Una delegación de expertos del Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comunidad de Madrid visitó ayer por primera vez el supuesto Caravaggio propiedad de la familia Pérez de Castro. Lo hizo en las instalaciones de la empresa de transportes SIT, especializada en la custodia de obras de arte, en Coslada, a 15 km de Madrid. Al encuentro asistió también Jorge Coll, anticuario y CEO de la galería Colnaghi que representa desde hace unas semanas los intereses de los dueños del cuadro, que iba a subastarse el mes pasado en la casa Ansorena con un precio de salida de solo 1.500 euros, antes de saberse que podría ser una obra del célebre pintor italiano. La visita se desarrolló "con normalidad" y "siguiendo el procedimiento establecido", afirma Coll, que no ha precisado más detalles sobre el encuentro.

Según ha informado El País, por parte del Prado asistieron su director, Miguel Falomir; el director adjunto, Andrés Úbeda, y el conservador de pintura italiana David García Cueto. Pedro Navascués acudió en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de donde procedía el cuadro, que llegó a la familia Pérez de Castro por una permuta realizada en 1823 por su antepasado el diplomático y académico de honor Evaristo Pérez de Castro, según se ha sabido recientemente.

Se trata de una visita requerida por el protocolo que se establece cada vez que se inicia un expediente para declarar una obra como Bien de Interés Cultural, en cuyo trámite se encuentra este Ecce Homo pintado probablemente por el artista italiano. Cuando el 7 de abril saltaron las alarmas sobre su verdadera autoría, el Ministerio de Cultura declaró la obra inexportable y paralizó la subasta de Ansorena, prevista para el día 8, para evitar que el cuadro saliese de España. Un día después fue incoado el procedimiento de declaración BIC por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, lo que significa que de manera cautelar la obra ya se encuentra protegida aunque no haya concluido el trámite.

El precio de venta del cuadro podría alcanzar 150 millones de euros en el extranjero, mientras que al prohibirse su exportación, este no superaría los 40 millones según las estimaciones. "El mercado nacional es mucho más restringido, hay menos coleccionistas, las instituciones tienen otros presupuestos… La propiedad se ve bastante afectada por el hecho de que el cuadro se considere inexportable", afirmó a El Cultural el galerista y portavoz de la familia Pérez de Castro.

Este jueves se presentará un informe preliminar fruto de este primer contacto de los expertos con la obra en una reunión de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid en la que se decidirán los siguientes pasos a seguir en el proceso. Según el procedimiento establecido, la RABASF también deberá emitir próximamente un informe sobre la obra.

Desde la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, tal como ha informado a El Cultural, se analizarán todos los informes, se responderán las posibles alegaciones que se registren, y se preparará la resolución de declaración, que debe ser aprobada por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de 9 meses desde la publicación de la incoación del expediente.

La protección como BIC es la mayor que existe en el ámbito de protección de patrimonio histórico y ello implica que los titulares están obligados a conservar adecuadamente la obra, han de solicitar autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural para toda intervención que deseen realizar sobre el mismo y que las administraciones públicas tienen el derecho de tanteo y de retracto en el caso de que los propietarios pongan en venta el bien cultural.