Cuanto más se sabe de la invasión de Ceuta del pasado 30 y 31 de julio, más grave se demuestra lo ocurrido. Al mismo tiempo, y de forma, como mínimo, inquietante, más leves y exculpatorias se vuelven las palabras del Gobierno respecto a sí mismo.
La discrepancia entre la realidad de lo ocurrido y el lenguaje oficial no es un matiz retórico: es el síntoma de una estrategia deliberada de blanqueamiento. El Gobierno le está haciendo luz de gas a los españoles.
El viernes 31 de julio, Pedro Sánchez habló en Ceuta de una "violación de la integridad territorial de España". El tono del presidente era el que correspondía a un ataque a la soberanía nacional.
Sólo cinco días después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reducido lo sucedido a una categoría casi metafísica: "Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad".
Entre ambas declaraciones hay un mundo. El que va del shock del Gobierno frente a la invasión al intento de salvar la cara fingiendo que lo ocurrido no fue más grave, ni más previsible, que la erupción de un volcán. Algo que, simplemente, sucede y de lo que no se puede culpar a nadie.
Las cifras, a 6 de agosto, son las siguientes. Según el Ministerio del Interior, entraron de forma irregular aproximadamente 72.000 personas. Estimaciones de las autoridades ceutíes han manejado cifras cercanas a los 75.000 o incluso superiores.
De ellas, unas 70.000 habrían retornado ya a Marruecos. Permanecen en la ciudad varios miles.
El sistema de protección de menores, con capacidad ordinaria para veintinueve plazas, acoge en torno a mil cien menores extranjeros no acompañados. La saturación es total.
En cuanto a las víctimas mortales, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha recibido setenta y nueve cuerpos. De ellos, setenta y siete corresponden a la avalancha del 30 de julio. Sólo dos han sido identificados. Marruecos reconoce oficialmente once muertos en su lado.
La organización Caminando Fronteras eleva el total a ciento cuarenta y un fallecidos (setenta y ocho en aguas españolas y sesenta y tres en aguas marroquíes). Las causas predominantes son el ahogamiento y el aplastamiento.
Se ha tenido que improvisar una morgue en el antiguo Hospital Militar y un hangar refrigerado a cinco grados bajo cero porque las instalaciones ordinarias resultaban insuficientes. El rastreo continúa. No se descarta que el número definitivo sea aún mayor.
Estos datos no son especulaciones. Son el resultado de la acumulación de información oficial, forense y de organizaciones con presencia en la frontera.
Y precisamente cuando el cuadro se vuelve más sombrío (más muertos, más menores desbordando el sistema, más evidencia de que la frontera fue franqueada por decenas de miles de personas en cuestión de horas), más se desplaza el discurso del Ejecutivo hacia la relativización.
Primero se atribuyó todo a las mafias y a una "lectura interesada" de la sentencia del Tribunal Supremo que limitó el rechazo en frontera a quienes llegan a nado.
Después se insistió en que no existieron informes de inteligencia que alertaran de la magnitud del fenómeno.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que "de ninguna manera se preveía algo tan inédito".
Finalmente, Marlaska formuló la tesis más extrema: hay acontecimientos que ocurren sin que necesariamente exista un responsable.
El contraste es chocante. Cuando los hechos eran todavía imprecisos, el presidente hablaba de "violación territorial". Cuando los hechos se han precisado y agravado, el Gobierno habla de "cosas que ocurren".
La gravedad objetiva crece mientras la responsabilidad política se diluye de forma inversamente proporcional: a más gravedad, menos responsabilidad.
Esta deriva no es inocente. Si lo ocurrido fue una violación de la integridad territorial, alguien debió prevenirla, contenerla o responder con mayor celeridad. Si, por el contrario, se trata de un acontecimiento excepcional e imprevisible, la exigencia de rendición de cuentas se debilita.
No se trata de negar la dificultad de anticipar la escala exacta de una avalancha de esta naturaleza. Se trata de señalar que el Gobierno ha pasado, en menos de una semana, de invocar la soberanía nacional a presentar los hechos como un fenómeno casi natural, ajeno a cualquier fallo de previsión, de coordinación o de voluntad política.
Mientras tanto, los cuerpos siguen sin identificar, los menores saturan un sistema colapsado y la ciudad autónoma sigue gestionando a solas las consecuencias de una invasión que sólo puede ser calificada como un acto de guerra híbrida.
Una democracia seria no puede aceptar que la gravedad de los hechos y la levedad de las explicaciones avancen en direcciones opuestas. Cuanto más se conoce de lo ocurrido en Ceuta, más evidente resulta que el problema no es sólo la frontera.
El problema es un Gobierno que se niega a asumir su responsabilidad y que pronto, de continuar esta deriva, acabará diciéndole a los españoles que lo ocurrido en Ceuta ha sido un espejismo fruto de su imaginación, y que la prueba de ello es que el presidente se encuentra disfrutando sin mayor sobresalto de sus vacaciones veraniegas de cinco semanas.