El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en un acto del PSOE en Logroño. EFE
Sánchez hace de la Ley de Vivienda el eje de campaña para que la 'presión social' obligue al PP a aplicarla
"Va a haber presión social porque se va a generar un contraste entre aquellas comunidades en las que sí se aplica y las que no", dicen desde el Gobierno.
28 abril, 2023 03:16El PSOE sabe que la vivienda tiene tirón electoral y Pedro Sánchez la ha convertido en el eje para la campaña del 28-M. Tras anunciar en días previos la construcción de nuevas viviendas públicas, este jueves el Congreso ha aprobado la Ley de Vivienda que llevaba años negociándose.
Ahora, Moncloa espera que la "presión social" acabe obligando al PP a aplicarla, pues necesita de la participación de las comunidades autónomas.
Los presidentes del PP ya han anunciado que, en las comunidades donde gobiernan, no tienen intención de reproducir algunas de las medidas en marcha. De las autonomías depende, por ejemplo, la declaración de que las zonas tensionadas, algo necesario para topar los alquileres.
En el PSOE esperan que el PP acabe reculando. La vivienda va a ser una de sus banderas. La norma tiene que ir ahora al Senado y su aprobación definitiva podría coincidir casi con el inicio oficial de la campaña.
"Va a haber presión social sobre el PP porque se va a generar un contraste entre aquellas comunidades en las que sí se aplica la ley y en las que no se aplica", asegura una ministra del Gobierno.
Aseguran que los populares están en una posición muy difícil de defender y que va a ser complicado explicar a la ciudadanía de clase media que vive en las grandes ciudades por qué su comunidad no se acoge a unas medidas que sí adoptan otras.
Se da la circunstancia de que varias comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía o Murcia, cuentan con amplias zonas que entrarían en la definición de "zona tensionada".
En cualquiera de los casos, las fuentes del Gobierno insisten en que "no cabe no aplicar la norma". De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que el Ejecutivo tiene "mecanismos" para obligar a su aplicación.
Aunque no especificó cuáles, recordó que no es la "primera vez" que una comunidad rompe la legalidad, en clara referencia a Cataluña y al artículo 155 de la Constitución que suspendió su autonomía de manera temporal.
En el PP, no obstante, inciden en que la Ley de Vivienda especifica que determinadas medidas que no son de "obligado cumplimiento", ya que invaden competencias autonómicas. Es más, el PP no duda de que si la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia plantearan llegado el caso un conflicto ante el Tribunal Constitucional podrían obtener una sentencia favorable.
De una opinión parecida, en cuanto a la invasión en el autogobierno, son partidos nacionalistas como el PNV, Junts o PDeCAT, que han votado este jueves contra la norma.
La posición del PP
Concretamente, fuentes de la dirección del grupo popular en el Congreso advierten a EL ESPAÑOL de que hay tres cuestiones que vienen recogidas en la ley de Vivienda que caerán en saco roto por esa invasión competencial: la declaración de zona tensionada, el tope al precio del alquiler y la reserva de suelo público para construir viviendas sociales.
Desde el equipo económico de Feijóo remarcan que es necesario regular el mercado del alquiler para aliviar la subida de los precios en determinadas zonas, pero descartan de plano la "intervención" que plantea el Gobierno. "El tope al alquiler llevará a los propietarios a vender sus viviendas y, por tanto, habrá menos oferta y subirán los precios", justifican en Génova.
La nueva definición de zona tensionada, con dos requisitos relacionados con el IPC y la subida del coste de los alquileres o las hipotecas, según arguyen las fuentes populares consultadas por este periódico, provocará que "media España sea declarada zona tensionada".
Sin embargo, ninguna comunidad del PP tiene previsto declarar una zona tensionada, lo que a su vez impedirá el tope al precio de los alquileres que el Gobierno pretende y que Podemos ha vendido como principal logro. No son pocas las voces en este partido que recuerdan que, en su momento, Sánchez fue el primero en oponerse públicamente a una intervención en el mercado de la vivienda.
El punto que más critica el PP de la ley, y que lamenta porque sí se llevará a cabo, es el "blindaje" a los okupas. Lo que hace el Gobierno, explican los populares, es "invertir la carga de la prueba". Antes eran los okupas los que tenían que "acreditar que poseían de un título que les habilitaba para estar ahí", ahora será el propietario quien tendrá que hacerlo.
Además, los grandes tenedores, aquellos que tengan más de cinco viviendas, tendrán también que acreditar que se han sometido a "un proceso de conciliación o intermediación" con el okupa, es decir, "con una persona que no se va a dar por notificada nunca".
