Pedro Sánchez ha exportado su política del "muro" a la Unión Europea, sólo para constatar que allí también se ve superada por una mayoría de derechas.
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución que "condena, en los términos más enérgicos, los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos", y "la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro".
Ha tenido que ser un órgano de la Unión Europea quien asuma la reivindicación firme de la españolidad de Ceuta que le compete al Gobierno de España, al disponer que "cualquier declaración que ponga en tela de juicio la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio".
En contraste con esta contundencia, la actitud indulgente del PSOE ha vuelto a quedar retratada de la forma más embarazosa.
Incluso los verdes y la izquierda radical, aun votando en contra de la moción, han apuntado inequívocamente a la responsabilidad de Rabat en el asalto.
Los eurodiputados socialistas, por su parte, trataron en vano de impulsar una resolución que elogia "los mecanismos de cooperación existentes entre España y Marruecos".
La resolución aprobada no sólo constituye un reproche a Rabat, sino también una desautorización del Gobierno de Sánchez y su política migratoria.
Porque el Parlamento Europeo ha responsabilizado al Ejecutivo español de la avalancha migratoria que sufrió Ceuta los días 30 y 31 de julio, achacándole el haber ignorado las "reiteradas advertencias" de las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia.
El texto incluye también una reprobación explícita al efecto llamada con que su regularización masiva de inmigrantes compromete al espacio Schengen y al resto de Estados miembros.
Cabe preguntarse cuántos pronunciamientos más de los socios europeos necesita Sánchez para revertir una laxitud en el control de fronteras que está en abierta discrepancia con el consenso europeo en esta materia.
El PSOE ha tratado de amortiguar el revés de Estrasburgo escudándose en que la condena se limita a una iniciativa respaldada sólo por la derecha y la extrema derecha.
Y es cierto que la resolución ha sido promovida a instancias del Partido Popular Europeo, y ha prosperado gracias al apoyo del resto de grupos conservadores de la Eurocámara (y de la mitad de los liberales).
Pero esto de ninguna manera le resta legitimidad a la votación.
El pronunciamiento, sí, reviste un carácter marcadamente ideológico. A lo sumo, se puede aducir que no está investida de ese plus de autoridad de las grandes decisiones cuando trascienden la pura aritmética parlamentaria de los bloques políticos afines.
Pero si la resolución ha sido aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, significa, en la práctica, que una mayoría de europeos representados en esos partidos rechaza la posición de Sánchez sobre Marruecos.
Una vez que el Parlamento Europeo vota y aprueba un texto por mayoría de sus miembros electos, la resolución deja de ser la propuesta de los grupos que la impulsaron para convertirse en la postura oficial de la Eurocámara como institución a todos los efectos legales y políticos.
Las instituciones democráticas se rigen por el principio de la voluntad de la mayoría. Descalificar una decisión soberana alegando la orientación ideológica de quienes la apoyaron equivale a cuestionar la validez al propio sistema parlamentario.
Resulta irónico que el grupo cuyo líder declaró de forma campanuda en la última noche electoral, tras hacer recuento de los escaños del Frankenstein, que "somos más" se muestre renuente a reconocer el peso de la mayoría numérica cuando le es adversa (así en el Congreso como en el Europarlamento).
Si la reprobación ha salido adelante gracias sólo una parte del arco político (la que va de los liberales a la derecha radical), se debe, de hecho, a que los socialistas han dejado de observar la alianza con sus socios de la Gran Coalición sobre la que ha descansado la gobernanza de la UE.
El dato fáctico es que el PSOE ha cambiado de posición con respecto a Marruecos.
¿Por qué si, tras el anterior asalto de unas 10.000 personas a Ceuta en 2021, el PSOE se puso de acuerdo con el PP para censurar a Marruecos por utilizar la migración "como medio para ejercer presión política" contra España, en 2026, y con más de 80.000 invasores, se decanta por la vía de la cordialidad?
A ojos vistas el PSOE (que actúa de facto como el lobby marroquí en España y en Europa) persiste en la insensata y estéril política de apaciguamiento que adoptó tras el estallido de la crisis de 2021 con el país vecino.
Desde entonces, el Gobierno de España no ha cejado en su afán por congraciarse con Rabat mediante sucesivos gestos.
Una ristra de favores ya no a cambio de nada, sino, muy al contrario, para obtener como único pago una escalada de las acciones hostiles. Y un incumplimiento de casi todos los compromisos aprobados en aquella Reunión de Alto Nivel con Mohamed VI.