Sánchez obligará a las Comunidades a "mediar" con los okupas de pisos de grandes propietarios

La Ley de Vivienda que verá la luz el próximo jueves en el Congreso obligará a las comunidades autónomas a mediar con aquellos okupas "en situación de vulnerabilidad" que estén habitando propiedades de grandes tenedores. En caso de que la mediación no funcione, las autonomías tendrán que aportar "una solución habitacional" para dichas personas.

Así se desprende de una enmienda transaccional a la norma que el PSOE de Pedro Sánchez ha pactado con Unidas Podemos, ERC, Más País, CUP, Compromís, BNG y el PDeCAT. La enmienda se ha incorporado al texto de la norma y será ratificada el jueves en la Cámara Baja sin modificaciones.

Esto se hará a través de una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil y busca crear "un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje" en aquellas okupaciones que tengan lugar en propietarios con 10 o más inmuebles. Según fuentes socialistas, la mediación se llevará a cabo para buscar "una solución habitacional a las personas vulnerables".

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Según la enmienda, la comunidad autónoma de turno será "el órgano mediador" y tendrá que intentar que se alcance un acuerdo entre las partes. En caso de que no se logre, tendrá que recurrir a los fondos aportados por el Estado a través del Plan Estatal de Vivienda para encontrar dicha solución habitacional.

Al margen de aumentar la presión sobre los grandes tenedores, la enmienda también tiene una lectura política. Las comunidades que viven una mayor concentración de grandes tenedores son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Las dos últimas son comunidades gobernadas por el Partido Popular.

El PP ya ha avisado de que no tiene intención de aplicar algunos aspectos de la Ley de Vivienda en las comunidades gobernadas por el partido. En concreto, los conservadores rechazan aplicar la declaración de zona tensionada, un requisito indispensable para topar los alquileres, que a su vez es una de las medidas estrella de esta norma.

Aunque los populares no se han pronunciado todavía sobre la mediación entre okupas vulnerables y grandes propietarios, cabe esperar que sigan una estela similar a la declaración de zona tensionada. Esto es munición electoral para el PSOE, que ya ha pasado a llamar al PP un partido "antisistema" por este tipo de decisiones.

En la enmienda también se incluye el requisito de, cuando se vaya a presentar una demanda por okupación, especificar si se trata de la vivienda habitual del okupa y un documento que acredite o no si es persona vulnerable, "previo consentimiento de la persona ocupante", aunque con alternativas en caso de que no consienta.

Todo esto es responsabilidad del demandante, que tiene que demostrar, además, si es gran tenedor o no a través de un documento emitido por el Registro de la Propiedad.

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Con esta medida, el Gobierno y sus socios busca ampliar en cierta medida el llamado "escudo social" que paralizaba los desahucios de personas vulnerables y que vencerá el próximo 1 de julio. 

PSOE rechaza el órdago

La Ley de Vivienda no sólo se está convirtiendo en una batalla entre el Gobierno y la oposición, sino también dentro de las filas del propio Ejecutivo. Unidas Podemos elevó este lunes la presión sobre los socialistas y ha propuesto que la norma incluya limitaciones a los alquileres turísticos.

Los morados proponen que se limite al 2% las plazas turísticas que se puedan ofrecer en una zona tensionada. En términos numéricos: que en un área que haya 10.000 habitantes no se puedan ofrecer más de 200 pisos.

Desde el PSOE rechazan apoyar esta enmienda, a pesar de que queda reflejado en el programa marco del partido, porque aseguran que es una competencia de las comunidades autónomas. Tendrán que votar el próximo jueves y, aunque aseguran que aún no han decidido su postura, todo apunta a que el voto oscilará entre el no y la abstención.

"Escuchamos y trabajamos todas las enmiendas, pero estamos frente a una competencia que es 100% autonómica. Hay que ser muy conscientes de no introducir temas o asuntos de categoría estatal", dijo este lunes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. "Como portavoz del partido sí que puedo trasladar que hay un compromiso autonómico con el control de los pisos turísticos", añadió, sin explicar cómo se llevaría a cabo.