La administración Trump ha desplegado 3.000 agentes federales en Minnesota ante la revuelta ciudadana por la muerte de Renée Good.
Dentro de la resistencia contra la invasión de la 'ICEtapo' de Trump en Mineápolis: 'Es una campaña de miedo militarizada'
EL ESPAÑOL accede a vecinos de Mineápolis y St. Paul organizados en una red de vigilancia civil que documenta los movimientos del ICE. Una de ellas vio morir a Renée Good, la madre de tres hijos asesinada por un agente.
"Van puerta por puerta, entran a negocios pidiendo documentación y detienen vehículos en plena calle", asegura Ryan Pérez, un líder comunitario latino.
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"Desde aquel día patrullo las calles porque, si no estamos nosotros, no hay nadie". María, hija de inmigrantes latinos, creció en Wisconsin y vive desde hace casi una década en Mineápolis, una ciudad que —dice— "te adopta rápido, como si hubieras vivido aquí toda la vida".
El 7 de enero presenció una escena que marcaría un antes y un después en su barrio: la operación que terminó con la muerte de Renée Good por parte de un agente del Immigration and Customs Enforcement (ICE), el temido cuerpo parapolicial que ya recibe el nombre de 'ICEtapo', como asociación a la temida policía nazi.
"Ese día lo cambió todo", resume. Desde entonces dejó de ser una vecina más para convertirse en observadora constante de lo que ocurre en su entorno: "He visto al ICE por toda la ciudad. Y ejerzo mi derecho constitucional a observar y documentar lo que hacen".
Manifestación de los migrantes en Minneápolis.
Mientras el Gobierno federal envía cientos de agentes adicionales a Minnesota, emerge una red ciudadana que se organiza con silencios, silbatos, mensajes cifrados y protocolos propios. Jóvenes latinos, somalíes, afroamericanos y familias que llevan años compartiendo barrio han empezado a recorrer las calles documentando operativos, verificando rumores y alertando a los vecinos.
No buscan la confrontación: "Informo a las personas sobre sus derechos civiles y el debido proceso, y comparto recursos de apoyo", explica María. Para quienes participan, esta coordinación no es solo vigilancia: "Es una iniciativa civil, una forma de acción directa que impide que nuestros derechos sigan erosionándose".
A la tensión social se suma el choque institucional: las autoridades locales hablan de "invasión federal", se anuncian demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional y se acumulan cifras de detenciones cuyos detalles no se publican. En ese vacío —legal, informativo y emocional— crece un movimiento que hoy involucra a miles de vecinos.
No pretende sustituir al Estado, sino cubrir lo que consideran su ausencia. Lo resume la propia María con una frase que ya circula entre los grupos vecinales: "Si las instituciones han dejado de mirarnos, entonces nos miraremos entre nosotros".
Red silenciosa
La vigilancia ciudadana frente al ICE no es un gesto espontáneo ni improvisado. Es un sistema en expansión, sostenido por familias latinas, inmigrantes recientes y jóvenes que conocen cada esquina mejor que cualquier agente federal desplegado en las últimas semanas.
Esta red de resistencia recuerda a la que de forma visionaria retrató Paul Thomas Anderson en la galardonada película 'Una batalla tras otra' hace apenas unos meses. Sólo que, de momento, la de Mineápolis es una resistencia pacífica, pese a las disparatadas acusaciones de "terrorismo doméstico" por parte de los jerarcas del trumpismo, como la secretaria de Seguridad Nacional, Christi Noem, o el vicepresidente, J.D. Vance.
![Alice Weidel, líder conjunta de AfD.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/30\/actualidad\/1003744073325_260706914_320x180.jpg"])
La estructura es simple pero eficaz: grupos encriptados de Signal y WhatsApp activan alertas inmediatas cuando alguien detecta un SUV sin distintivos o movimientos anómalos en una calle concreta. Un mensaje basta para que decenas de personas sepan dónde dirigir la mirada: "ICE en Lake Street", "Patrulla en Cedar-Riverside", "Agentes entrando en edificio".
A partir de ese aviso se despliega lo que los vecinos llaman su "coreografía". Si el avistamiento es desde carretera, el código son los cláxones: dos toques para alertar, uno largo para advertir que puede haber una detención en curso.
A pie de calle, los voluntarios usan silbatos: uno para avisar, dos para confirmar, tres para dispersarse si hay riesgo de confrontación directa. No son gestos heroicos ni espectaculares; son señales breves, precisas, que permiten comunicar sin exponerse. La frontera es clara: no intervenir, no obstruir, solo observar.
En esa red participa María. "El 7 de enero fue un día horroroso para mí y para mis vecinos en todo Minnesota", recuerda. Asegura que lo que vio ese día —la confusión, el despliegue, el miedo— la obligó a salir de casa. "Aparecí en la escena del asesinato porque me importa esta ciudad y todas las personas que viven aquí". Desde entonces, se ha convertido en una de las voluntarias más activas.
María insiste en que su labor no es clandestina ni confrontativa, sino "un ejercicio de derechos fundamentales". Ese mismo espíritu sostiene a miles de vecinos. Según datos facilitados por Luis Argueta, de Unidos MN —una organización que entrena a residentes para actuar como observadores civiles—, más de 20.000 personas en el estado han recibido formación desde que comenzó este mandato.
La mayoría son latinos, somalíes, afroamericanos y jóvenes nacidos en EE.UU. en familias mixtas. La red es descentralizada, sin líderes visibles, pero con una disciplina que sorprende incluso a veteranos de la organización comunitaria.
Un migrante en la ciudad de Mineápolis.
A ese tejido se suma la labor de equipos como el Immigrant Defense Network, cuyo coordinador, Edwin Torres DeSantiago, acude personalmente a documentar detenciones y ofrecer apoyo legal inmediato cuando los grupos vecinales envían un aviso.
"No se trata solo de vigilar", explican desde su organización. "Se trata de que la gente no se sienta sola cuando aparecen las camionetas del ICE". En este ecosistema, los voluntarios operan como una fuerza de reconocimiento: detectan patrones de presencia federal, alertan cuando una operación ocurre cerca de menores o familias vulnerables y, en muchos casos, son los únicos que pueden narrar lo que sucede en tiempo real.
Lo hacen conscientes del riesgo: acusaciones de obstrucción, grabaciones por parte de agentes o represalias futuras. Pero tras el respaldo inmediato del Gobierno federal al agente que mató a Renée Good —incluso antes de completar la investigación—, muchos sienten que solo queda una opción: mantenerse en la calle para proteger a los suyos.
Barrios en alerta
En Mineápolis y St. Paul, el miedo no se anuncia: se reconoce en los silencios donde antes había vida. Basta caminar por Lake Street o University Avenue para comprobarlo: persianas que antes se abrían de par en par ahora apenas se levantan unos centímetros; restaurantes que solían desbordarse en fin de semana mantienen las mesas vacías; niños que correteaban en los portales observan desde las ventanas cada vez que un motor grave pasa por la calle.
No hay sirenas ni megáfonos. La vida simplemente retrocede, como si se protegiera a sí misma de algo que no controla. El epicentro del cambio se siente con especial claridad en Plaza Mexico, el centro comercial latino más concurrido de la ciudad. Allí, donde antes sonaban cumbias y rancheras desde cada tienda, el aire permanece cargado de un silencio nuevo.
Gladys Ramos, que vende mochilas infantiles y lámparas de colores, pasa las tardes detrás del mostrador esperando que alguien se atreva a cruzar la puerta. "La gente tiene miedo… miedo de venir, miedo de ser vistos", explica. "¿Qué hicimos? ¿Cuál es nuestro crimen?".
Una migrante manifestándose en la ciudad de Mineápolis.
A unos metros, Daniel Hernández, que lleva media vida vendiendo productos importados, observa la misma realidad desde su mostrador: "No es que estén buscando delincuentes peligrosos. Están llevándose a cualquiera que no sea blanco".
La desconfianza se extiende también por los supermercados y tiendas familiares. En St. Paul, el dueño de una tienda de comestibles calcula que su clientela ha caído un 75 %. Donde antes había colas, ahora recibe mensajes por WhatsApp: "No puedo salir, ¿puede traérmelo?". Para sobrevivir, ha empezado a hacer reparto a domicilio. El teléfono no deja de sonar.
El miedo se mezcla con la logística: familias que reorganizan horarios, rutas y hábitos. Una madre hondureña sale a hacer la compra a las cinco de la mañana, cuando la calle está desierta. Una trabajadora guatemalteca ya no lleva a sus hijos al parque: mantiene la puerta cerrada incluso dentro de casa. "Ya no vivimos —dice—, sobrevivimos".
Las escuelas lo notan también. Profesores relatan ausencias que crecen semana tras semana. Algunos niños llegan cansados, nerviosos. "No quiero que mi mamá salga mañana", confesó uno de siete años a su maestra, convencido de que cualquiera puede ser detenido "aunque no haya hecho nada".
La explicación está en el patrón que describe Ryan Pérez, director de organización de COPAL —un organismo latino que ofrece defensa legal, apoyo comunitario y acompañamiento a familias inmigrantes—. En declaraciones a EL ESPAÑOL reconoce que "muchas familias tienen miedo real de salir de sus casas" porque el ICE está utilizando tácticas indiscriminadas.
"Van puerta por puerta, entran a negocios pidiendo documentación y detienen vehículos en plena calle. Hay un inmenso temor, pero también un gran torrente de apoyo", asegura Pérez. "La gente se organiza para hacer recados, llevar comida, acompañar a niños a la escuela, cubrir citas médicas y donar a fondos legales".
![Protestas en las calles de Minneapolis por la muerte de una mujer a manos de los servicios de inmigración de EEUU.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/08\/actualidad\/1003744082318_260823666_320x180.jpg"])
Según Pérez, esa presión altera por completo la vida diaria. "Las familias están retirando a los niños de programas juveniles y algunas aulas quedan vacías porque la gente busca seguridad y supervivencia". Y añade algo que se repite en casi todos los barrios.
"Muchos padres piensan que un simple viaje al colegio o al hospital puede separar a la familia". Esa red de apoyo nace, en gran parte, de lo que ocurrió el 7 de enero, cuando el agente Jonathan Ross, entrenado para 'cazar' fugitivos, disparó a una de sus vecinas a bocajarro y la mató. María lo revive aún con la voz tensa: "Vi a Renée Nicole Good en el suelo recibiendo RCP… y vi a los oficiales disparar irritantes químicos y balas de goma contra mis vecinos".
Pero lo que más la marcó no fue el caos, sino la reacción colectiva: "Fuimos a buscar agua… caminamos con nuestros vecinos hasta sus casas… nos reunimos para llorar y compartir historias". De ese impulso inmediato ha surgido un sistema silencioso que hoy sostiene a miles.
Migrantes reunidos mostrándose su apoyo en la ciudad de Mineápolis.
Vecinos que acompañan a adultos mayores, comerciantes que entregan comida discretamente, grupos encriptados que desmienten rumores antes de que estallen en pánico. La vida continúa, pero lo hace bajo un nuevo lenguaje colectivo: uno hecho de alertas, silencios y manos que se ofrecen sin preguntar.
La comunidad no dramatiza: se reorganiza. Y lo hace cada día más deprisa.
Rebelión
La crisis ya no se libra solo en las calles: se traslada a los despachos, a los tribunales y a las ruedas de prensa urgentes en Mineápolis y St. Paul. Mientras el Gobierno de Trump justifica el despliegue como una operación de "seguridad", las autoridades locales hablan de algo muy distinto: una intervención desproporcionada que desborda sus competencias y que, según denuncian, está alterando el equilibrio institucional del estado.
![Agentes federales desplegados para controlar las protestas en Minnesota.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/15\/actualidad\/1003744090344_260923369_320x180.jpg"])
El fiscal general Keith Ellison, en representación del estado de Minnesota, se ha plantado públicamente y ha denunciado lo que define como una "invasión federal" que opera sin supervisión civil. Ha presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y solicitado una orden judicial que limite la actuación de ICE y la Patrulla Fronteriza.
Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
A su lado, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, han exigido la retirada inmediata de los agentes y aseguran que los barrios están viviendo una transformación sin precedentes.
La magnitud del despliegue refuerza esa percepción. Según estimaciones difundidas por medios nacionales y confirmadas de forma indirecta por las propias autoridades, más de 3.000 agentes federales están ahora en Minnesota: un millar recién llegados se suman a los aproximadamente 2.000 que ya operan en el estado.
Ningún operativo del DHS en las últimas décadas —ni en ciudades fronterizas, ni en estados con mayor proporción de migrantes— se acerca a este despliegue. En la práctica, esa presencia masiva ya se siente como una ocupación. Así lo describen organizaciones de base que trabajan sobre el terreno.
Ryan Pérez advierte que "estamos viviendo una ocupación militarizada. Agentes fuertemente armados están arrancando a la gente de nuestras calles residenciales". Y añade algo aún más inquietante. "También está ocurriendo en pequeños pueblos donde todos se conocen. La gente está presenciando una campaña militarizada de miedo".
El conflicto institucional alcanza otro nivel cuando líderes tribales denuncian oficialmente que agentes federales están deteniendo a ciudadanos nativos estadounidenses durante redadas, pese a su estatus legal protegido.
Migrantes manifestándose en la ciudad de Mineápolis.
Esto abre un nuevo frente, inesperado incluso para Minnesota, donde las comunidades indígenas mantienen una relación histórica y compleja con el Estado federal. Para muchos líderes comunitarios, esta expansión del operativo fuera de los barrios inmigrantes demuestra que la intervención ha perdido cualquier principio de selectividad.
Al mismo tiempo, la coordinación con las fuerzas locales de seguridad se resquebraja. El jefe de policía de Mineápolis ha expresado públicamente su preocupación por las tácticas federales: falta de comunicación, agentes actuando sin identificar, intervenciones cerca de escuelas y comercios, uso de material antidisturbios en barrios residenciales.
Lo resume en una frase que ahora circula entre asociaciones vecinales: "No podemos garantizar la seguridad si no sabemos qué va a hacer el Gobierno federal a continuación".
![Imagen de archivo de agentes federales deteniendo a un inmigrante presuntamente sin documentación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/04\/actualidad\/1003744041910_260307197_320x180.jpg"])
Mientras las instituciones debaten quién tiene competencia para frenar o supervisar el operativo, los barrios ya conviven con su propia realidad: controles imprevisibles, vehículos sin distintivos circulando a baja velocidad, agentes que entran en edificios sin previo aviso y detenciones que se producen sin que se publiquen nombres ni cargos.
En este vacío informativo, la narrativa oficial y la vida cotidiana se separan con brusquedad. Los barrios han aprendido a orientarse en un paisaje que cambia cada día: un coche oscuro detenido demasiado tiempo, un grupo de agentes frente a un supermercado, un mensaje urgente en los chats vecinales.
No hay certezas, pero sí una intuición compartida: la sensación de que lo que ocurre en Minnesota va más allá de un operativo migratorio. Es, para muchos, una prueba de resistencia cívica.
Y ese pulso—el de un Estado que se repliega y una comunidad que se reorganiza— es el que define hoy la vida en Mineápolis, donde la pregunta ya no es qué va a pasar mañana, sino quién estará allí para contarlo.
