El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, a su llegada a la rueda de prensa.

El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, a su llegada a la rueda de prensa. Enric Fontcuberta Efe

España CATALUÑA

El Govern amenaza con multar con hasta 600.000€ a quien retire lazos amarillos

2 agosto, 2018 19:10

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado este jueves que no habrá impunidad para los autores de los ataques contra la libertad ideológica y política en Cataluña, tanto de los partidarios como de los contrarios a la independencia, que van a la baja pese a registrarse 178 episodios desde mayo pasado.

Buch ha comparecido en rueda de prensa junto al director de la policía, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, para mostrar su "preocupación" por los episodios de intolerancia política e ideológica que ha habido en Cataluña en el último trimestre, a razón de casi dos al día: 93 en mayo, 52 en junio y 33 en julio.

"Nadie en Cataluña tiene la impunidad de poder agredir, perseguir, insultar y no respetar el derecho que tenemos todos a defender nuestra ideología política", ha advertido el conseller, que ha garantizado que se perseguirá penalmente o administrativamente a todo aquel que "cruce la línea roja" del respeto a la libertad ideológica y política.

Buch ha emplazado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a impulsar la creación de juzgados especializados en Cataluña en el ámbito de la persecución de los delitos de odio y ha resaltado que, en aquellos ámbitos que no encajan en el código penal, la conselleria de Interior puede interponer sanciones administrativas de hasta 30.000 euros (las graves) y 600.000 euros (las muy graves).

A preguntas de los periodistas, Buch ha indicado que los casos registrados en el último trimestre en Cataluña de vulneración del orden público o de ataques por motivos ideológicos y políticos han sido protagonizados tanto por partidarios de la independencia, entre ellos el "escrache" al juez del Supremo Pablo Llarena, como por los contrarios, entre estos los episodios de Manresa (Barcelona) y Verges (Girona), donde hubo enfrentamientos para intentar impedir la colocación de "esteladas".

El conseller ha apuntado que algunos de los episodios registrados en Cataluña se puede catalogar como de "fascismo", aunque ha precisado que no hay por el momento un "movimiento organizado de extrema derecha" actuando en Cataluña, como sucede en otros países europeos, ya que se trata de "casos muy puntuales", la mayoría concentrados en las comarcas barcelonesas del Bages y del Maresme.

Fase de investigación

Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción administrativa, según ha aclarado Buch, que no ha podido especificar cuántos de los ataques los han protagonizado partidarios de la independencia y cuántos sus detractores, ya que la mayoría están aún en fase de investigación.

El conseller ha indicado que cuando se detectó este "problema", los Mossos impulsaron un plan operativo específico para potenciar la prevención y la reacción, que cree que ha permitido que las cifras vayan a la baja, pese a la notoriedad de estos enfrentamientos.

Buch ha evitado responsabilizar a ningún partido político a la hora de instigar estos ataques, si bien ha constatado que esta "realidad" se produce después de que Cataluña "haya querido decidir sobre su futuro y haya sido agredida por el Gobierno y por estamentos del Estado español". "La situación se ha polarizado mucho. Hace unos siete años que estamos hablando del procés y siempre se ha mantenido un clima de convivencia, que se debe preservar", ha indicado el conseller.

No obstante, a preguntas de un periodista, Buch ha pedido a Ciudadanos, que ha hecho un llamamiento para retirar símbolos independentistas, que condene "cualquier ataque contra la convivencia". "Así se ganarán el respeto de mucha gente", ha apuntado. Según Buch, en el debate político catalán actual "no hay matices", ya que se trata de un dilema sobre un "sí o un no, un blanco o un negro", que espera que un día se pueda resolver mediante una "votación legal".