Cataluña del régimen común de la LOFCA, como se comprometió Sánchez con Carles Puigdemont para lograr su investidura en noviembre de 2023. En la última semana, el Gobierno ha acelerado acuerdos de inversión en la región con los republicanos y los posconvergentes, que exigían "todo lo comprometido" para siquiera sentarse a hablar de nuevo con el PSOE.

Del otro lado, arrecian las críticas por el llamado "cupo catalán", ese modelo de "financiación singular" pactado con ERC, también a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez en 2023, y después explicitado para la de Illa como president, en 2024.

La fórmula sacaría a Cataluña del régimen común y le otorgaría "independencia fiscal", con un modelo similar al concierto vasco.

Tanto las 14 del PP como Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por socialistas, se niegan, denunciando que esto reducirá los recursos del fondo de solidaridad autonómica del que dependen la mayoría de las regiones. Las tres únicas autonomías que aportan a ese fondo son Madrid, Baleares y Cataluña. "Así que habrá menos dinero para repartir entre el resto".

A ello se suma la polémica "condonación de deuda autonómica", un reparto que, en palabras de los gobiernos populares, supone "un castigo a las comunidades cumplidoras y un premio a las más endeudadas", como Cataluña. Por eso, muchos presidentes —incluso alguno socialista, como Emiliano García-Page— acudirán a Barcelona con prevenciones.

Y todas las CCAA quieren evitarlo, antes, si les da tiempo.

"Es todo un paripé"

En conversación con EL ESPAÑOL, varios ejecutivos autonómicos gobernados por el PP han confirmado que acudirán a la reunión, por deber institucional, pero también han dejado claro que "la legitimidad de la Conferencia depende de su contenido y forma".

Desde la Comunidad de Madrid, el entorno de Isabel Díaz Ayuso subraya que "a tres semanas, no tenemos orden del día ni se ha reunido la comisión preparatoria. Es todo un paripé".

En Galicia, por su parte, fuentes cercanas a Alfonso Rueda coinciden: "Nos lo contará el jueves... después de que lo veamos en algún periódico. Lo que quiere Sánchez es que hablemos de la Conferencia, sea lo que sea. Cualquier cosa que no sea Ábalos le vale".

También en Andalucía, el equipo de Juanma Moreno lamenta haber conocido la convocatoria "por la prensa". Sin embargo, como el resto, no rechazarán institucionalmente acudir, aunque advierten que no aceptarán una reunión "vacía".

Por su parte, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, optaba por una postura algo más contenida, aunque también dejó entrever su malestar por las formas: "Existe una normativa, que establece que tiene que haber al menos dos reuniones anuales, así que esto es lo normal, no como el año pasado".

Y añadía, con un punto de advertencia: "Está perfectamente regulado que a partir de esa convocatoria habrá una reunión previa de los consejeros encargados de la materia de presidencia para fijar el orden del día".

Qué quieren las CCAA

Más allá de las formas, los contenidos que exigen las comunidades autónomas para el orden del día son contundentes:

• La Comunidad de Madrid reclamará debatir sobre la actualización del sistema de financiación autonómica, el respeto al Estado de derecho y el control del "caos migratorio".

• La Comunidad Valenciana, según fuentes del entorno del president Carlos Mazón, llevará tres exigencias prioritarias: el desbloqueo de la financiación autonómica, la aprobación urgente de un fondo de liquidez extraordinario para las CCAA mal financiadas, porque "vamos a colapsar en el pago de servicios sociales", y sobre todo, la "eliminación de impuestos a todos los damnificados por la DANA que reciben ayudas, que es algo inmoral".

• Canarias, además de reclamar una solución al hacinamiento de menores migrantes no acompañados, pondrá sobre la mesa la financiación autonómica y la polémica "condonación de deuda".

• Castilla-La Mancha reclamará también que se aborde "con seriedad y en pie de igualdad" la nueva financiación autonómica, porque el actual lleva más de una década caducado. Su portavoz, Esther Padilla, lo calificó de "urgente" y advirtió de que si no hay avances, la cita de Barcelona será otra "oportunidad perdida". Además, Page exigirá garantías de acceso al agua, un asunto clave para la región.

• Desde Aragón, fuentes del entorno del presidente Jorge Azcón coincidían en la reclamación de un modelo de financiación autonómica "pactado por todos, porque es para todos" y, en su caso, "más inversiones en modernización y capacidad energética", clave para las inversiones captadas por la región.

Otras comunidades populares como Galicia, Andalucía, Murcia o La Rioja esperan poder influir en la definición del orden del día, y reclamarán que se hable de los problemas reales que afectan a sus territorios, desde la desigualdad fiscal hasta la presión migratoria o el reparto de fondos europeos, pero se niegan a "entrar en el juego de Sánchez".