Ceuta vive hoy un estado de excepción de facto. Una semana después de que más de 72.000 personas cruzaran de forma irregular la frontera, la ciudad autónoma sigue saturada, con sus recursos de acogida desbordados y una parte de su población instalada en la incertidumbre.
El Gobierno ha conseguido, dice, el retorno de unas 70.000 personas. Esa cifra demuestra que el Estado tiene capacidad operativa.
La pregunta que debe hacerse ahora es por qué esa misma contundencia no se aplica a quienes permanecen en Ceuta y que pueden ser expulsados de forma legal e inmediata.
Según el Ministerio del Interior, quedan en Ceuta, según las últimas cifras oficiales, 1.342 menores no acompañados identificados y un número indeterminado de adultos.
La ministra Sira Rego ha reconocido este viernes que la situación sigue siendo "compleja" y que las primeras derivaciones de menores a la península podrían empezar "en pocas semanas". Ese plazo, en una ciudad que ya superaba en más de un 2.000% su capacidad ordinaria de acogida de menores, supone enquistar la excepcionalidad.
No se trata de ignorar la protección legal de los menores. La legislación española e internacional impone trámites específicos: identificación, determinación de edad cuando hay dudas, tutela y valoración del interés superior del menor. Esos límites existen y deben respetarse.
Pero la protección reforzada de los menores no puede convertirse en coartada para paralizar la actuación sobre los adultos que siguen en Ceuta. Sobre todo cuando empiezan a aflorar ya docenas de testimonios de ciudadanos españoles que dicen querer vender sus comercios y sus viviendas para irse de Ceuta para siempre. Si Sánchez no expulsa a los invasores de Ceuta, los invasores expulsarán a los ceutíes.
Así que donde exista margen legal (procedimiento ordinario de devolución, ausencia de solicitud de asilo, identificación completada), ese margen debe ejercerse con urgencia. Mezclar ambas categorías para justificar la lentitud general es una forma de diluir la responsabilidad.
Y si ese margen legal no existe, el Gobierno debe crearlo con urgencia. Venerar el procedimiento por encima de los resultados es la principal enfermedad de la burocracia y el funcionariado, pero en situaciones como esta roza el autosabotaje.
El propio Gobierno demostró en las primeras cuarenta y ocho horas que es posible actuar con rapidez. Los retornos masivos de adultos se produjeron a un ritmo que llegó a las ciento cincuenta personas por minuto en los momentos de mayor intensidad. Esa capacidad no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es la voluntad política de utilizarla con la misma determinación una vez superada la fase aguda de la crisis.
Mientras tanto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sigue advirtiendo de que la ciudad se siente "triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada" y de que su frontera "está en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía" española. Sus palabras ante el Parlamento Europeo y tras reunirse con el Rey contrastan con el lenguaje cada vez más diluido de la Moncloa, que ha pasado de hablar de "violación de la integridad territorial" a referirse a "cosas que ocurren".
El enquistamiento no es neutro. Cada día que se mantiene a personas que entraron de forma irregular en un limbo administrativo refuerza la percepción de que el asalto del 30 de julio ha logrado alterar de forma duradera el orden de una ciudad española en beneficio de una potencia hostil que aspira a su ocupación y control.
Esa percepción alimenta el efecto llamada y aumenta el riesgo de nuevas oleadas, como la que se teme para el 15 de agosto o incluso antes de esa fecha.
Además, sirve objetivamente a quienes tienen interés en mostrar que España no es capaz de gestionar con autoridad y diligencia sus territorios en el norte de África. La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL reveló que el 89 % de los españoles (incluido el 85 % de los votantes del PSOE) cree que Marruecos "permitió o estimuló" la entrada masiva.
Ignorar esa lectura de los hechos mientras se dedican todos los esfuerzos del Ejecutivo a no incomodar a Rabat es una opción política, no una fatalidad jurídica.
Existe margen de actuación. El Gobierno puede acelerar los expedientes de expulsión de los adultos que no están protegidos por el régimen de menores. Puede exigir a Marruecos una cooperación real y verificable en la readmisión. Puede utilizar todos los instrumentos de la Ley de Extranjería sin dilaciones innecesarias.
Y puede, si considera que el marco actual genera un efecto llamada insostenible, promover las reformas legales que recuperen capacidad de control en frontera.
Lo que no puede hacer es parapetarse indefinidamente tras la complejidad de los menores para no actuar sobre el resto, ni seguir gestionando la crisis desde la distancia mientras Ceuta permanece en tensión.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad y la normalidad de los ciudadanos españoles de Ceuta. Cuando los recursos se desvían de forma estructural y la ciudad sigue sin recuperar el pulso ordinario, se invierte el orden de prioridades.
Defender el retorno inmediato de todos aquellos que puedan ser expulsados conforme a la ley no es una postura extrema: es la forma de impedir que la excepcionalidad se convierta en el nuevo estatuto de hecho de Ceuta. Si el Estado pudo devolver a 70.000 personas en pocos días, no hay razón aceptable para que no utilice ahora todos los instrumentos legales disponibles para expulsar a quienes aún pueden serlo.
La pasividad no es prudencia. Es una forma de consolidar el caos.