Los historiadores ven con recelo la Ley de Información Clasificada: "Si buceas demasiado, te juegas la ruina"

El pasado martes 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada, con lo que se iniciaba su tramitación parlamentaria. Con ella se pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, la cual históricamente ha entorpecido el acceso a los documentos oficiales de las etapas del régimen franquista y la Transición y ha significado una opacidad sin precedentes en un país democrático.

De darse finalmente luz verde a esta nueva legislación en el Congreso de los Diputados, se haría efectiva la apertura al público de todos los archivos de alto secreto —la ley jerarquiza la confidencialidad de los documentos en cuatro rangos según su importancia: alto secreto, secretos, confidenciales y restringidos— clasificados hace 45 años o más.

Ello se traduciría en la desclasificación efectiva de los documentos oficiales hasta 1981 (en el caso de que la ley fuera aprobada el próximo año). Los secretos del franquismo, la Transición y, más aún, el golpe de Estado fallido de 1981 podrían ser, por tanto, expuestos por primera vez a la sociedad española.

El Gobierno desclasificará los documentos del franquismo y la Transición tras reformar la Ley de Secretos Oficiales

Una aparente buena noticia, tanto para los profesionales que hasta la fecha han sentido que el archivo español era territorio vedado como para el conjunto de la sociedad, que vería beneficiado su derecho a la información. Pese a ello, los historiadores consultados por El Cultural ven con suspicacia varios aspectos de la nueva ley.

Y es que los detalles que se han podido conocer hasta el momento anotan una importante excepción a pie de página. Cuando los organismos responsables consideren que se pone en riesgo la seguridad del Estado, la desclasificación de los documentos podrá ser prorrogada durante un período que dependerá del rango al que pertenezcan. En el caso del nivel más importante, alto secreto, esto se podría extender hasta los 15 años, con lo que estaríamos hablando de un total de 60 años desde su fecha de creación.

"¿Por qué tantos rodeos? ¿Por qué no se desclasifica de golpe todo lo que tenga que ver con el franquismo? Hay que dejar que la sociedad y los historiadores digieran esos papeles", plantea sobre esto Ángel Viñas (Madrid, 1941), autor de importantes libros sobre la Guerra Civil y el franquismo como La soledad de la República (2006) y Franco acorralado: la reconstrucción de Europa (1998).

Según el historiador, que en el pasado ocupó además importantes cargos diplomáticos en las instituciones europeas como el de embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea ante Naciones Unidas, es una anomalía que todavía se restrinja el acceso a cualquier documento perteneciente al régimen dictatorial. "Tengo una idea muy clara de lo que debería ser la nueva ley: abrir todos los archivos por lo menos hasta 1975. Eso de entrada y sin miramientos ni restricciones de ningún tipo".

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A esto, se suma para Viñas un escollo añadido: "No hay suficientes funcionarios para hacer la desclasificación. Si tú quieres que haya funcionarios que vayan papel por papel para ver qué se puede desclasificar y qué no... te puedes tirar 10 años si no dispones de un cuerpo de archiveros profesional adecuado".

César Rina (Cáceres, 1986), profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED y autor de El cielo está con nosotros, está de acuerdo con lo consignado por Viñas: "El cuerpo de archiveros y administradores profesionales que tiene el Estado en nómina es esquelético. Totalmente insuficiente para una tarea de esa magnitud". Y apostilla: "Ni siquiera sabemos de la existencia de muchos de estos documentos de alto secreto, porque la mayoría no aparece en ningún índice, así que, si se quiere poner algún tipo de restricción o prórroga, habría que chequear caso por caso. Algo imposible de hacer con los recursos actuales".

"El cuerpo de archiveros y administradores profesionales que tiene el Estado en nómina es esquelético". César Rina

Para Rina, además, aunque la nueva ley "tiene una buena música de fondo" porque "mejora en términos de transparencia la legislación anterior", corre el peligro de ser "un brindis al sol" debido a la trampa de las excepciones y las prórrogas. "El sistema que existe actualmente —apunta— ya implica la excepción apelando al riesgo de la seguridad del Estado. Ese es un término muy cualitativo, es todo y es nada. Es una afirmación tan sumamente abierta que nos arriesgamos a una subjetividad en la que todo depende de quién tome la decisión. Todo puede ser susceptible de ser ocultado porque todo puede condicionar la seguridad del Estado. Es demasiado arbitrario".

Relacionado con esto último, Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945), miembro de la Real Academia de Historia y autor de títulos como Franco: autoritarismo y poder personal (1985) o Pensar España (2021), subraya el problema de la fuerte presencia del Gobierno en la coordinación de la desclasificación de documentos y sus excepciones. "Podría llevar a los partidos que estén en el poder a no levantar el secreto de determinados archivos que comprometan su legislatura por revelar decisiones polémicas de etapas anteriores".

"En la mayoría de los países democráticos no existe una presencia tan importante del Gobierno central en esta toma de decisiones". Juan Pablo Fusi

Fusi considera que, en líneas generales, la ley es "razonable, dado que la legislación anterior se remonta a 1968 y nuestro país necesitaba alinearse con la forma en la que tratan otros países democráticos este tipo de información".

Pese a ello, sostiene que "en la mayoría de estos países no existe una presencia tan importante del Gobierno central en esta toma de decisiones", como ocurre con esta propuesta de ley. "Antes esta responsabilidad recaía más en otros organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y de Interior, que tienen un criterio más imparcial para tomar este tipo de decisiones".

"El miedo al pasado va a condicionar que se mantengan clasificados ciertos documentos". Ángel Viñas

Una opinión con la que se alinea asimismo Viñas: "Los viejos partidos políticos quieren que sus electores les voten, pero no quieren que se sepa lo que hicieron sus antecesores hace 50 años. ¿En base a qué? Al miedo. Y una democracia, en mi opinión, no debe fundamentarse en el miedo". Y sentencia: "El miedo al pasado va a condicionar que se mantengan clasificados ciertos documentos".

En este sentido se posiciona también Giles Tremlett (Plymouth, 1962), corresponsal de The Guardian en España y autor de una biografía de Franco publicada este mismo año. "Todas las leyes de secretos así, tan potentes —señala—, suenan bien hasta que tengas un Gobierno que abuse de ello sin que tú sepas que lo ha hecho. Después de todo, es el Gobierno el que decide la clasificación por rango de secretismo de cada documento".

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El británico, de hecho, aunque, como el resto de entrevistados, aplaude la iniciativa de dejar atrás una ley franquista, defiende que lo importante no serán los documentos que se desclasificarán, sino aquellos cuya destrucción se evidencie. "Ahora conoceremos lo que debería estar y no está por ninguna parte. Nos obligará a reflexionar y buscar respuestas sobre el motivo de esta desaparición".

Mucho más comedido y optimista se mostraba en RNE Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y autor de una biografía de Franco publicada también este año. "Es necesaria, porque va a crear una nueva forma de ver el tiempo y los archivos", dijo de este proyecto de ley, del que no objetó ningún aspecto.

Multas millonarias

Ante la arbitrariedad de las excepciones mencionadas, surge la posibilidad de que historiadores, periodistas o funcionarios se rebelen y difundan documentos que todavía estén clasificados a los que hayan tenido acceso. ¿A qué consecuencias legales se enfrentarían?

La Ley de Secretos de Estado de 1968, vigente por el momento, no contiene un régimen sancionador propio para los casos de revelación de información todavía clasificada. Esta función queda contemplada en el Código Penal, por los artículos 584, 598 y 599, que castigan con penas de 1 a 12 años de prisión a todo aquel que revele este tipo de documentos.

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La nueva ley en trámite, en cambio, sí que establece un proceso de tipo administrativo que castigaría estas faltas por la vía económica con multas que van de los 30.000 a los 2,5 millones de euros. Presumiblemente, esto vendría acompañado en los casos más graves por la pena de cárcel, pues los artículos del Código Penal que castigan estos casos con prisión no se verían modificados.

En todo lo dicho anteriormente actuaría como atenuante el derecho a la libertad de información, pero, tal y como se ha comunicado desde La Moncloa, no como motivo eximente. 

De esta forma el sistema español coincidiría en buena medida con el francés, en el que también se cuenta con un sistema híbrido. Sin embargo, en el caso galo la multa económica se reserva para los casos más leves y en ningún caso sobrepasa los 100.000 €.

En el resto de democracias del marco europeo occidental este tipo de faltas también se sancionan por la vía penal, normalmente con penas de prisión. En el Reino Unido, el castigo, regulado por la National Security Act de 2023, puede llegar a ser de cadena perpetua en los casos más graves.

"Las multas son lo peor de esta nueva ley". Giles Tremlett

Aunque en varios de estos países sí que se pueden aplicar multas económicas, España sería el único en el que la vía administrativa sería la principal. Las cuantías, además, llegan a ser 25 veces más altas en comparación, por ejemplo, con el modelo francés. "Una absoluta burrada, totalmente exageradas", opina Viñas. "En otros países también las hay, pero no son comparables. Hay otras medidas más razonables que se podrían aplicar, como no volver a permitir el acceso a los archivos nacionales".

La misma postura sostiene Tremlett: "Son lo peor de esta nueva ley. Lo que te están diciendo en pocas palabras es que si buceas demasiado te estás jugando la ruina total, ya sea como individuo o como empresa". "Es una herramienta de la que es muy fácil abusar", sentencia el británico. A lo que añade Fusi por su parte: "Pueden ser un instrumento para limitar la libertad de información".

"Establece un sistema de penalizaciones tan desorbitado que puede llegar a imponer la autocensura". César Rina

A César Rina, incluso, le recuerda a la ley franquista que se pretende reemplazar: "Establece un sistema de penalizaciones tan desorbitado que puede llegar a imponer la autocensura, por mucho que se revista de un aparente aperturismo".

"Pero al fin y al cabo, este Gobierno tampoco está en las condiciones adecuadas como para conseguir que se apruebe en el Congreso una ley así tan fácilmente", concluye Rina, volviendo a la realidad. No le falta razón. La endeble mayoría parlamentaria con la que cuenta el ejecutivo tiene a día de hoy una estabilidad mínima. Algo que no tiene visos de cambiar y que, por tanto, hace de esta nueva legislación poco más que un castillo de naipes.