Carles Puigdemont este martes desde Bruselas.

Carles Puigdemont este martes desde Bruselas. Europa Press

Política INVESTIDURA

Las 5 demandas materiales que Puigdemont también exige a Sánchez junto a la amnistía y el referéndum

El expresidente de Cataluña ha comparecido en Bruselas para detallar su plan de exigencias para la investidura de Pedro Sánchez.

5 septiembre, 2023 14:45
Eduardo Ortega Socorro D. Ramírez

Una ley de amnistía y las garantías para un referéndum de autodeterminación son los dos pilares del plan diseñado por Carles Puigdemont. El expresidente de Cataluña concibe que podría conseguirlo a cambio de investir a Pedro Sánchez. Sin embargo, detrás de esas dos reivindicaciones, existe además un conjunto de demandas materiales que conforman todo un iceberg.

Dicho de otra manera: habrá dinero e infraestructuras además de procés en el acuerdo Sánchez-Puigdemont.

Bien es cierto que las peticiones recogidas en este capítulo resultan más aceptables para el hoy presidente en funciones, ya que no están fuera de la Constitución.

1. Déficit fiscal

Carles Puigdemont ha enfatizado en el "déficit fiscal" de Cataluña. Se trata de una reivindicación histórica del nacionalismo. De hecho, mucho antes de que el nacionalismo se tornara independentista, partidos como CiU o Esquerra Republicana hablaban del déficit fiscal.

Justo antes de que se desatara el Procés, los presidentes de Cataluña, primero Artur Mas y luego Carles Puigdemont, hablaron con el Gobierno de Mariano Rajoy acerca de este punto, aunque sin llegar a un acuerdo.

Puigdemont ha cifrado el déficit fiscal de Cataluña en unos 20.000 millones de euros anualesEs decir, que la autonomía aporta a la tesorería nacional 20.000 millones más de los que recibe después por parte del Estado en materia de financiación.

Sin embargo, este cálculo procede de un informe elaborado de manera interna por la propia Generalitat de Cataluña en 2019, y no compara su situación con las balanzas fiscales de otras comunidades autónomas.

Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, entre Jaume Asens y Toni Comín, en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas.

Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, entre Jaume Asens y Toni Comín, en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. TW

De hecho, el Ministerio de Hacienda no publica nuevas balanzas fiscales desde 2014. El argumento de María Jesús Montero para ello es que estos datos favorecen los “reproches” entre regiones.

En cualquier caso, los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) indican que el déficit con el Estado de Cataluña sería mucho más bajo de lo calculado por la Generalitat. Estaría en los 2.168 millones de euros, un 5% de su PIB.

Esta balanza fiscal desfavorable, además, no es la peor de España. Esta situación corresponde a Madrid, con 6.313 millones de euros de déficit con el Estado.

En clave de PIB, también Baleares le adelantaría, porque el desequilibrio con el Estado sería equivalente al 6% de su PIB.

2. Los trenes

Puigdemont ha sido explícito: "Los trenes no funcionan". Tras los resultados del 23-J, algunos dirigentes del independentismo duro, entre ellos los pertenecientes a ERC que han estado en la cárcel, decían: "No fui a prisión por unos trenes".

Sin embargo, ahora que el Gobierno no descarta la amnistía, los trenes han vuelto a ser una negociación interesante para el separatismo. En Cataluña, este sistema de transporte es complejo porque la competencia es mitad autonómica (Rodalíes), mitad estatal. Los ciudadanos deben llevar consigo dos tarjetas diferentes.

Trenes Rodalies. Imagen de archivo.

Trenes Rodalies. Imagen de archivo. Europa Press

Aunque no se ha explayado al respecto, es probable que tanto Junts como ERC reivindiquen la necesidad de que la competencia de gestión sea enteramente de la Generalitat de Cataluña.

3. Inmigración

El expresidente de Cataluña ha reiterado que la comunidad autónoma que lideró tiene "la tasa de inmigración más alta de la península" y, después, ha lanzado una crítica que no es otra cosa que otra reivindicación: "No tenemos competencias para gestionarla".

El lema consiste en otra de las peticiones concretas, materiales, que podría incluir Junts en la negociación con Pedro Sánchez. 

4. SMI

En un discurso más propio de ERC que de Junts, el expresidente de Cataluña ha afirmado que "el coste de la vida" en su comunidad autónoma es muy alto. Ha hablado, por ejemplo, del alquiler.

Después, ha dicho que el autonomismo –el sistema imperante hasta ahora– no ha dado "solución" a estos problemas. Aunque no ha llegado a verbalizarlo, las palabras de Puigdemont encubren el deseo de poder ser la Generalitat quien fijara el SMI en su territorio.

Se trata de una reclamación que podrían enarbolar más regiones, como Madrid, País Vasco o Navarra donde también el coste de la vida está por encima de la media de nuestro país. 

Sin embargo, cuando esto se ha puesto sobre la mesa por parte de los empresarios (que en alguna ocasión han visto de forma positiva un SMI autonómico), el Gobierno la ha rechazado de pleno.

5. Presupuestos e inversión

A ojos de Puigdemont, el Gobierno de España, intencionadamente, deja sin ejecutar la parte de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a Cataluña. De ahí nacen, a su juicio, muchos de los males económicos que afectan a la región.

El expresidente de la Generalitat ha hilado esta queja con una "falta de inversión crónica" del Gobierno central en Cataluña. Sin embargo, el problema de la falta de ejecución de las inversiones recogidas en las Cuentas es un problema que no afecta sólo a Cataluña, si no también más autonomías. 

Sin entrar a si esto ocurre de forma intencionada o no, en el último año cerrado contablemente (2021), las inversiones del Estado se quedaron muy por debajo de lo estimado en varias regiones. Y la más perjudicada no fue Cataluña. De hecho, el Gobierno se quedó muy cerca de ejecutar todo lo prometido allí: un 91% se cumplió. 

Sin embargo, pese a los lamentos separatistas, otras regiones sufren más los problemas de la falta de ejecución de inversiones. En País Vasco sólo se ejecutó el 38% de lo previsto, en Asturias el 56%, en Andalucía y en Galicia el 69% y en Cantabria el 75%