Los vecinos de las playas del norte de Dénia, el municipio más septentrional de la provincia, saldrán a la calle el próximo sábado para intentar evitar la ejecución de tres deslindes de la Dirección General del Costas del Ministerio de Transición Ecológica que afecta a 3.617 propietarios. Y especialmente a 135 viviendas en estos 10,3 kilómetros de playa que según las comunicaciones oficiales verán como sus casas serán expropiadas sin pagar a sus propietarios, a cambio de una concesión de 75 años.

Como ya informó este diario el pasado mes de enero, el anuncio del primer "deslinde" en la Playa de Deveses-Basot llegó en diciembre de 2022. Y, conforme empezaron lis trabajos de regeneración de esa playa, el pasado 2 de octubre se anunciaron el segundo y tercer deslinde en el resto de las playas del norte de Dénia. Para lo que se ha convocado a esos más de 3.600 vecinos a un "acto de apeo" el próximo martes 7 de noviembre en el puerto de la ciudad.

La Subdelegación del Gobierno ha salido al paso de estas informaciones asegurando que "el deslinde  afecta a 67 viviendas unifamiliares y 48 apartamentos (incluidos en los 9 edificios que se computan como una única unidad aunque tienen diferente afectación). Es decir 115 viviendas". Algo que niegan los vecinos como "datos maquillados", sin contar los otros dos deslindes.

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Además, aseguran que "como justiprecio del deslinde, los propietarios de parcelas y viviendas, que queden incluidos en el Dominio Público Marítimo y Terrestre (DPMT), tendrán derecho a una concesión de 75 años incluidas las prórrogas. Esta concesión se puede trasmitir mediante compraventa, herencia y puede ser objeto de rescate cobrando económicamente".

Para los vecinos, sin embargo, no se trata de una "expropiación", sino de una "confiscación", ya que no se les paga por sus propiedades, sino que "se nos confisca a cambio de una concesión". 

Las casas más afectadas, en Les Deveses, lejos de ser producto de la especulación urbanística de los últimos años forman parte del paisaje de la zona desde hace más 100 años ya que se construyeron en la década de 1910. Y en los últimos tiempos han visto cómo los temporales amenazan con su destrucción.

Esos actos de apeo consisten en la fijación precisa de los límites de una finca a través de un levantamiento de acta. En este caso, para ver si se encuentran en la zona de (DPMT) que cambió mediante un decreto ministerial la Ley de Costas y que actualmente está recurrido en el Supremo en "fase probatoria", entre otros, por estos vecinos. Así que toda decisión administrativa es previa a la judicial, que puede quitar la razón a Costas.

Ambas asociaciones han convocado también una concentración a las puertas del edificio del puerto donde se celebrará ese acto, una hora antes, a las 8 de la mañana, en protesta por el modo en que se va a realizar, ya que debería hacerse de forma individualizada in situ, en cada vivienda. Y acudirán a la cita con notarios para que certifiquen cualquier ilegalidad por parte de Costas.

Según explica Rosa Marín, secretaria de las asociaciones de vecinos de Playas Deveses-Basot y de Defensa de las Playas Norte de Dénia, "con la anterior ley tenían que llegar cinco olas de cinco temporales distintos para que se considerase DPMT, pero con el decreto, ahora con que llegue una ola ya se considera como tal. Y para eso han tomado de referencia los temporales de 2017 y 2019, el Gloria".

El agua llegando a las escaleras de las casas en Les Deveses en el último temporal.

Así las cosas, con los tres deslindes, sólo en Dénia, 103 casas están afectadas por DPMT, 135 están afectadas por "servidumbre de tránsito" y 3.379 están afectadas por "servidumbre de protección". Y desde ambas asociaciones se insiste en que 103 propietarios "perderán automáticamente su propiedad y pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del DPMT por treinta años".

Por su parte, 135 propietarios deberán demoler lo que exista en la zona delimitada que deberá dejarse permanente expedita para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento. Se trata de 100%Y otros 3.379 propietarios verán limitada su propiedad para cualquier obra que quieran hacer.

El alcalde, con el paso cambiado

Todos estos anuncios, así como los procesos paralizados de regeneración de las playas, han cogido al alcalde socialista del municipio, Vicent Grimalt (que gobierna junto a Compromís), con el paso cambiado. Y es que hasta el pasado pleno del 26 de octubre, Grimalt apoyaba todas las decisiones del Ministerio y desde hace una semana está en contra.

En ese pleno se presentó una moción para que se paralizasen los expedientes hasta que se supiese la legalidad de la modificación de la Ley de Costas y hasta que se terminasen los trabajos de regeneración de la playa. El PP fue más allá pidiendo al alcalde que invalidase el deslinde y se retrotrayese la situación a antes del deslinde.  

Por su parte, también ha cambiado la posición de la Generalitat Valenciana desde que el PP desalojó al gobierno del Botánico (PSOE-Compromís-Podemos), siempre del lado del Ministerio. Y es que los populares ya se pusieron del lado de los vecinos durante el pasado mandato.