La nueva estrategia del ICE que busca aumentar de manera masiva las detenciones de inmigrantes en EE. UU.
Esta medida también emplearía fondos para hacer frente a la gran cantidad de detenciones.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha una nueva política que podría ampliar drásticamente la cantidad de personas inmigrantes detenidas en Estados Unidos. A través de una reinterpretación interna de las leyes migratorias, la agencia busca impedir que miles de personas puedan acceder a audiencias de fianza, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos legales.
Detenciones sin audiencia: la instrucción interna de ICE
Según un memorándum interno del 8 de julio de 2025, obtenido por la agencia Reuters, el director interino de ICE, Todd Lyons, ordenó a los fiscales de inmigración argumentar que ciertos migrantes no tienen derecho a una audiencia de fianza ante un juez.
Esta directiva redefine el alcance de una disposición legal específica y permite mantener detenidas a personas inmigrantes incluso cuando no representan un riesgo de fuga o peligro para la sociedad.
El objetivo, según lo reportado por The Washington Post y confirmado por AP News, es elevar de forma significativa el número de detenciones utilizando nuevos fondos del Congreso que autorizan hasta 100,000 camas de detención migratoria, frente a las 56,000 actualmente ocupadas.
Esta estrategia se enmarca en el plan del gobierno federal de aumentar la presión migratoria desde el interior del país, en paralelo a operativos de deportación en curso.
La medida afectaría no solo a personas recién llegadas, sino también a inmigrantes de larga data sin antecedentes penales, quienes ahora podrían permanecer detenidos sin derecho a audiencia ni revisión judicial, lo que representa una desviación preocupante de los estándares legales tradicionales.
Derechos en riesgo y respuestas de la comunidad legal
Expertos legales y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que esta reinterpretación podría violar el debido proceso y vulnerar las protecciones básicas establecidas en la ley migratoria de EE. UU. La falta de acceso a una audiencia judicial limita severamente la posibilidad de defensa, apelación o solicitud de liberación bajo fianza para miles de personas.
Ante este panorama, varias organizaciones han comenzado a preparar recursos legales para impugnar la medida. Además, redes de apoyo comunitario han intensificado sus acciones informativas, promoviendo talleres sobre derechos, asesoría legal y acompañamiento en casos de detención.
Aunque la medida aún se encuentra en fase de implementación progresiva, ya ha sido criticada por su potencial impacto masivo y por alejarse de principios básicos del sistema judicial estadounidense.
