Sicarios jóvenes, armas de fuego y crimen organizado dibujan el nuevo mapa del asesinato por encargo en España, donde matar ya no exige grandes estructuras, solo un contacto, un arma y un precio cada vez más bajo.

Sicarios jóvenes, armas de fuego y crimen organizado dibujan el nuevo mapa del asesinato por encargo en España, donde matar ya no exige grandes estructuras, solo un contacto, un arma y un precio cada vez más bajo. Diseño: Arte EE.

Reportajes INVESTIGACIÓN

Encargar una muerte en España cuesta hoy 1.700 €: "Seremos el México europeo si no paramos el sicariato latino de bajo coste"

La Policía documenta un auge de ejecuciones baratas, cometidas por criminales de paso y conectadas al narco. Un fenómeno creciente que apenas se admite por parte del Ministerio del Interior "para no desatar alarma social".

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La frase no aparece en ninguna publicación oficial ni en comparecencias públicas. Circula, en cambio, en pasillos policiales, en conversaciones fuera de la grabadora y en mensajes cifrados incautados tras los últimos asesinatos. "Ordenar una muerte hoy sale barato", resume un investigador de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

Las cifras que manejan los investigadores son contundentes: alrededor de 40 asesinatos al año ejecutados por sicarios —a pesar de que el Ministerio del Interior no recaba una cifra oficial sobre crímenes de este tipo—la mayoría ligados de un modo u otro al tráfico de drogas, a cobros violentos o a disputas entre clanes.

"Y cada vez hay más gente dispuesta a hacerlo; es decir, la oferta es mayor, lo que vuelve a bajar el precio". No habla de teorías, sino de tendencias y cifras. De jóvenes que llegan, disparan y se van. De asesinatos por encargo que ya no cuestan 50.000 euros —que era la tendencia hasta hace tan sólo unos años— ni siquiera 10.000. A veces, no pasa de los 2.000 euros.

Encargar un asesinato en España ya no es una rareza reservada a vendettas excepcionales: es un fenómeno normalizado dentro del ecosistema del narco. Los cuerpos policiales llevan años detectando un goteo sostenido —y cada vez menos discreto, a plena luz en calles céntricas, frente a colegios o en una esquina cualquiera— de homicidios por encargo que se repiten con patrones casi industriales.

El epicentro sigue siendo todavía la Costa del Sol, y especialmente Marbella, donde en 2018 se alcanzó un récord inquietante: veinte asesinatos en un solo año, seguidos por otra docena en 2019. Sin embargo, lo que antes eran disputas entre narcos ha evolucionado a subcontratas de asesinos profesionales.

En la imagen, un hombre yace fallecido en Madrid después de haber sido tiroteado por un sicario.

En la imagen, un hombre yace fallecido en Madrid después de haber sido tiroteado por un sicario. E. E.

La curva ascendente obligó a la Policía Nacional a mover ficha. "Hace siete años se creó dentro de la UDYCO un grupo especializado en ajustes de cuentas, una unidad híbrida formada por agentes procedentes de otros equipos, dedicada casi en exclusiva a rastrear muertes por encargo y las economías criminales que las financian", explican desde la unidad.

Desde entonces, el mapa se ha extendido. El fenómeno ya no pertenece sólo al litoral malagueño: Madrid, Cataluña, la Costa Blanca y Canarias documentan hoy ejecuciones que reproducen el mismo guion —contratos baratos, pistoleros de paso, logística mínima y violencia quirúrgica— que antes se asociaba únicamente a las mafias extranjeras en tránsito.

Para los mandos policiales, la tendencia es inequívoca: España se ha convertido en un territorio donde matar es barato, rápido y cada vez más accesible. Todo gracias a una violencia externalizada, a demanda, ligada al narcotráfico y ejecutada por sicarios jóvenes, baratos y prescindibles.

Redes principalmente latinoamericanas, intermediarios locales y bandas asentadas ofrecen encargos por cantidades muy inferiores a las tarifas clásicas de los cárteles. El resultado es una violencia peor ejecutada, menos profesional, más errática. Y más peligrosa.

El sicario que se equivocó

Para los investigadores los puntos de inflexión son varios y por toda la geografía nacional. Uno de ellos está en Gran Canaria. Hace tan sólo unos meses que se judicializó el asesinato de Jonathan Josué Delgado Bordón, un joven abatido a tiros en plena calle del municipio de Telde y que "no era el objetivo real del contrato".

Según fuentes de la investigación, el encargo era matar al dueño de un gimnasio de artes marciales vinculado al entorno del narcotráfico local. Sin embargo, el sicario se equivocó. Disparó contra el hombre equivocado: alguien que se dedicaba al menudeo.

Los mensajes interceptados por la Policía Nacional son bastante elocuentes. Tras el asesinato, los implicados escriben que "la han cagado". Reconocen el fallo. Se lamentan de que, por ese error, no cobrarían lo pactado.

En esos mismos chats aparecen cifras: 1.700 euros abonados en pagos parciales de remesas enviadas por Western Union, compañía global de envío de dinero que permite transferencias rápidas entre países.

También contactos con personas en Colombia que ofrecían 20.000 euros por vigilar al objetivo y el doble por matarlo. Pero, al final, quien apretó el gatillo fue otro. Y lo hizo por una cantidad que los agentes de la Policía Nacional definen como "ridícula".

Operativo policial en Gran Canaria para detener a los responsables del asesinato de Jonathan Josué Delgado Bordón.

Operativo policial en Gran Canaria para detener a los responsables del asesinato de Jonathan Josué Delgado Bordón. E. E.

Mínimo histórico

Según fuentes policiales, el caso es paradigmático. No sólo por el asesinato, sino por lo que revela: sicarios mal formados, contratos fragmentados, fallos de identidad y violencia descontrolada. "Antes casi no teníamos sicarios y los que había no se equivocaban", resume un mando policial. "Ahora sí. Porque es barato".

La comparación aparece una y otra vez. "El precio de la cocaína está en mínimos históricos", explica un analista antidroga. "Pero el de la muerte también". Hace una década, ordenar un asesinato costaba entre 40.000 y 50.000 euros.

Luego empezaron a verse casos por la mitad, sobre todo en el Levante. Alguno puntual por 10.000. Los de menos de 5.000 euros son una novedad completa. Ese abaratamiento va unido a un cambio estructural: ya no hacen falta grandes organizaciones mafiosas.

Basta un intermediario, un contacto en Telegram y un joven dispuesto a viajar. El sicariato se alquila como un servicio más dentro del engranaje "empresarial" del crimen organizado. Una tendencia difícil de ver hace cinco años.

Desde finales del siglo XX, el sicariato ha florecido sobre todo en territorios marcados por la fragilidad social: países con enormes brechas económicas, jóvenes sin horizonte y estructuras criminales capaces de convertir esa vulnerabilidad en mano de obra armada.

Pero ese patrón, que durante décadas parecía ajeno a Europa, empieza a enraizar también aquí.

Empresa del crimen

El modelo lo creen haber identificado los agentes de la Policía Nacional. "Ha habido un cambio de tendencia, el narco subcontrata el transporte, la vigilancia, y muchas veces también los asesinatos". Hace tan sólo un mes, en Gijón, el cuerpo policial desarticuló una banda de dominicanos asentados en Asturias que los investigadores describen como la primera "empresa del crimen" detectada en España.

Ofrecían robos violentos, secuestros, vuelcos de droga y cobros armados para mafias españolas, colombianas y marroquíes. Cuatro de ellos viajaron de Gijón a Toledo para "cobrar" una deuda de droga. Iban armados con pistolas Glock. El encargo acabó en nueve disparos, un muerto y varios heridos. La investigación dibuja un grupo itinerante que vende violencia a la carta, cobra en efectivo o en estupefaciente y actúa, tal y como indican los investigadores, como subcontrata del narco.

"El patrón se repite", explica otro investigador. "No defienden territorio. No ajustan cuentas propias. Ejecutan encargos", resume. Otro caso en Badajoz, documentado por EL ESPAÑOL en enero de 2025, el de la llamada guerra del clan de los Rochos, que confirmó otra inquietud policial: la importación directa de sicarios.

En el asesinato a tiros de Jesús Rocho, líder del grupo, en la carretera BA-022, la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de ejecutores sudamericanos contratados específicamente para desmantelar la cúpula del clan.

Tras el crimen, abandonaron España, previsiblemente a través de Portugal. "Es una violencia externa aplicada a conflictos locales", contó una fuente cercana a la investigación hace meses a este periódico. "Eso antes no pasaba".

Uno de los 'baby sicarios' detenidos por la Policía Nacional el pasado mes de agosto.

Uno de los 'baby sicarios' detenidos por la Policía Nacional el pasado mes de agosto. Policía Nacional.

'Canarias Lab'

Canarias aparece de forma recurrente en los informes policiales. Varios servicios especializados señalan que mafias extranjeras han convertido el archipiélago en puerta de entrada de cocaína por la ruta africana, y que algunas de esas organizaciones recurren a sicarios contratados en Cuba, República Dominicana y Colombia para ajustes de cuentas y cobros de deuda.

No sólo. En marzo de 2025 un grupo contratado de manera similar secuestró a la mujer y al hijo de José 'El Buque', el "rey de la cocaína" de Canarias —y hoy en prisión— tras el robo de 600 kilogramos entre dos bandas de narcos del que resultó no ser el culpable.

Otras operaciones como Silbo han documentado redes con epicentro en las islas que movían toneladas de cocaína y contaban con músculo violento externalizado. Para los investigadores, España —y especialmente los territorios frontera— funciona como campo de pruebas de modelos importados del narco transnacional.

El fenómeno es casi igual de crudo en la Costa del Sol. En Málaga, Fuengirola y Benalmádena, la Policía Nacional ha vinculado varios atentados a menores de edad reclutados como 'baby sicarios' por mafias neerlandesas y escandinavas.

Un belga de 17 años ejecutó a un hombre con un subfusil en Fuengirola en 2024. Otros adolescentes suecos fueron detenidos por intentos de asesinato. Según describen nuevamente fuentes policiales, se paga desde 3.000 euros por encargos simples hasta 20.000 por "trabajos completos".

Llegan a España solo para matar y marcharse. Huyen en patinetes eléctricos o bicicletas. No conocen a la víctima. No defienden ningún código. Son mano de obra.

Imagen de la vivienda de José A.C., donde un grupo de sicarios extranjeros secuestró a su mujer y a su hijo de 19 años.

Imagen de la vivienda de José A.C., donde un grupo de sicarios extranjeros secuestró a su mujer y a su hijo de 19 años. RTVC

Telegram y patinetes

La captación se hace online. Canales de Telegram, Signal u otras plataformas cifradas ofrecen violencia como servicio. "Trabajo en España", "necesito alguien para hacer un encargo". En una operación en Andalucía, la detención de un menor destapó una red familiar que organizaba viajes, hoteles, armas y hasta vehículos de huida.

En 2025, la Policía Nacional detuvo en Málaga a dos presuntos sicarios —uno menor— tres días después de aterrizar. Iban en patinete hacia la casa del objetivo. En el piso franco se encontraron armas cortas cargadas, con el número de serie borrado.

En Telde, Gran Canaria, los ejecutores admitieron por mensajes haberse equivocado de persona. En otros casos, el asesinato ni siquiera llega a consumarse. Pero el patrón se repite: improvisación, urgencia, violencia barata.

Las estimaciones policiales en Madrid hablan de alrededor de 40 muertes al año cometidas por profesionales, algunas por apenas 2.500 o 5.000 euros si el sicario es joven o poco cualificado.

Imagen cedida por la Policía Nacional del fusil de asalto usado por el sicario belga menor de edad detenido por asesinar a un hombre en Fuengirola en diciembre de 2024.

Imagen cedida por la Policía Nacional del fusil de asalto usado por el sicario belga menor de edad detenido por asesinar a un hombre en Fuengirola en diciembre de 2024. CNP.

En Cataluña, Mossos y Guardia Civil investigan también a los llamados "50-0", una banda dominicana especializada en asesinatos a sueldo que actúa como subcontrata de diferentes clanes de la droga. "Más que efectivos, son extremadamente violentos".

Este verano, Barcelona volvió a recordar que la violencia profesional ya no es un fenómeno remoto. A las cinco de la tarde, en pleno Eixample peatonal, un hombre cayó abatido en el portal del número 200 de Consell de Cent tras una ráfaga de disparos de un arma automática.

La escena —dos detonaciones secas, un cuerpo boca abajo en mitad del umbral, la puerta destrozada, cristales por el suelo— dejó a los vecinos paralizados. Los Mossos rastrearon durante horas la parte trasera del edificio, convencidos de que el tirador había vigilado el movimiento de la víctima antes de matarla.

"Es un lugar atípico para una ejecución", admiten fuentes de la investigación. Pero el patrón sí les resultó familiar: premeditación, precisión y un silencio que sólo se rompe cuando aparece el cadáver.

Otras fuentes de UDYCO y Europol consultadas describen ya una "cadena de montaje": quien paga, quien recluta por redes, quien pone la logística y el menor que aprieta el gatillo. "Son mano de obra barata", resume un policía. "Y eso hace la violencia más impulsiva y más peligrosa".

El aterrizaje

Desde hace más de dos décadas, España dejó de ser un territorio inmune al sicariato. La primera señal visible fue en Madrid: una mañana luminosa de diciembre de 2007, en Carabanchel, dos hombres con pasamontañas se acercaron a un narco rival y le vaciaron el cargador en plena calle.

Cumplieron el encargo y huyeron con la misma frialdad con la que habían llegado. A uno de ellos se le cayó un guante. Ese objeto —doméstico, casi banal— permitió reconstruir no sólo un crimen, sino un fenómeno que estaba desembarcando: violencia profesional, importada, y ejecutores de paso.

Pero Madrid no fue una excepción, sino el prólogo. A lo largo de los 2000, toda España comenzó a registrar crímenes que encajaban en un mismo patrón: oficinas de cobro sin sede física, pistoleros que entraban y salían del país en cuestión de horas, venganzas ejecutadas a miles de kilómetros del conflicto original.

En Getafe apareció un torso en 2003; en Villaverde, un hombre fue tiroteado cuando se ataba las zapatillas del gimnasio; y en 2009, el histórico narco colombiano Leónidas Vargas fue rematado en una cama del hospital 12 de Octubre por un sicario reclutado en Canarias, prueba definitiva de que el ajuste de cuentas latinoamericano había colonizado también los pasillos de un hospital madrileño.

Despliegue de los Mossos d'Esquadra en el centro de Barcelona tras un asesinato por encargo.

Despliegue de los Mossos d'Esquadra en el centro de Barcelona tras un asesinato por encargo. E. E.

La deriva no se limitó a la capital. En Cataluña, los Mossos documentaron desde finales de los 2000 varias ejecuciones con sello profesional, entre ellas la del líder dominicano El Niño Sáez en L’Hospitalet o los primeros casos vinculados a la banda 50-0, que años después se consolidaría como una subcontrata estable de violencia para clanes de la droga.

En Andalucía, los homicidios por encargo ligados al narcotráfico en la Costa del Sol —Mijas, Fuengirola, Marbella— implicaron a ejecutores belgas, suecos o neerlandeses que actuaban con precisión quirúrgica y huían en minutos, muchas veces rumbo a Málaga-Costa, otras hacia aeropuertos secundarios.

En Galicia, el asesinato del narco Juan Carlos "O Burro" en 2011 y las investigaciones posteriores sobre ajustes de cuentas relacionados con el tráfico de cocaína evidenciaron que el viejo narco gallego también comenzaba a externalizar su violencia.

Y en Valencia, varias operaciones contra clanes balcánicos desvelaron encargos de hasta 30.000 euros por limpiar “problemas” derivados del contrabando de marihuana y armas.

El fenómeno tampoco se desactivó con los años: mutó. En 2018, el asesinato de José Ricardo Rojas Montes —antiguo jefe de los Miami— a las puertas de un colegio de Pozuelo volvió a encender las alarmas.

Y el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras en 2024 abrió una nueva derivada: la del sicariato como herramienta política, ejecutado por profesionales del crimen con conexiones internacionales.

Incluso los errores revelan la madurez del mercado: en 2017, un joven fue asesinado en Usera porque su coche y su rutina coincidían con las del objetivo real. En el juicio, el sicario asumió la autoría para proteger a la oficina criminal que había coordinado el operativo.

Para los veteranos de Homicidios, todos estos episodios, dispersos en el mapa pero unidos por el mismo lenguaje —tarifas, logística, puntualidad, huida— dibujan la misma conclusión: España se convirtió mucho antes de lo que se reconoce en un país donde las mafias internacionales ajustan cuentas, encargan muertes y replican, a pequeña escala, los métodos que aplican en sus lugares de origen.

Estado de un vehículo del GEO de la Policía Nacional tras un tiroteo con una célula dominicana en Toledo.

Estado de un vehículo del GEO de la Policía Nacional tras un tiroteo con una célula dominicana en Toledo. E. E.

El silencio

Pese al diagnóstico, la mayoría de estas advertencias apenas se verbalizan. Las fuentes coinciden en el motivo: evitar una alarma social. Varios mandos dedicados al crimen organizado reconocen a EL ESPAÑOL que "sería mejor no publicar este tipo de informaciones", aunque admiten que son verídicas y que les preocupan profundamente.

Para ellos, el problema, dicen, no son sólo las toneladas de droga —que muchas veces ni siquiera se quedan en España— sino cómo los grupos se asientan y reproducen aquí las estructuras de violencia de otros países. "Seremos el México europeo si no paramos el sicariato latino de bajo coste", sentencia un investigador.

En los atestados quedan las cifras, los nombres y los gestos mínimos: el guante en Carabanchel, los casquillos en el Eixample, los mensajes escritos a toda prisa tras un disparo errado en Gran Canaria.

Los investigadores hablan de curvas ascendentes, de mercados y tarifas, pero en los sumarios lo que aparece —una y otra vez— es el mismo paisaje: cuerpos en el suelo, cámaras que no enfocan el ángulo decisivo, silencios que nadie rompe. Una violencia que no necesita anunciarse porque se explica sola. Porque ya está aquí.

España, que durante años miró estos crímenes como una anomalía ajena, acumula ahora escenas que ocurren a plena luz, en portales abiertos, en avenidas donde los vecinos aún recuerdan el olor del polvo químico, el temblor de un disparo que no esperaban escuchar.

No hay moraleja. Sólo una geografía que se ensancha y un mapa que se completa por sí mismo: puntos que antes aparecían aislados y hoy forman, juntos, una misma línea. Y en esa economía del silencio y del disparo, el país sigue avanzando, paso a paso, hacia un lugar que todavía no quiere nombrar.