El foco informativo está hoy en dos playas españolas.
Una es la de La Mareta, en Lanzarote. Una playa protegida por un perímetro de seguridad más amplio que el que se instaló a duras penas en el Tarajal, con acceso privado, piscina y el silencio privilegiado de quien puede permitirse cuatro semanas de vacaciones mientras el país arde.
La otra es la de Ceuta. La del espigón asaltado, los más de cien cadáveres recuperados del agua, los vecinos atrincherados en sus casas y la sensación extendida de que el Gobierno ha mirado hacia otro lado y ha decidido abandonar a Ceuta a su suerte.
Entre ambas playas no hay sólo kilómetros de mar. Hay una actitud.
El 31 de julio Pedro Sánchez pasó en Ceuta poco más de una hora y media. Llegó, se reunió, pronunció la frase "violación de la integridad territorial de España" y se fue. Si hubiera podido pasar sólo media hora en Ceuta en vez de una hora y media, lo habría hecho.
Al día siguiente ya estaba en Lanzarote, en la playa, publicando su lista de canciones de verano.
Mientras tanto, Juan Jesús Vivas no paró en ningún momento de trabajar por sus ciudadanos. Alertó de la invasión antes de que ocurriera. Gestionó el colapso. Llevó la crisis al Parlamento Europeo y le dijo a los eurodiputados lo que la Moncloa prefirió no oír: que la frontera de Ceuta está en manos de un país que no reconoce su soberanía, y que "es inevitable preguntarse cuándo volverá a ocurrir" y si el próximo asalto será "el definitivo para la caída al abismo".
Después, ayer viernes, Vivas se reunió con el rey y reveló que este visitará Ceuta antes de final de año.
Sánchez, en cambio, ni siquiera respondió a sus llamadas en el momento crítico. El mensaje del presidente no necesita traducción: Ceuta le importa muy poco.
La encuesta de SocioMétrica que publica hoy EL ESPAÑOL deja en evidencia que el relato oficial no convence a nadie, ni siquiera a los propios.
Un abrumador 89% de los españoles cree que Marruecos "permitió o estimuló" la entrada de más de 72.000 personas. Lo piensan el 85% de los votantes del PSOE y el 87,5% de los de Sumar y Podemos.
El Gobierno ha insistido en que Rabat fue completamente ajeno y que todo se debe a las mafias de tráfico de personas y a una "interpretación interesada" de la sentencia del Supremo. Pero ni sus socios (Podemos y ERC hablan de "chantaje") ni sus votantes se lo creen.
Según los españoles, el principal factor fue la actitud de Marruecos, seguido del efecto llamada de la regularización masiva de 1,3 millones de inmigrantes y, en tercer lugar, el viaje de Sánchez a Argelia para encontrarse con Tebboune, el enemigo declarado de Rabat.
Sólo un tercio de los españoles otorga "mucha importancia" a las mafias y sus mensajes en redes. El resto, mayoritariamente, les otorga poca o ninguna.
El contraste es demoledor. Mientras Vivas dice en Bruselas y ante el Rey que Ceuta es "extraordinariamente vulnerable" y que su seguridad depende de un vecino hostil, Sánchez y sus ministros agradecen "encarecidamente" la colaboración de Rabat y diluyen el lenguaje.
De "violación de la integridad territorial" se ha pasado, en apenas días, a "hechos inéditos" y a la frase de Marlaska: "Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad".
Eso no es prudencia diplomática. Eso es luz de gas. Es pretender que los españoles olviden lo que vieron y lo que aún viven: centros de menores al 2.400% de su capacidad, cadáveres sin identificar, comercios cerrados por miedo y la certeza de que el próximo 15 de agosto puede repetirse el espectáculo.
La indolencia no es solo física. Es política. No se declaró la emergencia nacional que pedía Ceuta. No se nombró un mando único. Se cesó a la funcionaria que se atrevió a dar la cifra real de entradas mientras se protegía a quienes abandonaron Ceuta.
Se priorizó el control del relato sobre el control de la frontera.
Y se eligió La Mareta como escenario mientras la otra playa española seguía siendo el escenario de un acto de guerra híbrida.
Europa lo percibió al instante: Meloni suspendió temporalmente Schengen, veintidós líderes enviaron una carta de preocupación y la imagen de España como socio fiable se resquebrajó.
Un presidente puede tomarse vacaciones. Lo que no puede es convertirlas en un escondite cuando una ciudad española ha sido asaltada y sus habitantes se sienten abandonados.
El Gobierno puede seguir dándole las gracias a Rabat e incluso trabajando para que la final del Mundial se celebre en Marruecos y no en Madrid.
Pero los españoles, y sobre todo los ceutíes, saben ya que su Gobierno les ha abandonado en manos de Rabat. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta.