El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, una norma de carácter extraordinario por sus fines y medidas para hacer frente a la situación excepcional que estamos viviendo, que tiene el objetivo de agilizar y simplificar la ejecución de estos recursos.

La previsión del Ejecutivo autonómico es elevarlo a las Cortes de Castilla-La Mancha de forma inmediata para que entre en vigor lo antes posible, ya que es una norma fundamental para llevar a cabo una gestión y un control lo más ágil y eficiente que se pueda de los fondos de recuperación de la Unión Europea.

El objetivo de esta ley, ha recordado en nota de prensa el Gobierno regional es posibilitar la eficiencia administrativa en su gestión mediante la simplificación de los procedimientos administrativos para permitir que el impacto económico y social de dichos recursos sea inmediato en aras a la reactivación económica.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha justificado la necesidad de esta norma en el reducido marco temporal establecido para lograr el cumplimiento de su objetivo, para lo cual se precisa, "de forma excepcional y con carácter temporal", disminuir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos sin merma de las garantías y el rigor que deben regir la actuación pública.

Una única ley con cuatro líneas de acción

Dado que los procedimientos afectados abarcan distintas materias de las actividades administrativas, que tienen regulaciones normativas específicas, como son las de contratación pública, ayudas y subvenciones, gestión y control presupuestario y recursos humanos, se ha optado, por razones de seguridad jurídica, por agrupar todas las novedades en una única ley.

Un amplio abanico de modificaciones que se regirá por los principios básicos de racionalización y eficiencia en la utilización de medios y recursos, agilidad, celeridad y prioridad en la tramitación. El resultado ha sido un texto muy amplio, con 40 artículos, tres disposiciones adicionales y 14 disposiciones finales.

El proyecto de ley recoge cuatro líneas de acción. La primera establece las medidas de agilización y simplificación de los procedimientos que se deben llevar a cabo en materia de convenios, ayudas y subvenciones y contrataciones.

Se fijan, también, medidas que afectan a la gestión presupuestaria y al régimen de control de los expedientes de gasto, tales como establecer la tramitación de urgencia para los procedimientos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a estos fondos, sustituir la fiscalización plena previa por una fiscalización limitada previa o poder pagar de manera anticipada hasta un límite máximo del 50 por ciento.

La segunda línea de acción se centra en los proyectos declarados prioritarios, que podrán ser financiados con fondos europeos y cuya gestión y ejecución podrá realizarse mediante la colaboración público-privada.

La tercera está relacionada con la creación de instrumentos dirigidos a la dinamización de la economía regional, en concreto, de la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha, en consonancia con uno de los objetivos de los fondos de recuperación relativo a la transición ecológica; y la cuarta y última línea de acción recoge medidas específicas en relación con los recursos humanos, como su redistribución para agilizar la gestión y absorción de estos fondos, el refuerzo de plantillas donde sea necesario mediante programas temporales de empleo o la formación de empleados públicos.

Además, para desarrollar estas nuevas medidas, se prevé la constitución de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos con funciones de diseño, planificación y seguimiento de las actuaciones que acometa la Junta de Comunidades y su sector público regional.

Y se confiere a la actual Comisión Regional de Fondos Europeos, creada en agosto de 2020, las funciones de coordinación interdepartamental de todas las actuaciones que se realicen para ejecutar dichos recursos.

Otras medidas

La norma también incluye otras medidas de naturaleza administrativa y tributaria vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2021, que se recogen en tres disposiciones adicionales y 14 disposiciones finales que afectan a casi todos los departamentos de la administración regional.

Entre ellas se encuentran la ampliación del servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70 años, la supresión de la fiscalización previa en las ayudas de emergencia social para agilizar al máximo su tramitación o la mejora de la tramitación del procedimiento para la declaración de parques arqueológicos.

Ampliar de uno a tres años la periodicidad de los informes que debe presentar el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, establecer una nueva bonificación de la tasa fiscal que grava a las máquinas o aparatos de juego y ampliar hasta finales de 2021 la bonificación de la tasa de espectáculos taurinos, ante la previsible continuación de los efectos de la pandemia durante todo este año son otras de las propuestas que incluye esta norma.

"Se trata, por tanto, de un proyecto de un gran calado normativo y procedimental para poder tramitar y ejecutar en un plazo de tiempo muy corto y con la mayor seguridad jurídica y transparencia posible este importante volumen de recursos europeos, con dos objetivos prioritarios: dar una respuesta decidida a la crisis económica y social generada por la pandemia y adaptar nuestro modelo productivo a la economía del siglo XXI", han defendido desde el Ejecutivo.