Varios encapuchados destrozan la efigie de Felipe VI.
Encapuchados destrozan a martillazos una efigie de Felipe VI: Sánchez lo tachó de "apelación" a su "muerte" cuando pasó con la suya
El presidente sí se quejó al tener la "íntima convicción" de que el apaleamiento de una piñata con su cara era "una invitación real" a atacarle.
La Fiscalía solicitó reabrir la investigación de estos hechos al apreciar un posible delito de amenazas graves.
Más información: La Fiscalía pide reabrir el caso de la piñata de Ferraz: "Fue un ataque personal para amedrentar a Sánchez"
Varios encapuchados destrozaron a martillazos, este domingo, una figura del rey Felipe VI en el bulevar de San Sebastián, donde, horas antes, tenía lugar una manifestación convocada por Ernai, organización juvenil de la izquierda abertzale.
La figura, de grandes dimensiones, representaba con detalle al monarca y fue golpeada con una maza por cuatro radicales.
En la Nochevieja de 2023, sucedió un episodio parecido con una piñata con la cara de Pedro Sánchez.
Varios manifestantes la golpearon durante una concentración en los alrededores de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.
En aquella ocasión, el Partido Socialista denunció dichos actos ante la Fiscalía General del Estado.
La juez Concepción Jerez abrió un procedimiento, que, en febrero de 2024, acabó siendo archivado, al descartar la existencia de delito.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid estimó los recursos del PSOE y de la Fiscalía y ordenó a la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid la reapertura del procedimiento.
Un encapuchado destroza con un mazo la efigie de Felipe VI..jpg
No obstante, el tribunal, jerárquicamente superior a la juez, indicó que esta instrucción debía proseguir sólo por un posible delito de amenazas o injurias graves a la autoridad y no por delito de odio, el ilícito investigado de primeras.
Es decir, en ese sentido dio la razón a la Fiscalía, que ceñía su petición al delito de amenazas o injurias graves a la autoridad.
En el marco de esta causa, una vez reabierta, el propio Pedro Sánchez señaló, en un escrito dirigido al Juzgado, que el apaleamiento de la piñata con su cara constituía una "apelación directa" a matarle.
El presidente del Gobierno se quejó de la "intranquilidad" y el "desasosiego" que dice que sintió, al tener la "íntima convicción" de que los hechos suponían "una invitación real" para que alguien "se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real" contra él o su familia.
Tras el apaleamiento de la figura del Rey, ningún miembro del Gobierno ha censurado tales hechos con los mismos argumentos empleados por Sánchez.
El archivo de la causa
En febrero de 2024, la juez Jerez decretó el archivo del caso Piñata al considerar que el apaleamiento del muñeco constituía un ejercicio de "crítica política", no punible. Pero la Fiscalía recurrió esta decisión.
El Ministerio Público solicitó —con éxito, pues la Audiencia le dio la razón— continuar la investigación, argumentando que los hechos podían traspasar la libertad de expresión para encajar en posibles amenazas o injurias graves a la autoridad.
¿Cuáles fueron los argumentos de la juez para archivar la causa? La magistrada señaló que "con estos actos no se busca injuriar al presidente del Gobierno, ni se busca injuriar a su partido político, sino expresar descontento y protesta, de manera simbólica".
![Piñata caracterizada de Pedro Sánchez apaleada esta Nochevieja en Ferraz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10390979.jpg?p=w:320\/h:240&h=ebkfEGub"])
"Quizás no estén bien vistos, desde un punto de vista cívico", señaló la titular del Juzgado de Instrucción 26 de la capital. Pero, a renglón seguido, recordó que "un lenguaje vulgar o soez" o la "falta de educación" no son delitos.
Jerez subrayó también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que acciones como ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión.
"Y forman parte del juego democrático de crítica política", recalcó la jueza, quien subrayó que cuando estos monigotes simulan la apariencia de representantes políticos "la normativa en materia de protección del honor aparece debilitada".
La juez, incluso, puso en cuestión que el muñeco imitase el rostro de Pedro Sánchez.
"Representa una figura de un varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga; en ningún caso la apariencia reproduce la imagen del presidente del Gobierno", comparaba en febrero de 2024.
El TEDH
El Código Penal español tipifica como delito la calumnia o injuria grave al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, así como el uso de su imagen de manera que dañe su prestigio o el de la Monarquía.
Durante años, este tipo de actos —quemar o golpear fotos y muñecos con la efigie del Rey— se tramitaban y condenaban bajo este artículo por parte de la Audiencia Nacional.
Piñata con la cara de Pedro Sánchez en Ferraz, en Nochevieja de 2023. Europa Press
El punto de inflexión fue la mencionada sentencia del TEDH que citó la juez Jerez a la hora de archivar el caso, reabierto luego.
Este tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), concluyó que la quema o destrucción pública de imágenes del Rey forma parte de la libertad de expresión y de la libertad de crítica política.
El delito de injurias a la Corona sigue vigente en el Código Penal español.
A día de hoy, los artículos 490 y 491 de dicho corpus normativo contemplan penas de multa o privación de libertad para quien injurie, calumnie o utilice de forma vejatoria la imagen del monarca o miembros de la Familia Real.
Ahora bien, el PSOE y Sumar pactaron desbloquear en el Congreso la proposición de ley destinada a derogar las injurias a la Corona, los ultrajes a la bandera y las ofensas a los sentimientos religiosos.
Dicha reforma no está aprobada definitivamente. Aunque la iniciativa ha iniciado formalmente su trámite en las Cortes Generales y ha superado los primeros debates y vetos, aún no ha concluido el proceso legislativo, que pasa por su aprobación en el Pleno del Congreso, su traslado al Senado y publicación en el Boletín Oficial del Estado.
