El rey de Marruecos Mohamed VI, durante el discurso televisado que ha dirigido a la nación. Efe
El tablero diplomático entre España y Marruecos evidencia fisuras profundas que la actual política exterior del Ejecutivo ya no logra disimular. La crisis ha alcanzado una nueva dimensión tras el insólito comunicado publicado este jueves 10 de septiembre por el Ministerio de Asuntos Exteriores del reino alauita. Tal y como han documentado EL ESPAÑOL y otros medios —advirtiendo sobre la amenaza de "tensiones recurrentes" y denunciando nuestra "ceguera estratégica"—, Rabat ha puesto negro sobre blanco unas precisiones tan interesantes como interesadas sobre los últimos acontecimientos bilaterales.
En este comunicado, el régimen marroquí despliega una triple estrategia que evidencia la claudicación de Moncloa. En primer lugar, apoya descaradamente las tesis conniventes del actual Gobierno felón sanchista, actuando casi a su servicio para sostener el relato oficial de que Marruecos no tuvo intervención —ni activa ni pasiva— en los asaltos fronterizos, blindando así las mentiras del Ejecutivo. En segundo lugar, lanza amenazas veladas a la oposición y al futuro Gobierno advirtiendo contra el "lodazal populista", un claro aviso a navegantes que salpica también a los socios de Sánchez más beligerantes con Rabat. Y, en tercer lugar, exige respuestas sobre el colapso migratorio, planteando exactamente la misma demanda que hoy clama la inmensa mayoría de los españoles y la totalidad de los ceutíes afectados:
"¿Por qué el Gobierno de España no procede a la devolución inmediata de la totalidad de los inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera, si Marruecos ha reiterado su compromiso formal de readmitirlos conforme a los acuerdos vigentes?".
"¿Qué razones justifican la demora y la parálisis administrativa en el retorno de los menores no acompañados, existiendo la plena disposición de las autoridades marroquíes para reintegrarlos con sus familias que los están reclamando?".
Hasta el momento, no se ha ofrecido respuesta frente a este emplazamiento público, pero la gravedad de los hechos obliga a exigirla sin dilación. Resulta injustificable ante Bruselas que un episodio de entrada masiva, orquestada e intencionada en la frontera sur de la Unión Europea se pretenda gestionar con los lentos procedimientos ordinarios de extranjería. Aplicar cauces burocráticos a una crisis de soberanía y a una invasión de facto merma la capacidad de reacción del Estado y compromete la seguridad del espacio común europeo.
Mientras en los despachos ministeriales se prolonga esta inacción culpable con una habilitación ridícula para más de 6000 invasores, Ceuta sufre, con el apoyo masivo de la ciudadanía española, los efectos de una actuación negligente. La ciudad padece un desgaste económico y social sin precedentes que lastra su desarrollo, desincentiva la inversión y tensiona al límite sus servicios públicos. La magnitud del descontrol ha obligado a habilitar plazas temporales de acogida en una infraestructura crítica situada en las inmediaciones del puerto. Esta decisión de emergencia (ya anticipada y exigida por Vivas), motivada por la parálisis del Gobierno central, altera y compromete la operatividad del principal nudo logístico de la ciudad, afectando a un enclave vital para su conectividad y supervivencia.
En este contexto, el manejo de la crisis migratoria resulta incomprensible desde cualquier prisma administrativo, lógico o humanitario. En lugar de ejecutar las devoluciones que el país vecino se compromete a facilitar en su comunicado, el Ejecutivo insiste en una política de traslados hacia la península, forzando su tutela y reparto por distintas comunidades. Se consolida así el despropósito de retener y dispersar a los menores en contra de la voluntad expresa de sus propias familias marroquíes, que los buscan y reclaman desde el otro lado de la frontera. Demorar el retorno a sus hogares, cuando existen mecanismos bilaterales y plena disposición de los padres, carece de toda justificación moral y legal.
Esta sucesión de decisiones lesivas culmina en la resistencia patológica del Gobierno a exigir explicaciones a Marruecos por los graves incidentes de los pasados 30 y 31 de julio. A pesar de que los informes policiales del CENIF, ya judicializados en la Audiencia Nacional, documentan de manera explícita la permisividad y pasividad cómplice de los agentes marroquíes, la Moncloa insiste en blanquear a su contraparte. Ceuta no puede consolidarse como el daño colateral de una diplomacia sumisa. Exigir que el Gobierno responda a las dos preguntas clave de Rabat, liberar de inmediato las infraestructuras críticas, proceder a la devolución de los inmigrantes ilegales y de los menores reclamados, y proteger la frontera sur de Europa son deberes inexcusables que no admiten más demora.
