Propietarios de A Coruña reclaman derogar el decreto que impide desahuciar hogares vulnerables

Alrededor de una veintena de propietarios de pisos de A Coruña han secundado este sábado la protesta convocada por Aprovij (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica) para pedir la derogación del decreto 11/2020 que evita los procedimientos de desahucio y los lanzamientos por impago de alquiler en hogares vulnerables. 

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El decreto 11/2020 fue una norma mediante la que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19. Entre las medidas se contempla la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La medida ha sido prorrogada cada año, la última vez en diciembre, por lo que seguirá en vigor hasta el fin de 2025.

Con esta norma la persona arrendataria puede acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica descritas por la ley, y el juzgado puede decretar la suspensión del desahucio siempre y cuando se acredite dicha situación de vulenrabilidad y el propio arrendador no se encunetre en situación vulnerable. Además, mediante esta norma los arrendadores pueden solicitar por su parte una compensación.

Pilar Pérez Álvarez es cofundadora de la asociación y una de las afectadas que lleva "muchos años con la vivienda ocupada sin ningún tipo de solución judicial". En su caso, asegura llevar cinco años en esta situación, por la que le ha sido embargada su pensión porque se ha negado a seguir pasando los gastos de agua su inquilina. "Mi inquiokupa tiene 40 años, está perfectamente capacitada para trabajar, y tengo que hacerme cargo de todos los gastos del piso desde hace 5 años".

En ese sentido, una de las cuestiones que demandan es que se revise de nuevo el estado de vulnerabilidad de estas personas para comprobar que siguen cumpliendo los requisitos. "Gracias a este decreto todos los desahucios están paralizados. Nosotras teníamos fecha de desahucio paralizado, y el juez no lo quiere revisar. Cuando pedimos que se reabraiera el caso y se revisase la vulnerabilidad de esta persona nos dieron un no rotundo", ha asegurado.

Asimismo, consideran que esta situación afecta a toda la ciudadanía y "cualquiera puede verse afectado", ya que en su mayoría son "pequeños propietarios"; así como que empeora la situación del mercado del alquiler, ya que los propietarios se sienten "inseguros".