La AP-9
La transferencia de la AP-9 en Galicia supera otro trámite en el Congreso y encara su debate final
La Comisión de Transportes aprueba el informe de la ley que permitirá negociar el traspaso de la autopista a la Xunta, mientras el Gobierno gallego rechaza el nuevo texto y alerta de sus costes
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La tramitación de la transferencia de la AP-9 a Galicia continúa avanzando en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Transportes aprobó este martes el informe de la ponencia de la proposición de ley que permitirá transferir a la Xunta tanto la gestión como la titularidad de la autopista, un paso que abre la puerta a su debate en el Pleno de la Cámara Baja.
La iniciativa, impulsada originalmente desde el Parlamento de Galicia, logró desbloquearse hace unas semanas tras un acuerdo alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar. El nuevo texto salió adelante con el rechazo de PP y Vox, que consideran que difiere de la propuesta aprobada inicialmente por unanimidad en la Cámara gallega.
La norma establece como objetivo la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9, así como de las competencias relacionadas con el régimen jurídico de la concesión, sus funciones y servicios.
Una vez superada esta fase parlamentaria, el traspaso deberá concretarse a través de una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central, donde se definirán las condiciones y límites de la transferencia.
Qué competencias asumiría Galicia
El texto contempla que la Xunta pueda asumir competencias relacionadas con la explotación de la autopista, entre ellas la autorización de nuevos tramos o modificaciones de los existentes, la supervisión e inspección del funcionamiento de la vía y la potestad sancionadora sobre posibles incumplimientos de la concesionaria.
Además, Galicia tendría capacidad para intervenir en aspectos vinculados al régimen económico-financiero de la concesión, incluyendo cuestiones relacionadas con las tarifas y peajes, los programas de descuentos o la aprobación de convenios vinculados a la gestión de la infraestructura.
La propuesta también delimita las responsabilidades económicas de cada administración. El Estado mantendría las obligaciones derivadas de decisiones adoptadas durante el periodo en que ejerció las competencias sobre la autopista, mientras que la Xunta asumiría las consecuencias económicas de las modificaciones que impulse una vez se haga efectivo el traspaso.
La Xunta rechaza una "transferencia outlet"
El avance de la ley no ha evitado las críticas del Gobierno gallego. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, calificó este martes la propuesta de "transferencia outlet" y pidió recuperar el texto aprobado originalmente por el Parlamento de Galicia.
Durante una visita a las obras de vivienda pública en Xuxán, la responsable autonómica defendió que la unanimidad política existente en Galicia sobre la transferencia de la AP-9 se ha roto con el acuerdo alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar. "Lo que hoy se debate en la Comisión de Transportes nada tiene que ver con la transferencia aprobada en el Parlamento gallego", afirmó.
Según Allegue, el nuevo texto podría obligar a Galicia a asumir costes que no le corresponden, entre ellos posibles incrementos tarifarios, bonificaciones o consecuencias derivadas de la revisión de las prórrogas de la concesión que actualmente analiza la Comisión Europea.
La conselleira sostuvo que la propuesta "pone en una situación cómoda a Pedro Sánchez y supone una hipoteca para los gallegos" y reiteró el rechazo de la Xunta a un modelo de transferencia que, a su juicio, se aleja del consenso alcanzado en Galicia durante los últimos años.
Un debate abierto desde hace más de una década
La transferencia de la AP-9 es una de las reivindicaciones históricas de las instituciones gallegas. Durante años, el Parlamento autonómico ha reclamado que la comunidad asuma la gestión de la principal autopista gallega, una infraestructura que conecta Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y la frontera con Portugal.
El debate se ha intensificado en los últimos años por el elevado coste de los peajes y por las reclamaciones para que Galicia disponga de mayor capacidad de decisión sobre una vía considerada estratégica para la movilidad y la economía de la comunidad.
