Un alumno entrando a un colegio.
Cuando escucho a los rufianes, puigdemones y otegis varios hablar de sus territorios históricos como si fueran únicos, pienso en alguno de los niños de nuestra región que asisten a una de las 73 escuelas rurales con menos de once alumnos. Pienso en ellos y en su derecho —histórico, desde luego— a recibir una educación al menos de la misma calidad que un chaval de Pedralbes o del paseo de la Concha. Cuando los nacionalistas reclaman un sistema de financiación autonómica exclusivo, le están robando el futuro a esos niños. Y si su responsabilidad es evidente, más aún lo es la del Gobierno de Sánchez, que no solo se lo permite, sino que nos trata por idiotas a los demás tratando de hacernos ver que, en realidad, es lo mejor para todos. Como si robarle a los pobres no fuera suficiente, además hay que reírse de ellos.
¿Cuánto le cuesta a Castilla-La Mancha mantener escuelas rurales en 249 municipios? ¿Cómo de deficitaria es la factura que llega de Zarzuela, en Cuenca, que este curso recupera su escuela con solo cuatro niños? ¿Por qué no hay dinero para mantener la de Gascueña, que este año la pierde porque únicamente quedaba un alumno? La respuesta a estas preguntas determina la dignidad de una sociedad.
Hoy nos llevamos las manos a la cabeza por los desastrosos resultados del informe PISA. Nada que no intuyéramos. Años de leyes absurdas, nefastas por su buenismo y sectarismo, han socavado el tradicional buen nivel de la escuela pública española. Pero si a esas leyes demagógicas les sumamos la infrafinanciación de los sistemas educativos que sufrimos en la España sin moqueta, nos queda un panorama que solo puede calificarse como desolador.
Al final, la esperanza sigue estando en los profesores que hacen cientos de kilómetros cada día recorriendo nuestra bella región para ofrecerles un futuro a dos o tres niños y en las familias de esos chavales que pelean cada curso por preservar los recursos que necesitan sus pueblos.
Castilla-La Mancha acaba de votar contra el modelo de financiación autonómica propuesto por Hacienda. Defiende la Junta, con mucha razón, que variables como la dispersión, el envejecimiento y el coste efectivo de prestar servicios en un territorio enorme y poco poblado deben pesar mucho más de lo que lo hacen hoy. El problema de coherencia vendrá, otra vez, cuando ese sistema pactado por Sánchez y sus socios llegue al Congreso. ¿Qué harán entonces los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha? Pues eso, lo de siempre.
