El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento. Europa Press
Imaginemos entrar en la vida de Juan Español, él, ella o elle, un ciudadano cualquiera que trabaja, cobra un sueldo y tras pagar impuestos tiene una renta disponible.
¿Qué hace con su dinero?
Se lo gasta: en su casa, en viajar, en copas, en hobbies, en sexo, en juego..., en vivir. Carpe Diem, vive al día...
O privarse de algo e invertir en la educación de sus hijos, en bolsa, en un negocio o en un piso, quizá con hipoteca.
Juan Español compra un piso, lo amuebla y lo alquila. Su rentabilidad neta (tras impuestos y costes) no supera el 3%. Mientras, reparaciones, consumos, IBI, patrimonio, tasas, seguro, comunidad y derramas suben el 5, el 10 o hasta el 12% anual. Su rentabilidad neta ya no supera el 2%...
Juan no quiere vender; necesita conservar el poder adquisitivo de la renta. En septiembre de 2026, el IPC adelantado alcanza el 4,9% (récord en 3 años). Pero el IRAV de agosto, aplicable a los contratos posteriores a mayo de 2023, limita la actualización al 2,47%. La diferencia sale del bolsillo del propietario.
Mientras ve caer su rentabilidad, un banco le ofrece un 3% por depositar su dinero: sin reponer frigoríficos, pagar derramas ni reclamar impagos. ¿Quién especula?
Si el inquilino no paga o entra un ‘okupa’, recuperar la vivienda puede llevar tiempo. Harto, Juan vende o retira el piso del alquiler. Así, una política pensada para abaratarlo puede acabar encareciéndolo.
La Constitución, en su artículo 47, encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo?
- Edificando vivienda social, accesible para las rentas más bajas. España recibió más de 1,25 millones de inmigrantes en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024. No es el único factor de demanda, pero ignorarlo al planificar vivienda es absurdo. Mientras tanto, la vivienda social representa alrededor del 3,3 % del parque español, frente a cerca del 8 % de media europea, según las estimaciones difundidas por Provivienda.
- Fomentando la inversión privada para construir y rehabilitar. El Estado no puede cubrir solo el déficit; nadie invertirá con costes crecientes e inseguridad.
- Liberando suelo y reduciendo la burocracia, trabas al desarrollo del mercado.
- Protegiendo al propietario frente al ‘okupa’ o al moroso, tal y como se hace en cualquier democracia occidental auténtica.
Así, con incremento de oferta y protección a la propiedad, las leyes del mercado moverán los precios a la baja, indefectiblemente. Y muchos más ciudadanos podrán acceder a una vivienda.
Nada de esto se ha cumplido tras años de mala gestión. Muchos apenas llegan a fin de mes y no pueden acceder a una vivienda.
Como solución, el Gobierno ‘delega’ ahora su responsabilidad de facilitar a un ciudadano el derecho a la vivienda forzando a otro ciudadano, al que no sólo no defiende, sino que le llama ‘especulador-rentista’ y le priva de sus derechos de propiedad adquiridos con su sudor y sus impuestos.
Una alternativa que quiere aplicar el socio-comunismo que nos rodea, "¡Exprópiese!", plagia la práctica de los dictadores Chávez y previamente Castro, que condujeron a sus pueblos a la ruina y el caos actuales. No hace falta llegar a ese extremo para causar daño; basta con tratar al pequeño propietario como un adversario y esperar, a la vez, que amablemente siga ofreciendo su vivienda.
El PSOE prometió en 2023 construir 183.000 viviendas públicas de alquiler y no cumplió. La acampada de Sol es, de facto, una protesta contra el Gobierno, aunque éste se disfrace cínicamente, de paladín de la causa. Los ‘lemas Maricarmen’ de la acampada de Sol: ‘exprópiese’, ‘desahucios fuera’ (no pagues y quédate), ‘contrato indefinido sí o sí’ (olvida el acuerdo entre las partes), ‘los fondos buitre son la causa’ (el 92% de las viviendas en alquiler de mercado pertenecen a particulares, según el Banco de España), falsean el debate y no resuelven la escasez.
Maricarmen persona, desde 2005, tenía un máximo de 5 años de prórroga forzosa, no indefinida, por la LAU de 1994 (Gobierno de Felipe González). Presentar su caso como prueba de la necesidad de un contrato perpetuo, es absurdo.
Los ‘lemas Maricarmen’ son tan demagógicos como lo sería el lema ¡Okupa, quédate!, si Maricarmen denunciara que al volver de vacaciones, se encontró un okupa dentro de su casa (¡hasta la llamarían facha o pija de Retiro!). O el lema: en el súper, al llegar a caja, no pagues, porque la comida también es un derecho...
Esperemos que, votando a un gobierno sensato y preocupado de verdad por su pueblo (¿posibilidad o utopía?), tengamos soluciones. Sensatez y sensibilidad política sería proteger a quien necesita techo, sin castigar a quien lo proporciona.
Construir, fomentar, facilitar, ayudar con dinero público y hacer cumplir los contratos: ése es el trabajo del Gobierno. El camino es largo y penoso, pero no difícil.
Sólo requiere la voluntad política de hacerlo. Y necesitamos que lo haga.
