El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Getafe.
El pucherazo electoral que se avecina
Pedro Sánchez, como buen trilero, domina el arte de conseguir que todos miremos la bolita equivocada.
Si algo hemos aprendido de Pietro Sánchez Corleone es que, cuando tiene un problema delante, piensa en cómo sobrevivir al día siguiente; pero cuando se trata de acumular poder y dejar huella, juega a mucho más largo plazo.
Para apagar incendios es cortoplacista. Para transformar el tablero, no.
Ahí parece perseguir siempre aquella pregunta que ya forma parte de su propia leyenda política: "¿Cómo me recordará la Historia, Máximo?".
Conocer al siniestro personaje permite hacerse preguntas que hace apenas unos años habrían parecido disparatadas. Quizá la cuestión no sea solamente por qué España ha acometido una regularización extraordinaria de una dimensión inédita o por qué la llamada Ley de Nietos ha abierto la nacionalidad a cientos de miles de descendientes de españoles.
La pregunta incómoda es: "¿y si el efecto político verdaderamente trascendente no fuera el que estamos discutiendo hoy?".
Porque Sánchez, como buen trilero, domina el arte de conseguir que todos miremos la bolita equivocada.
El presidente Pedro Sánchez junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del 'Plan Veo'. Europa Press
Durante meses, el debate se ha concentrado en una posible alteración del censo electoral. Pero, incluso aceptando que el objetivo inmediato pudiera ser electoral, hay una segunda consecuencia, mucho más profunda, que merece ser analizada: la transformación a largo plazo del cuerpo electoral español y sus posibles efectos sobre un futuro debate entre monarquía y república.
La regularización extraordinaria cerró con 1.174.978 solicitudes. Dos de cada tres procedían de América Central y del Sur. Colombia representaba el 25,9%. Venezuela, el 11,8%. Perú, el 8,8%. Y Honduras, el 4,9%.
Sólo esos cuatro países sumaban más de la mitad de las solicitudes. Todos son repúblicas. A ellos se añade Marruecos, segundo país de origen, con un 13,3%.
La fotografía de la llamada Ley de Nietos resulta todavía más interesante porque aquí ya no hablamos de residencia, hablamos directamente de nacionalidad española y, con ella, de incorporación potencial al cuerpo electoral.
La Ley de Memoria Democrática abrió una vía extraordinaria de acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles en el exterior. Hasta mayo de 2026 se habían recibido más de 1,2 millones de solicitudes en las oficinas consulares, se habían aprobado más de 570.000 expedientes y practicado más de 333.000 inscripciones.
La inmensa mayoría de la demanda se concentra en Iberoamérica. Argentina, Cuba, Brasil, México, Chile o Venezuela comparten una característica evidente: todos son sistemas republicanos.
Esto no significa, naturalmente, que un argentino, un cubano, un colombiano o un venezolano vaya a votar automáticamente por una república en España, pero tampoco es absurdo preguntarse si la cultura política de origen influye.
Toda sociedad transmite referencias. Para millones de ciudadanos americanos, la figura de un presidente de la república es la normalidad institucional y una monarquía hereditaria es algo ajeno a su experiencia política.
Si España afrontara algún día un referéndum sobre su forma de Estado, resultaría intelectualmente deshonesto sostener que una modificación extraordinaria del cuerpo electoral carecería necesariamente de consecuencias.
La pregunta, por tanto, no consiste en saber qué votará cada nuevo español. La pregunta es por qué el Gobierno ha impulsado procesos capaces de alterar en pocos años, y de manera muy significativa, el electorado sin que exista un debate político proporcional a la magnitud de sus consecuencias.
Y aquí aparece Sánchez. Porque el sanchismo funciona siempre por fases.
Primero, lo imposible.
Después, lo excepcional.
Más tarde, lo necesario.
Finalmente, lo irreversible.
Dicen que hablar de una futura consulta sobre monarquía o república pertenece a la imaginación de quienes ven conspiraciones. Y se repetirá lo de siempre: bulo, fango, ultraderecha… para acabar en democracia.
![Reunión de la Junta Electoral Central, presidida por el magistrado del Supremo Eduardo Calvo Rojas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11316658.jpg?p=w:1706\/h:1280&h=DSBVe6RE"])
También era imaginación pensar que Sánchez indultaría a los responsables del procés. También era imposible la amnistía. También nos negaron que determinados pactos se producirían.
Pedro Sánchez gobierna apoyado por fuerzas que no ocultan su rechazo a la monarquía. Sus socios independentistas aspiran directamente a romper la arquitectura territorial surgida de 1978. Una parte de la izquierda que sostiene al Gobierno considera la Corona una institución que debe desaparecer.
Incluso me atrevería a decir que el propio Gobierno así lo quiere.
Porque los grandes cambios políticos rara vez llegan con una pancarta anunciando el día y la hora. Se preparan culturalmente. Se normalizan discursivamente. Se modifican las condiciones que los hacían improbables. Y cuando llega el momento decisivo, aquello que parecía inconcebible aparece presentado como la consecuencia natural de todo lo anterior.
Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es odiar. Y desconfiar de Pedro Sánchez, después de todo lo ocurrido, no es paranoia. Es experiencia.
Sánchez quiere que juzguemos cada movimiento aisladamente, pero él nunca mueve una pieza sin calcular la siguiente y ha llegado el momento de mirar el tablero entero.
Si algún día convocan a elegir entre monarquía y república, entonces será demasiado tarde para preguntarnos cuándo empezó a cambiar todo. Y quizá descubramos que, mientras España discutía sobre el pucherazo que venía, el verdadero cambio llevaba años produciéndose delante de nuestros ojos.
*** Jonatan Arroyo es diputado de la Asamblea de Madrid por el PP.
