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Sociedad

Ya es oficial: las comunidades de vecinos deberán asumir inspecciones de ascensores de hasta 40.000 euros

La actualización del reglamento de ascensores introduce nuevas exigencias de seguridad y plazos de adaptación progresivos.

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Las claves

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Las comunidades de vecinos en España deberán invertir hasta 40.000 euros para adaptar sus ascensores a la nueva normativa de seguridad.

La reforma es obligatoria tras la entrada en vigor del Real Decreto 355/2024 y afecta a más de 1,1 millones de ascensores en funcionamiento en el país.

Las medidas incluyen barreras fotoeléctricas, sistemas de comunicación con emergencias, mejoras en la nivelación de cabina y sustitución de componentes de madera por acero.

El coste y los plazos de adaptación variarán según la antigüedad del ascensor, y muchas comunidades podrían verse obligadas a aprobar derramas extraordinarias para financiar las obras.

La entrada en vigor de la nueva normativa sobre ascensores obligará a todas las comunidades de vecinos en España a afrontar inversiones que pueden alcanzar hasta los 40.000 euros para adaptar sus instalaciones a los nuevos criterios de seguridad.

El cambio, impulsado por el Gobierno a través del Real Decreto 355/2024 y la nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1, supone una de las mayores actualizaciones del sector en los últimos años y tendrá un impacto directo en el bolsillo de los vecinos.

España cuenta actualmente con más de 1,1 millones de ascensores en funcionamiento, según datos de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEA).

El problema es que cerca del 40% de estos equipos supera los 20 años de antigüedad, una situación que preocupa tanto a las empresas del sector como a las administraciones por los riesgos de seguridad y las dificultades de mantenimiento que presentan muchos aparatos antiguos.

La nueva regulación busca precisamente modernizar este tipo de ascensores y entre las medidas obligatorias destacan la instalación de barreras fotoeléctricas para evitar atrapamientos con las puertas, sistemas de comunicación directa con emergencias, mejoras en la nivelación de la cabina para prevenir caídas y mecanismos que impidan el funcionamiento del ascensor cuando se exceda el peso máximo permitido.

Además, la normativa también obliga a incorporar sistemas capaces de detectar movimientos incontrolados de la cabina y, en algunos edificios más antiguos, sustituir elementos estructurales fabricados en madera por componentes de acero.

El objetivo es reducir accidentes y adaptar los ascensores a estándares de seguridad más exigentes.

No obstante, la aplicación de estas reformas no será inmediata ni igual para todos los edificios. Las modificaciones se exigirán principalmente durante las inspecciones periódicas, cuando se detecten deficiencias graves o cuando exista un cambio en la empresa encargada del mantenimiento del ascensor.

Sin embargo, los plazos variarán según la antigüedad del equipo, ya que los ascensores instalados antes de abril de 1967 dispondrán de entre tres y ocho años para adaptarse, mientras que los posteriores tendrán hasta una década para cumplir con las nuevas exigencias.

Las actuaciones más simples pueden rondar los 1.000 euros, pero una reforma integral en ascensores muy antiguos podría alcanzar los 40.000 euros. Un gasto que, en muchos casos, obligará a aprobar derramas extraordinarias entre los propietarios.

El sector considera que la modernización será necesaria para mejorar la seguridad y la accesibilidad de los edificios, aunque advierte de que muchas comunidades tendrán dificultades para asumir el coste en un contexto marcado por el aumento de los gastos de mantenimiento y rehabilitación de viviendas.