A falta de algunos retoques y de la conclusión de la due diligence (intercambio de información entre las dos entidades) Liberbank y Unicaja ya tienen listo el patrón del traje que lucirán en su boda. El “sastre” encargado de su confección ha sido en este caso Santander Corporate & Investment Banking, la división global de Santander que ha anticipado algunas puntadas sobre las consecuencias que tendrá una integración que se negocia contrarreloj ante la presión de los efectos económicos del covid, del mercado y, sobre todo, de los supervisores. Una fusión que acumula 5.111 millones de ayudas públicas que no se recuperarán, de las que 4.156 millones fueron a parar a Caja Castilla La Mancha para poder ser reflotada al inicio de la crisis antes de ser absorbida por Liberbank.

Unicaja y Liberbank cuentan actualmente con una red en toda España de 1.600 oficinas y cerca de 10.000 empleados, con Castilla-La Mancha como una de las comunidades autónomas que acumula un mayor número de sucursales de ambas entidades en todo su territorio: un total de 275 (225 de Liberbank y 50 de Unicaja). Será nuestra región por tanto una de las más afectadas por el previsible cierre de oficinas y adelgazamiento de su estructura laboral en busca de las sinergias que se pretenden. En concreto, las provincias de la región con mayor concentración de oficinas de las dos entidades son las de Albacete (44), Ciudad Real (73), Cuenca (51) y Toledo (102). Según cálculos de los analistas del Santander, la reducción de oficinas en las cuatro provincias castellano manchegas será de 95, si lo que se busca es eliminar duplicidades y ganar eficiencia.

Mientras que nadie duda de que el presidente y primer ejecutivo de la entidad resultante será Manuel Azuaga, que ocupa este cargo en Unicaja, y el consejero delegado será Manuel Menéndez, de Liberbank, una gran incertidumbre reina entre toda la plantilla de ambos bancos por la fusión que se negocia. Aún cuando se anuncia que los recortes procederán principalmente de los servicios centrales, prejubilaciones, y ahorro en tecnología y digitalización -lo que se conoce como economías de escala- los analistas estiman que el solapamiento de oficinas se concretaría sobre el 20 por ciento de la red y la salida de unos mil trabajadores. Un ajuste con el que los gestores de ambas entidades esperan reducir los gastos entre 150 y 170 millones a los tres años de realizar la unión. Un acoplamiento, en el caso de Liberbank, sobre una plantilla “agotada y con presiones desorbitadas”, según los sindicatos, que ahora se enfrentan a otra zozobra laboral de inciertas consecuencias.