El infierno de Arantxa, Marcos y Esteban, educadores en pisos de tutelados: "Vienen con cuchillos y machetes... Es la puta guerra"

El asunto es tan grave que incluso ha terminado con una víctima mortal. El pasado 9 de marzo, Belén Cortés Flor fue asesinada de forma violenta por tres menores del piso tutelado de Badajoz en el que trabajaba.

El próximo día 29 de este mes se celebrará el juicio en el Juzgado de Badajoz. A las puertas se ha convocado una manifestación en apoyo a la familia de la víctima.

También, hace tan sólo unas semanas, en Huelva, otra educadora social fue agredida con la técnica del 'mataleón' (estrangulamiento) durante una guardia nocturna. Aunque tuvo que ser hospitalizada de inmediato, afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

Los educadores y educadoras sociales son conscientes de que su profesión les sitúa ante perfiles de jóvenes que pueden resultar conflictivos. Sin embargo, quienes se dedican a esta profesión sienten una gran vocación ante su labor que hace de ellos unos verdaderos superhéroes sin capa.

Los trabajadores sociales se enfrentan diariamente a faltas de respeto –e incluso agresiones– por parte de los menores a los que tutelan. Marcos Margarit ha desempeñado el oficio en un piso tutelado de Aluche (Madrid) en el que residen 10 menores extranjeros amparados por la Comunidad de Madrid.

Estos adolescentes se alojan en tres habitaciones compartidas, lo que a veces genera problemas de convivencia, según asegura Marcos. "Encima te vienen muchos con exigencias", dice el educador.

Marcos cuenta que la posibilidad de que se den situaciones conflictivas depende de los perfiles de los chicos. "Los negativos arrastran a los demás", expone. "También hay problemas por consumo de drogas", añade en conversación con EL ESPAÑOL.

Marcos Margarit, educador social. Cedida

El miedo se ha convertido en el día a día de los educadores sociales. Ante escenarios violentos que cada vez preocupan más a los profesionales. "A mí me han amenazado muchas veces. Como me quieran meter una paliza me la dan en un segundo", declara el madrileño.

Situación temeraria

La temeraria situación a la que se enfrentan los educadores y trabajadores sociales ha llevado a muchos de los profesionales a abandonar su pasión.

Arantxa Jiménez siempre ha trabajado con menores porque es el ámbito que más le gusta y llama la atención. Sin embargo, su experiencia en un piso tutelado por la Comunidad de Madrid tan solo duró unas horas debido al sinfín de cosas inimaginables que le tocó vivir.

Antes de empezar su jornada laboral, la madrileña preguntó si los menores necesitaban alguna atención especial. La respuesta por parte del centro fue un rotundo "no". "Me encontré con chicos con trastornos mentales y medicados. Menores de 14 años acusados por delitos graves de agresión familiar y con problemas de conducta brutales, también problemas de drogas...", asegura Arantxa.

Arantxa Jiménez, educadora social. Cedida

La educadora lamenta que las profesionales no tienen ningún tipo de protección ante estos perfiles y que "por eso las engañan". Arantxa denuncia que no se dan las herramientas necesarias para saber cómo actuar ante tales situaciones. "Al final prefieres no decir nada porque todo se puede volver en tu contra", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Arantxa comparte que se trata de situaciones en las que "se vive miedo todo el rato". "El vocabulario se basa en insultos y a veces vienen con cuchillos y machetes", añade.

"Nos hemos llevado puñetazos, mordiscos…", dice la madrileña con resignación. En consecuencia, tuvo que abandonar su puesto rápidamente, ya que manifiesta que "da igual las veces que pidas ayuda porque dejan tanto a los trabajadores como al resto de chavales completamente abandonados".

Muy similar es el caso de Esteban Riobó. "La carga mental era inaguantable", dice este educador social de Moaña (municipio de Pontevedra). El gallego entró a trabajar en un centro de menores de cercano a la localidad en el que le dejaron al cargo exclusivo de una "adolescente conflictiva", con trastornos mentales y que necesitaba una medicación.

Esteban Riobó, educador social. Cedida

"Creo que mi último contrato explica bien la situación en menores", dice el joven a EL ESPAÑOL. "Tenía que trabajar 12 horas pegado a ella, recibiendo desprecios, insultos e incluso alguna agresión", cuenta. "Es una situación que no debería darse porque la adolescente no debería estar en ese tipo de centro, sino en uno acorde a su perfil", lamenta.

Esteban informa de que muchos menores se encuentran en centros que no se ajustan a las necesidades que estos precisan, lo que supone un impedimento en el desarrollo de su educación y un grave entorpecimiento en la instrucción del resto de los menores.

Otro aspecto que el educador social critica es la falta de trabajadores en el sector. "Hay chicos y chicas con conductas disruptivas, y los trabajadores nos encontramos muchas veces solos ante el peligro", señala el joven. "Te termina afectando a nivel personal", añade.

Menores conflictivos

En cuanto a los motivos por los que estos menores desarrollan actitudes inadecuadas no hay bases asentadas. "Pueden llegar a ser violentos, pero el motivo no te lo sé decir", determina Marcos.

Sobre el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, Marcos Margarit sostiene: "Eso es la puta guerra". El educador vive cerca de la organización y asegura que "allí los chavales entran y salen".

Un antiguo guardia de seguridad del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. EL ESPAÑOL

La violación a una menor de 14 años del centro el pasado mes de agosto no es un caso aislado. "Hay robos y peleas todos los días. Están fumando y bebiendo en los parques cercanos", cuenta Marcos.

A este respecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado en sus redes sociales: "Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes".

Este periódico ha contactado con el centro de Hortaleza. Sin embargo, al solicitar las justificaciones pertinentes, la institución colgó el teléfono.

La situación es tan crítica que incluso organizaciones nacionalistas, como Núcleo Nacional, convocan manifestaciones en barrios con centros de menores tutelados.

Bajo lemas como "los menas enterrarán tu barrio", la entidad promueve la expulsión de los menores extranjeros tutelados como solución para salvaguardar la seguridad y protección de los ciudadanos españoles.

El Centro de Primera Acogida de Hortaleza no es el único en el que se han vivido situaciones alarmantes. El más reciente es el de la educadora social de Huelva, el pasado mes de abril, que tuvo que ser hospitalizada tras ser agredida por tres menores del centro con la técnica del 'mataleón' (estrangulamiento) cuando se encontraba cubriendo una guardia nocturna.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras de Andalucía se convocó una manifestación solicitando más personal en los turnos de trabajo como medida para evitar estas agresiones.

Asimismo, las concentraciones no han cesado, y el pasado 30 de septiembre se vieron obligados a manifestarse de nuevo por el mismo motivo. "Solicitamos a la Junta de Andalucía que aumenten las plantillas de forma inmediata para que, al menos, haya siempre dos educadores sociales por turno, así como psicólogos y trabajadores sociales a jornada completa", instan desde CCOO de Huelva.

"Y anunciamos próximas movilizaciones en el sector que no pararán hasta que sean tenidas en cuenta estas necesidades", añaden.

Concentración en Huelva debido a la bajada de personal en los Centros de Protección de Menores CCOO Andalucía

Víctimas mortales

El pasado 9 de marzo, Belén Cortés fue asesinada durante la noche por cuatro menores en el hogar tutelado en el que trabajaba, en Badajoz. La víctima, de 35 años, se encontraba sola cuando fue golpeada y estrangulada con un cinturón.

Como respuesta ante el incidente, Unión Sindical Obrera (USO) de Extremadura llevó a cabo una manifestación rogando una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector social bajo el lema "Belén somos todos y todas. ¡Basta ya!".

Concentración convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) en Extremadura. Cedida

Eva Vargas, de Unión Sindical Obrera (USO) de Extremadura, informa a EL ESPAÑOL que se va a convocar una concentración en apoyo a la familia de Belén el día del juicio –el 29 de octubre– en la puerta del Juzgado de Badajoz.

Explica que "ha aumentado la violencia intrafamiliar" debido a la falta de medidas preventivas, y, en consecuencia, las agresiones a los trabajadores del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi de Badajoz.

Se trata de un centro que alberga menores que han cometido delitos y con muchos problemas de conducta que derivan en violencia. La sindicalista cuenta que muchos de sus compañeros han tenido que acogerse a "bajas laborales enmascaradas" como consecuencia.

"Los trabajadores viven asustados, en un estado de alerta constante porque se enfrentan a una situación de violencia sistematizada", cuenta la extremeña. Y lamenta: "Demasiado poco pasa. No hay medidas de prevención para los trabajadores".

Acceso a los centros

Los menores inmigrantes que acceden a pisos tutelados siguen un procedimiento similar. "Cuando entran en el país van a las comisarías y automáticamente entran en el sistema de protección", cuenta Marcos Margarit. Es en ese momento cuando son trasladados a un centro de acogida.

Muchos de ellos llegan al país sin documentación que les identifique, motivo por el que no se puede determinar legalmente si son o no menores. "Se les mide la muñeca y se comprueban sus muelas, pero no es un examen muy exhaustivo", cuenta el educador social.

Sin embargo, esta no es una comprobación que certifique su edad. Marcos cuenta que un chico de su piso tutelado para menores reconoció tener 23 años. "Hay descontrol", asegura el joven.

Los perfiles de los menores que entran en el país son muy diversos, aunque la mayoría emigran para conseguir la nacionalidad española. "Después se vuelven a su país, por eso muchas veces no intentan ni aprender el idioma", cuenta Marcos.

Inmigrantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Cedida

"Los que más sufren en el proceso migratorio son los que más aprovechan su estancia en España e intentan adaptarse", asegura.

Sin embargo, también existen menores que no aprovechan las oportunidades que se les brindan. "Hay algunos con los que no te queda otra que esperar a que cumplan los 18 para que se larguen porque es imposible educarles", lamenta. "La Constitución obliga a que los menores estén protegidos. Y lo saben, se aprovechan de eso", añade el educador social.

La situación no mejora

Los salarios de los profesionales tampoco favorecen la situación de los trabajadores del sector social. El último informe publicado por el BOE, en la resolución del 4 de junio de 2024, registra unos sueldos base anuales que oscilan entre 17.599,22 y 29.918,66 euros brutos anuales en función del grupo profesional del trabajador.

Sin embargo, los profesionales denuncian que se les ofertan contratos laborales con categoría de 'monitor', lo que supone unos sueldos inferiores al que les corresponde. Esta problemática es visible en todo el sector social.

Marina trabaja en el Samur Social de Madrid, y asegura que "el 95 % del sector social está privatizado". "Se han inventado la figura de auxiliar para pagarte lo mínimo. Es una dejadez total por parte de los de arriba", denuncia.

A pesar de la multitudinaria lucha por parte de los profesionales, la situación no mejora. "Llevo muchos años y esto cada vez va a peor. Cada vez tenemos más trabajo y hay menos recursos", lamenta la trabajadora del sector social.