La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.
Junts votará en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno y pone la legislatura de Sánchez al borde del abismo
La formación de Puigdemont exige la retirada de los textos y la elaboración de un único escrito que cumpla con sus condiciones.
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Mazazo de Junts a Sánchez. La formación de Puigdemont ha decidido este viernes votar en contra de los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros y sitúa la legislatura al borde del precipicio.
En una reunión telemática de urgencia convocada esta noche a las 21,00 horas, los siete diputados del partido soberanista han cumplido su amenaza de tumbar ambos decretos al decidir su 'no' en la votación de este viernes.
Los votos de los soberanistas catalanes eran imprescindibles para que los dos paquetes de medidas, el principal que incluía la prohibición de los desahucios hasta 2028 y el que regulaba la renovación automática de los alquileres, salieran adelante.
En una nota remitida a los medios, la formación secesionista argumenta que muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario al que pretenden. Explica que estas "reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica".
Justifica también su decisión en que con los dos decretos "no se frena a los fondos buitre" ni se resuelve "adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables", además de que "determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias".
Por todo lo anterior, "la Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya ha encargado al Grupo Parlamentario de Junts en el Congreso que reclame la retirada del Real Decreto-ley 26/2026 e inste al Gobierno español a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda", explica.
La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, ya adelantó el miércoles que su formación estaba "decepcionada y preocupada" por los dos decretos aprobados por el Gobierno a raíz del 'caso Maricarmen' y la movilización social que desencadenó, pero evitó adelantar si los convalidarían.
Paralelamente, Coalición Canaria, anunció este jueves que votará a favor del primer decreto, que incluye límites al desahucio de personas vulnerables, pero rechazará el segundo, referido a la renovación automática de los alquileres. Una posición que coincide con la del PNV, que ya avanzó su apoyo "crítico" al primer decreto y su voto en contra al segundo.
Por su parte, Podemos ha confirmado este jueves que sus cuatro diputados votarán a favor de ambos decretos, tras reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.
El primer decreto es fruto de la negociación que el Ministerio de Vivienda ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios y en él hay medidas que todos ellos -excepto el PP y Vox- han defendido en algún momento o que le han hecho llegar.
Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).
El segundo decreto, cuya aprobación se perfilaba más complicada, consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.
Comunicado íntegro de Junts
Respecto de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda que mañana se someterán a votación en el Congreso de los Diputados, la Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya ha constatado:
Que muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario al que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica. Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre sí por un número cada vez más reducido de viviendas.
Que no se frena a los fondos buitre. Con la redacción actual, estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables.
Que no se resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, porque no se garantiza el pago por parte de la Administración.
Que determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias.
Que buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado del alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores con mayor capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlas.
En resumen, una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a él para las familias de clase media y trabajadora.
Por todo ello, la Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya ha encargado al Grupo Parlamentario de Junts en el Congreso que reclame la retirada del Real Decreto-ley 26/2026 e inste al Gobierno español a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda.
Tan pronto como este nuevo texto esté listo, Junts pide que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto-ley. En esas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable.
