Última hora política, en directo | El Comisario de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, se reunirá este jueves con varios ministros españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el Partido Popular y Vox por votar en contra de la ley que regulaba los grupos de interés --conocidos como 'lobbies'-- y les ha acusado de no querer revelar "quienes son sus amos".

"Desgraciadamente se vuelven a retratar votando en contra de una ley que (...) mejora la transparencia y la calidad democrática de España", ha afirmado el líder del Ejecutivo en el comienzo de un vídeo publicado este miércoles a través de su perfil en 'X', recogido por Europa Press. "Lo han hecho porque no quieren que sepamos con quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven".

El presidente ha destacado algunos de los aspectos más relevantes de la norma como la creación de "un registro estatal, público y obligatorio" de los 'lobbies'.

La publicación de "reuniones de los altos cargos" con cualquiera de estos grupos, la creación de una "huella normativa" para conocer "quién había tratado de influir" en la elaboración de una norma y el establecimiento de sanciones para quienes no cumpliesen "las reglas".

Según ha explicado Sánchez, se trataba de "avances" que han sido "reclamados" por "organismos internacionales" y "la Unión Europea", y vigentes en "varios países de nuestro entorno". "Hoy el PP y Vox han votado a favor de la opacidad y en contra de la transparencia", ha rematado.

El Ministerio de Exteriores ha ordenado a los consulados certificar los casos de quienes hayan obtenido la nacionalidad española en virtud de la llamada 'ley de nietos' demostrando ser descendientes de exiliados y que, según precisó el Tribunal Supremo, sí mantienen el derecho a voto pese a las medidas cautelares dictadas.

Fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares han trasladado a Europa Press que tanto el Ministerio como la red de oficinas consulares en todo el mundo "cumple escrupulosamente con lo que la normativa señala en materia de nacionalidad y de inscripción en el censo electoral".

Asimismo, han asegurado que se cumple "con las instrucciones que, en el ámbito de sus competencias, dictan respectivamente el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Oficina del Censo Electoral", dependiente de la Junta Electoral Central.

Con ello, Exteriores pone de manifiesto que igual que se ha venido cumpliendo en los consulados con la instrucción formulada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, en diciembre de 2022 tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y que rebajaba los requisitos para poder obtener la nacionalidad, ampliando también la posibilidad a quienes no fueran descendientes de exiliados, también hará ahora lo mismo con lo acordado por la JEC.

La Asociación de Tropa y Marinería Española ha trasladado al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, su apoyo y la "profunda preocupación" existente entre el personal de las Fuerzas Armadas ante la "grave situación" que atraviesan los militares desplegados.

Durante el encuentro mantenido en Ceuta, ATME ha expuesto que, tras las recientes entradas irregulares, resulta urgente que las autoridades políticas impulsen el reconocimiento de los militares como agentes de la autoridad, garantizando así un marco jurídico que evite que las agresiones sufridas queden impunes, y el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo, según ha informado en un comunicado.

Se informó al presidente de que el personal militar está siendo sometido a una "presión física y psicológica extraordinaria" y que "aunque los militares son profesionales duros, entregados y sacrificados, también son personas con familia y con preocupaciones que, después de más de cuarenta y cinco días en esta situación, están alcanzando su propio umbral de resistencia".

El presidente Vivas ha reafirmado su "compromiso total" con los militares y con la asociación, recordando que la ciudad de Ceuta posee una arraigada tradición militar y que una parte muy significativa de sus ciudadanos mantiene vínculos familiares o personales con las Fuerzas Armadas, informa ATME en su comunicado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este miércoles a la Audiencia Nacional de "frenar" las soluciones a la crisis de Ceuta que el Gobierno está poniendo en marcha.

"Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debiera frenar las soluciones", ha señalado López a preguntas de los periodistas en el Congreso tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento del puerto de Ceuta que iba a servir para acoger a un millar de migrantes.

En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia da un plazo de doce horas al Ministerio de Transportes para que aporte el expediente, la resolución y el resto de documentación relativa a ese proyecto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quien dio la orden de habilitar el puerto de Ceuta, se ha limitado a decir a los periodistas que no tenía más información que ellos sobre la decisión de la Audiencia Nacional: "Sé lo mismo que ustedes, exactamente lo mismo", ha dicho al término del pleno del Congreso.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que "esta situación nunca se habría producido si el Gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer", que a su juicio era haber llevado a cabo los "traslados oportunos a la Península" justo después de la entrada masiva de inmigrantes, y ha recalcado: "Es que nunca teníamos que haber llegado hasta aquí".

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado su asombro por la decisión de la Audiencia Nacional y ha agregado que ante "resoluciones tan particulares" y a la vista de las "dificultades" que se están poniendo "desde distintas instancias del Estado" para que se pueda organizar la acogida es necesario acelerar los traslados a la península.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad sin las principales enmiendas incorporadas por el PP en el Senado y acordadas con algunos grupos.

La reforma amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

Durante el debate, la mayoría de los grupos han criticado el veto del Gobierno a enmiendas que fueron negociadas y aprobadas en el Senado, como la de ampliar sin límite de edad la prestación CUME que reciben los padres con hijos con cáncer o enfermedad graves actualmente hasta los 26 años.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la reforma supone una "refundación del modelo de cuidados en España" y ha recordado que gracias al real decreto de financiación convalidado en el Parlamento en julio las comunidades han recibido más de 517 millones de euros adicionales solo en dos meses, que serán un total de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

"Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad", ha aseverado.

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción del PP por la que reprueba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión en la crisis de Ceuta tras la entrada irregular en la ciudad autónoma de más de 70.000 personas los pasados 30 y 11 de julio.

Este punto de la moción de los populares ha salido adelante por 184 votos a favor 149 en contra y 11 abstenciones, tras un debate en que el diputado popular Javier Celaya ha criticado la "nefasta actuación del señor Marlaska", quien "mintió respecto a los avisos recibidos antes de la avalancha" y "la invasión".

"Ahora, el Gobierno pretende escurrir su responsabilidad usando como cabeza de turco al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta", dimitido la pasada semana, ha añadido el diputado en su intervención.

No es la primera vez que el Parlamento acuerda reprobar a Marlaska. También se acordó así por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, en la que el 24 de junio de 2022 murieron al menos 23 inmigrantes, y en otra ocasión por la gestión del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha.

El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta que prevé movilizar 309 millones de euros con el apoyo de todos los grupos de la cámara salvo Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.

La norma, que ha recibido 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, es "clave" para dar pasos para "devolver Ceuta a la normalidad", ha afirmado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la defensa del texto.

El real decreto, que ahora se tramitará como proyecto de ley, incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, sobre todo para menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), entre otras.

Dentro de esta última partida, la norma crea un fondo de 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas -5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 para empresas-, gestionado por la Agencia Tributaria, que desde este lunes ha recibido 633 solicitudes, ha avanzado Cuerpo, que espera que se empiecen a abonar el 6 de octubre.

Además, la norma destina 14 millones a revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como un bono al consumo, y, en materia laboral, ofrece la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100 % para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5 %.

Asimismo, aprueba medidas permanentes que también se aplicarán a Melilla: una subida del 50 % al 75 % de la bonificación por contratación indefinida, un aumento del 50 % al 60 % de las bonificaciones en el impuesto de sociedades para entidades residentes y mayores facilidades para que los autónomos se deduzcan los gastos de difícil justificación en el IRPF.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Vox en la que exige el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores migrantes, con el PP a favor y el resto de grupos en contra de la iniciativa.

La Cámara Baja debatió este martes la iniciativa y, en su defensa, la diputada de Vox Blanca Armario aseguró que España no tiene "ningún deber moral" de acoger a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

"No tenemos ningún deber, ningún deber moral de acogerlos. Marruecos tiene capacidad suficiente y adecuada. Así que es ilegal a todos los efectos repartirlos en beneficio de ONG por todo el territorio español", aseveró.

Armario recordó que Marruecos es un país declarado como "seguro" por la Unión Europea y ha recalcado que el "verdadero" interés superior del menor es devolver a los menores migrantes con sus familias. "Cuanto más los repartan, más los alejan ustedes de sus familias", avisó.

En concreto, en el texto, Vox pide cumplir el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la "emigración ilegal" de menores no acompañados, facilitando así el retorno de todos a sus países de origen, así como la reunificación familiar en sus lugares de origen.

El real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de agosto para regular los grupos de interés ha quedado derogado este jueves al votar el PP, Vox, Junts y UPN en contra de su convalidación en el pleno del Congreso.

La votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones e impedirá al Gobierno cumplir en plazo con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.

Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha testificado en el juicio que encontraron indicios de que la trama de corrupción Lezo relacionada con el PP desvió fondos públicos de Canal de Isabel II en su operación de expansión en Sudamérica en 2001.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II junto con otros nueve procesados.

También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de entre seis y siete años de prisión.

La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

La AN ordena a Óscar Puente que no ejecute la instalación de las carpas para más de 800 migrantes después de que el Sindicato Unificado de Policía presentase una demanda contra la medida al considerar que afecta a la seguridad de "infraestructuras críticas".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha referido a la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta a finales de julio y ha asegurado que el Gobierno no está "preocupado" y que colaborará con la justicia.

En un auto notificado este miércoles, la jueza acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión.

"Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, nosotros colaboraremos con la justicia y se trasladará toda la documentación que sea requerida", ha afirmado el ministro, quien ha añadido: "No estamos preocupados ante esta investigación judicial".

Ángel Víctor Torres ha afirmado que el Gobierno lleva a cabo "un trabajo complejo e inédito" por esta crisis.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, se reunirá mañana miércoles con varios ministros del Ejecutivo de España.

Así lo ha comunicado el ministro de Política Territorial y responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, sin dar más detalles sobre quién estará presente en dicha reunión o qué temas se tratarán.

Sí ha comentado que no sabe si le será posible asistir de forma presencial, pero que estará presente en el encuentro desde Ceuta.

El responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha declarado que la cifra de personas que se encuentran en acogida en los espacios establecidos por el Gobierno en la ciudad autónoma es de 4.160.

De estos, Torres ha asegurado que 1.917 se encuentran en disposición de ser expulsados. Aunque habrá que ver si pueden acogerse al derecho al asilo.

Ha reiterado que la prioridad en la gestión del Gobierno es que los migrantes salgan de las calles para poder registrarlos y devolverlos a Marruecos.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta ha aseverado que son 5.603 los migrantes que permanecían en la ciudad autónoma y han decidido retornar a Marruecos.

Ha asegurado que la cifra se incrementa rápidamente y la ha relacionado con la imposibilidad de permanecer en España.

En la misma línea, ha declarado que 180 personas han renunciado a pedir el asilo, en sus palabras, "porque saben que no tienen expectativa a la protección internacional".

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha indicado que son 2.140 los menores migrantes filiados y que espera "tener el próximo miércoles los expedientes al objeto de ver cuáles pueden ser reagrupados en Marruecos".

Ha compartido con los medios que hay unos 300 menores en centros de acogida de adultos, lo cual no se puede dar, ha aseverado, por ello se ha procedido a su localización y traslado.

Ha asegurado que se han empezado las entrevistas con el representante del menor para analizar la situación de cada menor de edad. Ha reseñado que la ciudad cuenta con 88 millones de euros para la acogida de niños y jóvenes no acompañados.

Asimismo, se ha hablado con optimismo de la situación de los escolares tras la vuelta al colegio la pasada semana. Torres ha asegurado que la asistencia en las aulas ha ascendido del 75% al 90%.

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha calificado como "decepcionante" la actitud de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la celebración en Sevilla de un nuevo Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos machistas de julio y agosto y ha destacado que "no ha aportado ninguna solución, ha venido a estigmatizar al pueblo andaluz".

Según ha concretado el Gobierno andaluz, la responsable andaluza de Igualdad ha compartido que "Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de víctimas históricamente, desgraciadamente ha ocurrido en 2018, en 2015 y en 2011, porque somos la comunidad con más población".

No obstante, López ha criticado que "tratar los datos sin ningún rigor estadístico, con esa frialdad, con esa falta de sensibilidad, como si esto fuese un ranking de una liga de fútbol, me parece triste y preocupante". López ha advertido que "solo el hecho de que haya una víctima, solo una, ya merece la unidad y el trabajo de toda la sociedad y las administraciones".

Asimismo, la titular de Igualdad ha insistido en que la ministra "no ha aportado ninguna solución, porque estamos hablando de la seguridad de las mujeres".

A este respecto, ha incidido en que "no ha dicho absolutamente nada ni ninguna propuesta ante los fallos permanentes de las pulseras antimaltrato que hemos tenido conocimiento que continúan produciéndose" tras la denuncia de la Audiencia de Málaga.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el extitular de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo no podrán acceder durante los próximos 9 y 18 años, respectivamente, a puestos electivos o de designación discrecional en la Administración pública, según ha aclarado la Audiencia Provincial pacense.

En un auto, al que EFE ha tenido acceso, la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz da respuesta a las solicitudes de aclaración y de complemento que fueron elevadas por las distintas partes de la causa, cuyo fallo fue emitido el pasado mes de julio.

David Sánchez fue condenado por un delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación por su contratación en Diputación de Badajoz en 2017 en la Diputación de Badajoz. En el caso de Gallardo, la condena fue de 18 meses por dos delitos, los relacionados con la incorporación del hermano del presidente y de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez.

Las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público que les fueron impuestas comportan la privación definitiva de los empleos o cargos que ostentaban a las fechas de comisión de los hechos objeto de las respectivas condenas -ninguno de los dos sigue en los mismos- y "la incapacidad para obtener otros puestos electivos y/o discrecionales en cualquier administración pública" durante los tiempos de las condenas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que, hace un año, los gobiernos de Francia y España propusieron establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales.

Así lo ha manifestado este miércoles Sánchez en una publicación en la red social X, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya anunciado una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15.

"Muchos nos miraron con incredulidad. Otros se opusieron. Pero hubo Gobiernos que nos apoyaron y se fueron sumando a nuestra causa. Hoy, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una regulación comunitaria con límites de acceso y seguridad por diseño", ha señalado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha destacado que, con esta medida, el mensaje que le mandan a los "tecno-oligarcas es claro: la infancia no se destruye con algoritmos ni intereses económicos". "La infancia se protege con nuestras democracias", ha sentenciado.

Von der Leyen ha explicado que el objetivo es que el nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad y garantizar en todo caso que no haya "ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años" y que se abra la puerta a un acceso restringido a partir de esa edad y hasta los 15, cuando ya podrán acceder sin las limitaciones de esta norma.

Ese acceso limitado será a partir de "mini cuentas, instaladas y vigiladas por los padres", con restricciones en los ajustes de las plataformas que garanticen un uso limitado, por ejemplo.

El Foro de la Profesión Médica, el órgano que engloba al conjunto de este colectivo, ha exigido a los grupos parlamentarios que constituyan un intergrupo que estudie la creación de un estatuto propio para estos profesionales, como ya les propuso la ministra de Sanidad, Mónica García, la semana pasada.

El Foro cree que con la llegada del proyecto de estatuto marco al Congreso "abre un nuevo escenario en el que resulta necesario mantener el diálogo, acercar posiciones, buscar soluciones compartidas y abordar las cuestiones que permanecen abiertas" con el objetivo de avanzar hacia un marco que "pueda contar con el mayor respaldo posible de la profesión médica".

De ahí que emplace a las fuerzas políticas del Congreso y el Senado a crear un intergrupo parlamentario sobre el marco normativo y las condiciones de trabajo de la profesión médica en el Sistema Nacional de Salud, en el que participen los grupos parlamentarios, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales, sindicales y científicas.

La posibilidad de abrir un intergrupo de estas características ya la planteó hace una semana Mónica García tras abrir la puerta a un estatuto médico "sobre la base común" del estatuto marco; para ello, propuso abrir "un intergrupo de trabajo para el estudio del marco normativo y condiciones de trabajo de los médicos" cuya labor se desarrolle de forma paralela a la ponencia de la ley común.

El Foro considera que una cuestión que afecta directamente a la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud "merece un debate institucional amplio, transparente y plural", que complemente y favorezca el "necesario diálogo y negociación con los representantes de los profesionales" con el objetivo de "construir consensos y encontrar soluciones".