Una ley innovadora y pionera en España, así lo ha definido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Una ley de residencias que lleva varios años en el cajón y que parece que por fin verá la luz. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los centros de carácter Residencial y Centro de Día de Servicios Sociales par Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, esto supone el paso previo para someterlo a su mayoría en las Cortes.

Esta ley afectará a las más de 72.000 plazas –en concreto, 72.634– que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad. Un proyecto que arrancó en 2020 para cambiar el anterior modelo con la creación de grupos de trabajo con representantes y asociaciones del sector, grupos parlamentarios y consejerías afectadas, según ha detallado Blanco, donde se llegó a una serie de "consensos básicos". Uno de ellos es que se debería apostar por una forma de vida de integración total de estas personas, que los centros deberían ser como hogares, y los profesionales deberían tener una cualificación. "Con la intención de que sea lo más parecido a un hogar”, ha destacado.

Los nuevos centros para personas mayores que se pongan en marcha tendrán que hacer estas modificaciones arquitectónicas, mientras que los actuales tendrán que adaptarse para lo cual se ha lanzado una línea de ayudas anunciadas el pasado martes por el presidente Fernández Mañueco.

En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente –entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia–. Ello sitúa a Castilla y León como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 %, muy por encima de la media nacional (4,19 %).

En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.

Se trata de un texto “innovador” que adapta todos los centros públicos y privados destinados a la atención a las personas mayores, dependientes y con discapacidad al contexto actual. “Se coloca en el foco de los cuidados en los usuarios, haciéndoles protagonistas”, ha afirmado la consejera Isabel Blanco durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La finalidad es garantizar los derechos de quienes viven en los centros residenciales y en los centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración. Se trata de un texto consensuado.

Así será la ley

Para desarrollar la atención centrada en la persona, el texto regula el modelo de atención integral, con un fuerte componente ético y de reconocimiento de la dignidad de la persona, que supere la rigurosidad de la atención puramente asistencial. La ley coloca a la persona en el lugar preferencial y recoge todo un catálogo de derechos que protegen su autonomía: proyecto de vida, decisiones manifestadas previamente por escrito, a mantener su idiosincrasia e identidad cuando el grado de autonomía empeore o a un trato personalizado, afectuoso, digno y con respeto a intimidad y creencias, entre otros.

El proceso de adaptación de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, a este modelo de atención centrado en la persona implica la salvaguarda general del derecho a ser asistidos sin ningún tipo de restricción, tales como las sujeciones físicas o algunos tratamientos farmacológicos. En este sentido, la ley promueve y regula una atención libre de restricciones, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley –por ejemplo, casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas, no puedan llevarse a cabo de manera extraordinaria y previo consentimiento de la persona o de un familiar–.

Este derecho implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.

La ley establece también un ‘Proyecto de Vida’ documentado para que la persona pueda desarrollar el mismo de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros. En este sentido, todo servicio prestado por profesionales contará, en la medida de lo posible, con las preferencias y decisiones de las personas: serán ellas quienes decidan cómo desarrollar sus actividades en el plano de lo cotidiano y la atención de sus necesidades girará alrededor de su forma de enfocar la vida. Es más, el proyecto de ley ubica a las familias y allegados en un lugar central: en toda prestación de servicios se tendrá en cuenta el entorno afectivo ya que, al fin y al cabo, son esenciales en esa vertiente cotidiana.

Por otra parte, las personas estarán atendidas por profesionales coordinados, asignando un profesional de referencia a todos los residentes –con quien establecerán una relación de confianza y se convertirá en el responsable del acompañamiento y de la atención directa– y un gestor de caso para la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de profesionales.

En línea con una concepción integral de la atención debida a los usuarios del Sistema Público de Salud y del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, el texto articula la necesaria coordinación y colaboración entre ambos.

La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia −como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta de Castilla y León desde hace años−, con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades.

De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños −de hasta 16 personas− y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.