El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EP

Política INVESTIDURA

Puigdemont acepta que la amnistía se apruebe tras la investidura y derivar el referéndum a una mesa

ERC ofrece a Junts un foro para negociar "la consulta" con el nuevo Gobierno de Sánchez que ambos bendigan.

6 octubre, 2023 02:45

La estrategia dilatoria del PSOE está surtiendo efecto, al menos con Carles Puigdemont, que maneja desde Waterloo los siete votos de Junts claves para la investidura de Pedro Sánchez.

El expresident fugado se ha resignado a que la amnistía a él y al resto de los encausados por el procés se produzca una vez haya sido investido Sánchez, y no antes, tal como revelan a este medio fuentes independentistas. Más aún: estaría admitiendo ya que el referéndum fuera "pactado" en una negociación con el Gobierno, que ya no se llamaría "Mesa de Diálogo", porque se considera un vestigio de la legislatura anterior.

Puigdemont se aviene así a que su "hecho comprobable" se limite a un compromiso por escrito o, a lo sumo, al registro de una proposición de ley de amnistía que inicie su trámite en las Cortes.

En ese documento que suscriba cada formación separatista con el PSOE, las fuentes consultadas admiten que buscarán que conste, de algún modo, la apertura del debate sobre la "consulta a la ciudadanía catalana".

Según las citadas fuentes, la resolución aprobada el pasado viernes por el Parlament de Cataluña por Junts y ERC exigiendo el referéndum de autodeterminación es "la continuación" del acuerdo que ya firmaron los republicanos con los socialistas en 2020 para apoyar la investidura de Sánchez con sus (entonces) 13 escaños en Madrid [consulte el documento en PDF].

La diferencia es que entonces se buscó un eufemismo: "Validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya [sic]".

Así lo apuntan las fuentes de ERC consultadas: "La amnistía no es una ley de punto final, sino un punto de inicio para volver a la política, y concretar lo ya acordado".

El cuándo, el cómo y el qué se preguntará a "la ciudadanía de Cataluña" es lo que se negociará en ese nuevo foro con el Gobierno que bendigan los 14 diputados independentistas en el Congreso. "La Mesa de Diálogo ya está amortizada", admiten en Esquerra.

"Además, conviene que los de Junts se sientan cómodos, y desde que rechazaron ese modelo el año pasado, ya no pueden volver a él". Por eso, los republicanos ofrecerán a Junts otro foro para negociar "la consulta" con el nuevo Gobierno de Sánchez que ambos respalden.

No hay tiempo

El mes largo transcurrido desde la conferencia de Puigdemont en Bruselas, en la que estableció sus "condiciones previas" para sentarse a negociar con el PSOE, ha jugado en contra del líder de Junts.

Aquel 5 de septiembre, Puigdemont marcó claramente la amnistía aprobada como un medio para "recuperar un entorno de cierta confianza" entre las dos partes: una que él definió no como el separatismo, sino como "el pueblo de Cataluña", y otra, el Estado español.

Tal y como habían transmitido los negociadores del entorno de Waterloo, el expresident huido de la Justicia exigía "poner el contador a cero" antes de ponerse a negociar los votos de sus siete diputados.

Carles Puigdemont, seguido de su abogado Gonzalo Boye, en julio de 2023.

Carles Puigdemont, seguido de su abogado Gonzalo Boye, en julio de 2023. Europa Press

Pero ya estamos a 6 de octubre y ni queriendo apretar el acelerador con el trámite de urgencia y la lectura única, se puede aprobar una ley de amnistía antes de que cumpla el plazo: si el 27 de noviembre no hay presidente investido, el Rey disolverá las Cámaras y convocará elecciones repetidas para el 14 de enero.

Feijóo 'trabajó' para Sánchez

De este modo, el mes de "pérdida de tiempo" del que Sánchez ha acusado a Alberto Núñez Feijóo, en realidad, ha trabajado en su favor. Porque ahora Junts ya acepta que le bastará con que la ley esté registrada y tramitándose en el Congreso.

Además, el texto de la ley sólo está en borrador. Fuentes conocedoras del proceso precisan que "hay que hilar muy fino" no sólo la exposición de motivos -para que la norma pase el filtro del Tribunal Constitucional-, sino los marcos temporales, delictivos y subjetivos, es decir, el cuándo, el qué y el quién se beneficiará del "alivio penal"

El PSOE está especialmente preocupado en este punto, dadas las pasadas experiencias con leyes redactadas y aprobadas con prisas. Por ejemplo, la misma rebaja del delito de malversación que se negoció con ERC en la pasada legislatura.

Aquella reforma pretendía culminar la "desjudicialización del conflicto" exculpando a los responsables del procés de esa figura delictiva de corrupción, pero no logró su objetivo, y hoy Puigdemont sigue estando procesado (y en busca y captura) por malversación en España.

Otro ejemplo fue la ley del sólo sí es sí. Fuentes de Moncloa admiten que las "consecuencias indeseadas" de la norma fueron lo que más factura le hicieron pasar al PSOE en las elecciones del 23-J. "Mucho más que los indultos, que sorprendentemente ya estaban amortizados".

Las rebajas de penas de más de 1.200 violadores y pederastas, además de la excarcelación de más de 120 fueron producto de que la ley nació mal redactada y nunca se devolvió de plano al Ministerio de Igualdad, sino que se le fueron "haciendo remiendos". Además, el Consejo de Ministros no atendió las advertencias explícitas incluidas en los informes del Consejo Fiscal y del Poder Judicial. 

"Esta ley es muy peligrosa", admite una fuente jurídica del PSOE. "Puigdemont provoca una animadversión merecida, y bastante es el precio que pagaremos por amnistiarlo... no puede ocurrir que haya más efectos indeseados de ésos".

Marcar terreno

En todo caso, el independentismo trata de marcar algo de terreno. Por un lado, desde la parte de Puigdemont, este diario informaba este jueves de que Junts ha transmitido al PSOE que no se abstendrá en la investidura de Sánchez: o o no. Así, el PSOE no puede diseñar una escapatoria con Coalición Canaria, por ejemplo.

Y por el otro, ERC logró poner, de nuevo, el referéndum en la mesa de negociación la semana pasada. Tras insistir en que "la amnistía ya se acordó en agosto para la Mesa del Congreso", los republicanos exigieron el referéndum.

Oriol Junqueras, atendiendo a la prensa a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid.

Oriol Junqueras, atendiendo a la prensa a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid. ADP

La necesidad de no romper el momentum con el PSOE -que ya les había transmitido que "si el precio es demasiado, no se paga y vamos a elecciones", como repitió Salvador Illa, ya en público- facilitó un acuerdo en el Parlament entre Junts y ERC [consulte el documento en PDF].

Fuentes de Esquerra lo explican, en conversación con EL ESPAÑOL: "El PSOE pidió llamarle 'fin de la represión', y logramos añadirle 'por las vía legales necesarias' para que quedara más claro". El objetivo era obtener el rédito más que la medalla, pero ahora esta misma fuente de la dirección republicana admite que "descontada la amnistía, tenemos que llevarle algo más a las bases de Esquerra".

Por eso, en las dos recientes visitas de Oriol Junqueras a Madrid, el líder de ERC insistió en reivindicar la amnistía como elemento "ya acordado" y, sobre todo, "como medio para acabar con la judicialización y devolver la resolución del conflicto a la política". Es decir, como vía hacia el referéndum.

"Y ahora, Puigdemont no sólo ha dejado de llamarnos botiflers", concluye este portavoz republicano entre sonrisas, "sino que ya negocia con el Estado, como nosotros, y se resigna a que el referéndum habrá de ser pactado".