Caso Saltamontes

Caso Saltamontes Javier Vázquez - Europa Press

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Vigo

Caso Saltamontes, en Vigo: El BNG reclama conocer el correo que advertía de la falta de autorización

Los nacionalistas recuerdan que, 573 días después del accidente, el gobierno local todavía no ha respondido a la pregunta de por qué se permitió que la atracción funcionase sin autorización

Más información: Caso Saltamontes, en Vigo: La acusación exige saber por qué la atracción funcionaba sin permiso

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El Bloque Nacionalista Galego de Vigo reclama al Concello de Vigo que haga público, de manera inmediata, el correo electrónico remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Policía Local en el que se comunicaba que el Saltamontes, la atracción accidentada en las fiestas de Matamá el 3 de agosto de 2024, carecía de autorización municipal. "La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad para determinar de quién es la responsabilidad de no haber precintado la atracción", reclaman.

Cuando se cumplen 573 días del accidente que provocó la muerte de Iván Castaño, de 36 años, el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, subraya que el Gobierno de Abel Caballero todavía no ha respondido a la pregunta de por qué se permitió que la atracción funcionase sin autorización.

Para el portavoz municipal nacionalista, la declaración del jefe de la Policía Local durante el procedimiento judicial el pasado jueves introduce un elemento "muy relevante" para determinar el alcance de las responsabilidades municipales. En concreto, el mando de la Policía Local afirmó que no recibieron orden de proceder al precintado de la atracción, una medida que, insistió Igrexas, "podría haber evitado la muerte". En este sentido, declaró en sede judicial que en el correo remitido desde la Concejalía de Seguridad no constaba ninguna instrucción expresa de inmovilización, pese a comunicarse que la instalación carecía de permiso por falta de documentación.

Para el BNG, no se trata de una cuestión menor, ya que la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, y su jefe de servicio intentaron derivar responsabilidades hacia la Policía Local invocando esa misma comunicación electrónica.