Este jueves el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se ha reunido para ver diversas incoaciones de expedientes de declaración como Bien de Interés Cultural. El mayor foco de esta mañana estaba puesto en el supuesto Caravaggio, propiedad de la familia Pérez de Castro, que el pasado 21 de abril iba a ser subastado por 1500 euros en Ansorena como una pieza atribuida al círculo de José de Ribera y bajo el título de La coronación de espinas. Según el informe, que ha sido calificado como “favorable”, el óleo reúne las condiciones históricas y artísticas para ser protegido, de modo que la tela seguirá siendo estudiada por técnicos y expertos. Ahora empezará un trámite, que durará en torno a 9 meses, durante el que se podrán presentar las alegaciones oportunas.

Actualmente, la pieza se encuentra en las instalaciones de la empresa de transportes SIT, especializada en la custodia de obras de arte, en Coslada, a 15 km de Madrid. Hasta allí se desplazó el pasado martes una delegación de expertos del Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comunidad de Madrid. Al encuentro asistió también Jorge Coll, anticuario y CEO de la galería Colnaghi que representa desde hace unas semanas los intereses de los dueños del cuadro. La visita se desarrolló "con normalidad" y "siguiendo el procedimiento establecido", afirma Coll. 

A esta toma de contacto acudieron el director del Museo del Prado, Miguel Falomir; el director adjunto, Andrés Úbeda, y el conservador de pintura italiana David García Cueto. Pedro Navascués acudió en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de donde procedía el cuadro, que llegó a la familia Pérez de Castro por una permuta realizada en 1823 por su antepasado el diplomático y académico de honor Evaristo Pérez de Castro, según se ha sabido recientemente.

Cuando el 7 de abril saltaron las alarmas sobre su verdadera autoría, el Ministerio de Cultura declaró la obra inexportable y paralizó la subasta de Ansorena para evitar que el cuadro saliese de España. Un día después fue incoado el procedimiento de declaración como BIC por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, lo que significa que de manera cautelar la obra ya se encuentra protegida aunque no haya concluido el trámite.

La declaración como BIC implica unas medidas de protección asociadas: los propietarios de la obra están obligados a conservarla adecuadamente, tienen que pedir autorización para cualquier restauración o intervención en la misma y las Administraciones Públicas tienen el derecho de tanteo y de retracto en el caso de que se ponga en venta. “Esta es una decisión que se toma para proteger el patrimonio –explicaba Elena Hernando el pasado 12 de abril a El Cultural-, una medida cautelar hasta que se lleven a cabo todos los pasos necesarios para confirmar la autoría de la pintura”.