Ángel Luis Ortiz (dcha.), responsable de Instituciones Penitenciarias, junto al ministro Marlaska.
Se fuga un preso de la cárcel de Valdemoro aprovechando la 'política de flexibilidad' en seguridad de Marlaska
Antes, la norma limitaba las "salidas programadas" únicamente a los internos que ya hubieran disfrutado de permisos ordinarios.
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Un preso del centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro) se fugó el pasado jueves durante una salida en el centro de Madrid, en la zona del Parque de Tierno Galván. Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes penitenciarias conocedoras de los hechos.
Los reclusos se encontraban disfrutando de lo que en el argot de las prisiones en España se conoce como "salida programada".
El suceso reabre el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de salidas y sobre el equilibrio entre la reinserción y el control en los centros penitenciarios.
Las salidas programadas son actividades terapéuticas o de reinserción grupal, reguladas por el art. 114 del Reglamento Penitenciario, donde los internos (generalmente en segundo o tercer grado) salen acompañados por profesionales o voluntarios a actividades culturales, formativas o deportivas.
El objetivo de estas actividades, que duran generalmente menos de dos días, es la socialización.
Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL de distintas fuentes en el ámbito penitenciario, el incidente se explica por la derogación en los últimos años de un requisito que limitaba estas salidas únicamente a los internos que ya hubieran disfrutado de permisos ordinarios.
Este cambio fue una decisión del actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que eliminó la norma establecida por su antecesor, Ángel Yuste, cuando gobernaba el Partido Popular.
Ahora no solo pueden disfrutar de esas salidas los presos que se encuentren en tercer grado.
"Ha flexibilizado los requisitos. Antes se seleccionaba mejor a los internos. Ahora es un coladero", señalan fuentes penitenciarias.
Yuste defendía que la primera salida de un interno debía contar con la autorización del juez de vigilancia penitenciaria dentro de los permisos ordinarios, y que cualquier salida administrativa debía basarse en instrumentos de prueba ya evaluados por el juez.
Esta disposición estaba contemplada en la Instrucción 1/2012. Esa orden, tras la llegada de Marlaska, quedó sin efecto.
Incremento de fugas
Hace tres años, como publicó EL ESPAÑOL, Prisiones daba un paso más en su política de concesión de privilegios penitenciarios a internos en régimen de tercer e incluso de segundo grado.
Una modificación en una de sus instrucciones internas permitía desde entonces que esa clase de presos pudieran obtener permisos de salida pese a haber sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves.
La orden interna de Interior cambiaba también otro de los apartados de la Instrucción 1/2012, con la que se regulan los permisos de salida para los reclusos.
Desde ese momento, los procesos de infracciones y de sanciones ya no se tienen en cuenta para determinar la mala o buena conducta del interno, algo que venía siendo fundamental al valorar si se concedían o no permisos de salida.
De ese modo, Interior incrementaba la discrecionalidad de los directores de los centros para conceder permisos a los presidiarios, desvinculándolos de la existencia de sanciones.
Desde que existe esa norma, las "sanciones firmes y sin cancelar" ya no son un argumento ineludible para denegar el permiso a un reo en régimen de tercer grado o de segundo grado.
El Ministerio del Interior lleva años ofreciendo datos que no reflejan la realidad de la fuga de presos durante salidas de la cárcel permitidas por Instituciones Penitenciarias.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL, las fugas reales casi duplican las facilitadas oficialmente por el Ministerio del Interior en repetidas ocasiones durante los últimos años. Interior publicó que en 2024 hubo 454 reclusos que no regresaron de su permiso. Realmente fueron 873 los que realmente no volvieron a prisión tras salir de forma autorizada de su penitenciaría.
En 2019 se registraron 686 casos; en 2020, año marcado por la pandemia, hubo 563; en 2021 fueron 749; en 2022, 838; y en 2023, 861. En total, entre 2019 y 2024, 4.570 internos no regresaron a prisión tras disfrutar de una salida autorizada.
