Manifestación en Groenlandia.
El experimento de Groenlandia
Entre la roca y la refinería sigue mediando, inevitablemente, la política.
Cada vez que Estados Unidos adopta una posición internacional aparece la sospecha o directamente acusación de la explotación de los recursos naturales. Esto se convierte en crítica que invade la opinión pública y desgaste del inquilino de la Casa Blanca y de una entera nación.
Antes de ayer, la guerra de Irak; ayer, la operación en Venezuela; estos días, el acuerdo de seguridad con Groenlandia.
Y mientras Estados Unidos sufre y padece feroz crítica por estos movimientos, China, que es un colosal depósito de recursos de todo tipo, no sufre ni un rasguño mientras opera de manera mucho más feroz en Hispanoamérica o en África.
No es que no sean frecuentes los artículos o crónicas sobre lo que China lleva años haciendo en multitud de lugares, sino que son inexistentes.
La comparación explica tantas cosas…
Luego está la falacia que abraza el periodismo occidental con entusiasmo, consistente en la idea de que descubrir un yacimiento equivale a poseer una fortuna. Se anuncia un informe geológico, aparecen las cifras en miles de millones de barriles o toneladas, el mercado se entusiasma, y se olvida (convenientemente) de que entre la roca y el dividendo media el obstáculo más caro y menos predecible de cualquier economía occidental: el Estado democrático y su aparato regulatorio.
Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen tras firmar el acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia. Reuters
En Alaska, el caso de Northern Dynasty Minerals es una especie de monumento a esa ingenuidad. Desde hace casi dos décadas, la compañía sostiene los derechos sobre Pebble Mine, uno de los mayores almacenes de cobre y oro sin explotar del planeta, con la situación que atraviesan sendos mercados.
Sobre el papel, una mina capaz de cambiar la balanza comercial de metales críticos de Estados Unidos. En la práctica, un cementerio de capital. Vetos de la Agencia de Protección Ambiental bajo Obama, un intento de reactivación bajo Trump, un nuevo veto bajo Biden, mejores expectativas con la vuelta de Trump, litigios cruzados, informes de impacto que se rehacen cada vez que cambia la mayoría en Washington.
El inversor no ha invertido en cobre. Sin saberlo, ha invertido en la paciencia infinita frente a la administración federal estadounidense.
Esto no es un accidente ni una anomalía de Alaska. Es la lógica estructural de cualquier democracia madura, porque cuantas más capas de control en forma de agencias federales, evaluaciones de impacto ambiental, consultas a comunidades indígenas, litigios de asociaciones ecologistas, escrutinio mediático, ciclos electorales que revierten lo aprobado por el ciclo anterior, más se dilata el tiempo entre el hallazgo geológico y la primera tonelada exportada.
Imaginen, en cambio, si Alaska fuera aún parte de Rusia, dónde quedaría la protección del salmón o el paraje natural. Y la cantidad de recursos que las economías occidentales estarían comprando o habrían ya comprado a Moscú.
El recurso natural, en Occidente, no es un activo, es una opción con vencimiento incierto, sujeta a un veto múltiple que ni el consejo de administración más sofisticado ni el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América, por muy volcánico que sea, puede modelar.
Groenlandia ofrece hoy un experimento casi de laboratorio sobre este mismo asunto, con el añadido de que allí los lugareños, e incluso su Gobierno, sí quieren, en teoría, que el subsuelo se explote.
La compañía británica 80 Mile y su vehículo cotizado Greenland Energy se han hecho con una cartera que parece diseñada para ilustrar el argumento. Se trata de la cuenca de Jameson Land, con más de 13.000 millones de barriles estimados de crudo recuperable; el proyecto Disko-Nuussuaq, con potencial de níquel-cobre-cobalto comparable a distritos como Norilsk; y Dundas, uno de los yacimientos de ilmenita de mayor grado del mundo.
Sobre el papel, una autonomía danesa convertida en la nueva Arabia Saudí ártica de los metales críticos.
![Jörgen Boassen es uno de los principales defensores del trumpismo en Estados Unidos; en la foto, junto a Donald Trump Jr. (d) y Charlie Kirk (i) en su visita a Nuuk, capital de Groenlandia.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11162463.jpg?p=c:926:521:nowe:256:163\/w:1706\/h:960&h=3T6IDVC_"])
Pero incluso en un territorio de unas pocas decenas de miles de habitantes, gobernado por un ejecutivo local ávido de ingresos propios y cortejado abiertamente por Washington por su posición estratégica, el calendario no lo dictan los geólogos, sino los mismos engranajes que paralizaron Pebble Mine en Alaska. Es decir, evaluaciones de impacto ambiental y social, aprobaciones del Gobierno de Groenlandia y de Kommuneqarfik Sermersooq, reuniones comunitarias en Ittoqqortoormiit, permisos de perforación que la propia autoridad minera groenlandesa admite que difícilmente llegarán a tiempo, etcétera.
Y aquí está el reduccionismo que conviene desmontar y aclarar para quienes quieran entenderlo.
Tratar la abundancia geológica como argumento geopolítico, sinónimo de valor de mercado, cuando el valor real depende de una variable que no aparece en ningún informe de reservas y que nos diferencia nítidamente de las economías y los países que, curiosamente, nos suministran y nos hacen posible la vida civilizada.
Me refiero, claro está, a la velocidad a la que una sociedad democrática, con sus contrapesos, su opinión pública y sus tribunales, está dispuesta a dejar salir ese recurso a la superficie.
Entre la roca y la refinería sigue mediando, inevitablemente, la política.
*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo.
