El sistema de ciberseguridad de la Xunta detectó 2.000 posibles fraudes en concellos gallegos

El número de concellos que utilizan los sistemas de monitorización de los servicios en internet proporcionados por la Xunta de Galicia se ha cuadruplicado en el último año, pasando de 26 en 2023 a 109 en 2024. A estas cifras hay que sumar las cuatro diputaciones provinciales. Estas herramientas permiten identificar y calificar riesgos en la red y actualmente controlan la actividad de 170 direcciones IP y 252 dominios.

Galicia es la sexta comunidad en la que más aumentaron los incidentes de ciberseguridad

Estos datos se recogen en un informe elaborado por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) sobre los servicios de ciberseguridad que presta la Xunta a las administraciones locales, que este lunes fue recibido por el Consello de Gobierno. Desde 2021, la Xunta ofrece estos servicios para proteger a concellos y diputaciones frente a ciberataques, incluyendo herramientas avanzadas, apoyo técnico y formación especializada.

Entre los recursos disponibles destacan la Oficina Técnica de Seguridad, la monitorización de servicios de internet, la vigilancia digital, auditorías técnicas, servicios de protección avanzada y charlas de concienciación. Además, existe un servicio transversal de difusión de información sobre ciberseguridad.

Veintidós grandes concellos y las cuatro diputaciones emplean los servicios de vigilancia digital, que permiten supervisar información sensible y prevenir fraudes como el robo de credenciales, dominios sospechosos o el uso no autorizado de nombres y logotipos de las entidades. A mediados de 2024, estos sistemas habían detectado cerca de 3.600 alertas de posibles fraudes, frente a 2.000 registradas a mitad de este año.

Por su parte, la monitorización permanente de alertas de ciberseguridad es utilizada por 10 entidades locales y procesa más de 700 millones de eventos diarios. Durante la primera mitad de este año se gestionaron 8.500 alertas o intentos de ataque. Desde 2022, la Xunta ha realizado 172 auditorías técnicas y ha puesto a disposición 6.000 licencias de plataformas de protección avanzada.

El informe de la Amtega destaca que este plan es un ejercicio de visión estratégica, solidaridad institucional y optimización de recursos. "Las administraciones locales prestan servicios esenciales a la ciudadanía y manejan datos sensibles que deben ser protegidos", señala.

El acuerdo marco vigente para ofrecer estos servicios, aprobado en 2024, tiene un presupuesto de 29.065.796 euros. El primer acuerdo, en 2021, fue por 8,2 millones, pero el aumento de incidentes de seguridad y la necesidad de asesoramiento especializado llevó a triplicar la inversión.