El fiscal delegado de Medio Ambiente de Murcia, Miguel de Mata, se ha desplazado a la Rambla del Albujón para conocer sobre el terreno el mayor punto de entrada de nitratos al Mar Menor y ha dedicado muchos meses de trabajo a hilvanar el escrito de acusación del 'caso Topillo': la mayor causa por vertidos contaminantes a la albufera que se instruye en esta comunidad.

Miguel de Mata es uno de los garantes del cumplimiento de la legislación en este espacio natural y analiza para EL ESPAÑOL la nueva 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca'.

"Es un hito porque después de España vendrán otros países europeos que darán protección a determinados espacios naturales", tal y como subraya Miguel de Mata (Murcia, 1974), rodeado de expedientes en su despacho, en la cuarta planta de la Ciudad de la Justicia.

"Es un éxito cívico y de toda la sociedad", remarca, en alusión al duro trabajo desarrollado por la Plataforma ILP para reunir 639.826 firmas que permitieron que esta Iniciativa Legislativa Popular primero se aprobase en el Congreso de los Diputados y este miércoles en el Senado.

P. ¿Cómo se lleva a la práctica dotar al Mar Menor de una personalidad jurídica propia?

R. Es un reto y un desafío poder llevar esa figura a la práctica, como referencia a nivel europeo de protección de espacios naturales. Hay que convertir este hito jurídico en un desarrollo de la ley que redunde en un beneficio para la mejoría de la protección del Mar Menor.

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El fiscal no se anda con rodeos a la hora de hablar, ya que tras la euforia que han vivido estos días las organizaciones ecologistas y las plataformas de activistas, ahora queda lo más importante: desarrollar el reglamento del articulado de la 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca'.

P. ¿Cuál es la mayor novedad que introduce esta ley en materia legislativa y judicial?

R. El Mar Menor, al adquirir personalidad jurídica, podrá comparecer en procedimientos contencioso-administrativos, civiles o penales por cualquier tipo de actuación, ya sea normativa o administrativa, por cualquier actividad, ya sea pública o privada, que le pueda afectar en su desarrollo como ecosistema, a su biodiversidad o al mantenimiento de su equilibrio biológico.

En materia penal, con anterioridad a esta ley, cualquier persona ya podía denunciar un delito ambiental al Mar Menor, pero lo interesante y la novedad de esta personalidad jurídica propia es el poder ejercitar derechos en nombre del Mar Menor en procesos civiles o contencioso-administrativos sobre cualquier actuación que afecte al espacio jurídico protegido de la albufera.

El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región de Murcia, Miguel de Mata, este viernes, en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Badía

En la práctica, todo hijo de vecino podrá pleitear con el Gobierno de Murcia o los ayuntamientos ribereños —San Pedro del Pinatar, San Javier o Los Alcázares— si considera que sus actos administrativos atentan contra el Mar Menor como persona jurídica: desde una actuación que afecte al paisaje, a la aprobación de un plan parcial, la concesión de una licencia para una urbanización, ampliar un puerto, instalar pantalanes en la playa, dotar de un permiso de actividad a un chiringuito, a una empresa de actividades náuticas o a un hotel, aprobar ordenanza municipal, una ley...

"Cualquier persona podrá litigar en el ámbito civil o administrativo contra una decisión que afecte a los intereses del Mar Menor", tal y como explica de forma didáctica Miguel de Mata, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo. "Eso no es un delito, es una cuestión contencioso-administrativa que antes no se podía plantear y ahora sí, como pedir que se revise una licencia de actividad o modificarla".

P. Y en materia civil, ¿qué situaciones podrán denunciar los ciudadanos en nombre del Mar Menor?

R. Cualquier tipo de actuación que se pueda producir por daño, culpa o negligencia de algún particular.

¿En qué papel queda ahora la normativa que ya protege la albufera, como la Ley del Mar Menor de la Asamblea Regional?

Esta nueva ley ha nacido como una consecuencia de la insuficiencia y de la ineficacia de toda la normativa de protección que existe en relación al Mar Menor y que es muy abundante. Esta normativa administrativa ha fracasado. Hay que hacer estudios jurídicos para analizar cómo es posible que todas estas directivas comunitarias, normas estatales, autonómicas y municipales, han fracasado de forma clamorosa para evitar el perjuicio que sufrió el Mar Menor en 2016 y que actualmente se sigue produciendo.

¿Por qué ha fracasado todo eso? Esa es la raíz del problema y ante ese fracaso surgen iniciativas como esta: dotar de personalidad jurídica al Mar Menor para que se pueda defender como un ente jurídico, como si fuese una empresa. Es evidente que esta ley no está para cosas cotidianas, meras infracciones que son sancionables por las Fuerzas de Seguridad o por los propios ayuntamientos, esta ley es para otras infracciones graves para las que la administración no tiene respuesta o tiene una normativa insuficiente o esa normativa no está bien controlada.

A partir de ahí, el propio Mar Menor, como persona jurídica, podrá alzar la voz, presentarse en un tribunal, y decir que no quiere que una actividad se produzca en su espacio protegido porque le impide su desarrollo o su recuperación como medio natural.  

El análisis sobre los fallos que han conducido a la laguna a convertirse en una 'sopa verde' no solo se tiene que producir a nivel institucional, sino también a nivel político. Prueba de ello es lo ocurrido este miércoles: el Partido Popular votó a favor de esta ley en el Senado, en Madrid, y a 445 kilómetros, en Cartagena, el PP votó en contra de la proposición de ley de declaración del parque regional del Mar Menor, presentada por Podemos en la Asamblea Regional.

P. ¿Cómo afecta esta nueva ley al sector agroalimentario y al desarrollo de nuevos proyectos en el Campo de Cartagena?

R. La ley de Protección al Mar Menor de la Asamblea ya establece una serie de prohibiciones y condicionantes para que se puedan establecer ese tipo de industrias. En el caso de que la instalación de esas empresas perjudique al Mar Menor, ya se está revisando si constituyen una infracción. En el futuro, para las nuevas licencias o nuevas instalaciones habrá que hacer alguna fórmula para darle audiencia a los entes de tutela del Mar Menor, si se entiende que el proyecto puede perjudicarle de forma sustancial.

Tendrá que decir algo el Mar Menor porque es un ente con personalidad y tiene un interés legítimo en una actuación. La personalidad jurídica no puede ser un título para colgarlo en un cuadro, eso tiene que tener un desarrollo respecto de todas aquellas actividades y normativas y actos de la administración que puedan afectar a la albufera.

Precisamente, en este punto de la ley surgen algunos interrogantes que su desarrollo debe solventar, como quién será la voz de la albufera en un trámite administrativo o en un proceso judicial. Todo ello, debido a que son tres figuras las que se reparten su representación y gobernanza: un Comité de Representantes, compuesto por miembros de las Administraciones públicas y vecinos de los municipios ribereños; una Comisión de Seguimiento, donde están los guardianes de la Laguna del Mar Menor, y un Comité Científico, con expertos de universidades y centros de investigación.

Unos guardias civiles durante una inspección a una finca agrícola en el 'caso Topillo'. Efe

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"El Mar Menor tiene unos tutores y unos órganos de gobernanza que le representan y habrá que ver cómo se articula eso", advierte el fiscal, curtido en temas medioambientales desde 2009. "Todas las leyes tienen un desarrollo y esta ley no va a ser distinta: hace falta concretar la aplicación de su articulado para ver cómo echa a andar".

Es importante dilucidar quién será la voz de la albufera en procesos judiciales, ya que la aprobación de esta norma permite al Mar Menor mover ficha en causas abiertas, como el 'caso Topillo'. En estas diligencias existen una rama principal y piezas separadas. En la rama principal se juzgará a 38 empresas agrícolas y a exdirigentes de PP y PSOE, como supuestos autores de 19 millones de euros en daños causados a la albufera, a través de vertidos de desaladoras y pozos clandestinos. 

"En la causa principal del 'caso Topillo', el Mar Menor se puede presentar en el juicio, decir que se considera perjudicado, y podría coadyuvar en el ejercicio de la acción penal del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares, podría realizar preguntas a los investigados y a los testigos, pero no podría proponer pruebas ni solicitar condenas", tal y como aclara el fiscal en conversación con EL ESPAÑOL.

De forma que el representante del Mar Menor podría interpelar al banquillo de los acusados donde se sentarán el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá (PP), así como a la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Rosario Quesada (PSOE), y el otrora comisario de Aguas, Manuel Aldeguer (PSOE).

En las piezas separadas del 'caso Topillo' sí que podría personarse el Mar Menor como acusación particular, debido a que la instrucción de las diligencias no está tan avanzada como la rama principal donde se está a la espera de los escritos de defensa, antes de fijar fecha para la vista oral en la Audiencia Provincial. "En la pieza separada pueden actuar como una acusación particular", aclara el fiscal.

P. Capitanía Marítima tiene abierto un expediente por el concierto de este verano en la Isla del Ciervo, que derivó en un macrobotellón, y donde una agencia de excursiones en barco cobró entradas y un concejal del PP de La Unión, Ginés Guzmán, actuó como batería del 'El sitio de mi garaje'. ¿El Mar Menor podría hacer algo en este expediente con esta nueva ley?

R. Podría pedir que se le dé traslado como un afectado más.

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Otra duda que despierta esta nueva norma recién salida del Senado, es la gratuidad de ejercer acciones en los juzgados por parte de los ciudadanos: la ley no aclara quién asumirá el pago de las tasas ni de la minuta del abogado y el procurador. "No sé cómo se articulará el tema de la gratuidad porque los profesionales que se postulen ante los tribunales, tendrán que pasarle a alguien sus minutas", reflexiona Miguel de Mata. "Creo que eso se tendría que desarrollar en un reglamento".

P. Como fiscal, ¿teme que se produzca un aluvión de denuncias?

R. La mayor virtualidad que tiene esta ley de personalidad jurídica es en el ámbito administrativo, el Mar Menor podrá comparecer en trámites administrativos, ante entes locales, la Comunidad Autónoma y el Estado, manifestando que tiene un interés legítimo en los expedientes y en los procedimientos y si no está conforme con las licencias que se concedan, pues podrá intentar su revisión en el ámbito administrativo.

Puede haber un exceso de litigios o alargar procedimientos administrativos que ya son largos por sí mismos y demasiado burocráticos. Las incidencias que puedan afectar al Menor deben ser notorias y que le perjudiquen gravemente, no se puede litigar por cualquier tipo de actuación, no sería sensato denunciar a un chiringuito porque monta un concierto o porque hay muchos veraneantes, apelo al sentido común.