Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular la frontera de Ceuta.
El Ministerio del Interior cifró las entradas en torno a 49.000. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, elevó la estimación a 60.000.
Cuatro días después, el propio Vivas ha reconocido que todavía permanecen en Ceuta entre 3.000 y 5.000 de quienes entraron. Los centros de acogida están colapsados. Y lo que es todavía más grave: la Guardia Civil ha detectado agentes de los servicios de inteligencia marroquíes infiltrados entre los grupos que cruzaron.
La Policía y la Guardia Civil, además, peinan la ciudad en busca de delincuentes y al menos diez yihadistas que aprovecharon el asalto para infiltrarse en Ceuta.
Y, sin embargo, el Gobierno habla de "normalidad".
Lo más revelador de esta crisis no es sólo la magnitud del episodio ni la lentitud de la respuesta. Es la mezcla de indolencia, incompetencia y oscurantismo con la que se ha gestionado desde el primer momento.
Pedro Sánchez visitó Ceuta el 31 de julio durante poco más de una hora y media. Al día siguiente, se instaló en La Mareta, en Lanzarote, para iniciar sus vacaciones.
Sánchez no ha comparecido ante el Congreso ni ante la Diputación Permanente. No ha nombrado un mando único, pese a que lo reclamaron las autoridades de Ceuta. No ha convocado ninguna reunión política de alto nivel en España.
La única cita de ese rango tendrá lugar mañana, por videoconferencia, entre los ministros de Interior de la Unión Europea.
Si el presidente del Gobierno cree, como afirmó el viernes, que se había producido una "violación de la integridad territorial" de España, resulta inaceptable que no rinda cuentas ante los representantes de la soberanía nacional y que se marche de vacaciones como si la crisis hubiera quedado atrás.
Resulta igualmente inaudito que ni sus socios de coalición ni el propio PSOE le obliguen a comparecer. La gravedad de lo ocurrido exigía una presencia política clara y una asunción de responsabilidades, con crisis de Gobierno incluida. Pero los españoles no han visto nada de eso.
Tampoco hay coordinación dentro del Ejecutivo, porque los ministros se han echado la culpa los unos a los otros sin descanso, buscando salvarse de la quema a costa de sus propios compañeros de Gobierno.
Fernando Grande-Marlaska sostiene que Interior no recibió "ningún aviso" ni "ningún informe" del Centro Nacional de Inteligencia sobre una entrada de esa magnitud.
Margarita Robles ha defendido en respuesta el "trabajo excepcional" del CNI y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, y, por primera vez, ha exigido a Marruecos que investigue "hasta el final" y que no mire hacia otro lado, rompiendo el discurso de la Moncloa.
José Manuel Albares, por su parte, ha elogiado la "colaboración" de Rabat "desde el primer momento" y ha cargado contra Italia y la "internacional reaccionaria".
Cada uno, en resumen, va por libre. El resultado es un Gobierno que proyecta división en el peor momento y cuando la situación en Ceuta está muy lejos de haberse normalizado.
En medio de esta descoordinación y de esta ausencia de rendición de cuentas, sólo ha habido un cese fulminante.
El 31 de julio, la funcionaria responsable de las alertas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) publicó en la web oficial del organismo, citando datos de Interior, que más de 49.000 personas habían entrado irregularmente en Ceuta en las últimas 24 horas. Era la primera cifra oficial de la dimensión real de la crisis.
La alerta fue borrada poco después.
Esa misma tarde, estando ella de vacaciones, la directora del DSN le comunicó su cese por indicaciones de "más arriba". Su único delito fue hacer su trabajo y poner en conocimiento de los españoles un dato que el propio Gobierno acabaría utilizando. Al Gobierno le ha preocupado más perder el control del relato, y que una funcionaria dijera la verdad, que la invasión de una ciudad española.
Mientras se castiga a quien informó con rigor, nadie responde por la imprevisión, por el rechazo del mando único, por la negativa a declarar la emergencia nacional que pedía Ceuta, por la partida del presidente a Lanzarote ni por la falta de una respuesta política a la altura de lo ocurrido.
Se habla de normalidad cuando miles de invasores siguen en la ciudad, cuando se detectan agentes de inteligencia extranjeros entre quienes cruzaron y cuando los cuerpos de seguridad rastrean posibles yihadistas.
La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto una gestión marcada por la improvisación y por la prioridad del relato sobre los hechos. Un Estado que no es capaz de impedir la entrada de decenas de miles de personas en pocas horas, que no asume responsabilidades políticas y que castiga a quien dice la verdad mientras protege a quienes no previeron lo evidente está flagrantemente incapacitado para continuar al frente del país.