Pedro Sánchez saluda a Donald Trump durante la cumbre de Sharm el-Sheij, el pasado octubre.
¿Sigue siendo España realmente un Estado de derecho?
España se desliza hacia la lógica del Estado dual: aunque la ley siga existiendo, el poder está aprendiendo a esquivarla o desvirtuarla.
Pedro Sánchez quiere encontrar un filón movilizador en su enfrentamiento, esencialmente retórico, con Donald Trump en torno a las bases militares, la guerra en Irán y el gasto en defensa.
Sánchez y Trump representan dos perfiles aparentemente antagónicos, pero comparten algo más profundo: una intuición similar sobre el ejercicio del poder en democracias desgastadas.
Esta coincidencia se entiende mejor a la luz de una historia recogida hace unos días por The Guardian: la de Karen Newton, turista británica de 65 años con visado y sin antecedentes penales, que pasó seis semanas retenida en un centro de detención del temido Immigration and Customs Enforcement (ICE) de los Estados Unidos.
Junto a su marido Bill, de 66 años, estaba cumpliendo el sueño de recorrer la costa oeste americana, desde California hasta Canadá.
Al intentar cruzar la frontera, un problema con los papeles del coche les obligó a regresar a territorio estadounidense: para entonces, el visado de Bill había caducado.
Sin haber cometido otra infracción, ni en este viaje ni durante el resto de sus vidas, a los recién jubilados les esperaban seis semanas durmiendo en el suelo de un calabozo, esposados y encadenados.
Cristina Herrero, presidenta saliente de la AIReF.
Durante ese tiempo, según su relato, los guardias les explicaron que los agentes de ICE recibían sustanciales premios económicos por cada persona detenida.
Aunque el ICE niega oficialmente que sus agentes reciban un bonus directo e individual por cada arresto, parece evidente por su desempeño que sus prioridades poco tienen que ver con la amabilidad en el trato al ciudadano.
Lo más interesante de esta historia es el mecanismo de incentivo.
En España conocemos de primera mano los rigores de una burocracia coercitiva que recibe premios por sancionar a ciudadanos inermes. Se trata de una forma de poder más eficaz y discreta que el autoritarismo clásico: llamémosle Estado Punitivo Incentivado.
Para alcanzar tal mutación, los gobiernos no necesitan aparatosos decretos, ni siquiera reformas constitucionales. Se imponen con la fuerza de los hechos, engrasados por la discreta alteración de premios, castigos e intereses.
Cuando una carrera profesional depende de cuántos expedientes se abren, de cuántas sanciones se imponen o de cuántos incautos se detienen, el aparato del Estado empieza a responder a estímulos creados por objetivos cuantitativos. Alimentado además por algoritmos, y por la vigilancia incansable de la IA, se vuelca naturalmente en las presas más fáciles, con lógica depredadora.
Por esas gateras se cuelan cada vez más monstruos. Así, en la Agencia Tributaria llevan décadas funcionando bonificaciones vinculadas a procedimientos abiertos y dinero recaudado.
"Cuando una carrera profesional depende de cuántos expedientes se abren, sanciones se imponen o incautos se detienen, el aparato del Estado empieza a responder a estímulos cuantitativos"
El resultado lo conocen miles de pequeños empresarios, autónomos y trabajadores, generalmente humildes: incautaciones preventivas, procesos interminables, arbitrarios, kafkianos, imposibles. Estamos ante una relación profundamente asimétrica entre administración y administrado.
Mientras este deterioro se va produciendo, las instituciones democráticas siguen aparentemente intactas: mal que bien, tribunales y agencias gubernamentales continúan ejerciendo sus funciones.
Las democracias no necesitan, al menos de momento, encarcelar disidentes y cerrar periódicos para imponer la disciplina mediante el miedo.
Pero en la práctica se va envenenando la relación entre el ciudadano y la autoridad. Este fenómeno recuerda a lo que el jurista alemán Ernst Fraenkel llamó un "Estado dual", bajo el que conviven un Estado normativo y otro discrecional.
En el primero, las normas siguen en vigor, las instituciones funcionan, y la ley prevalece.
En el segundo, el gobierno se reserva el ejercicio arbitrario del poder sin contrapesos democráticos, bien mediante la captura partidista de estos mecanismos (un bien transferible entre administraciones cuando hay cambios de gobierno), bien mediante el uso de incentivos perversos.
España ofrece, día a día, inquietantes ejemplos de estas dinámicas.
Hace unos días hemos visto cómo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que venía funcionando de forma ejemplar, ha sido la última víctima de una depredación voraz que comenzó por el CIS, siguió por la Fiscalía, y amenaza con extenderse por toda la administración.
La presidenta saliente, Cristina Herrero, mantuvo un perfil rigurosamente técnico, emitiendo informes incómodos para el ejecutivo. La sustituye, como se temía, una alta funcionaria del propio Ministerio de Hacienda que, según diversas informaciones, habría afirmado en reuniones internas que "en caso de duda vale la opinión del Ministerio".
Entre sus funciones, por cierto, estará la de evaluar, de manera "independiente", su propio trabajo en torno a la fiscalidad a la carta para Cataluña.
"Cuando se premian comportamientos hostiles al ciudadano de a pie, el Estado discrecional se expande mientras mengua el normativo. La democracia decae"
La institución permanece como sombra platónica de la idea inicial. Tampoco conviene suprimir los organismos independientes: es mejor convertirlos en agencias de colocación de entusiastas y obedientes.
Esta deriva no es exclusiva de una ideología, sino que va permeando la práctica totalidad de las democracias otrora liberales.
Se ve tanto en gobiernos de derecha estatista e identitaria que hacen bandera de la antiinmigración como en los epígonos del progresismo de principios de siglo, entre los que sobrevive el anacrónico Gobierno español, apoyado en todo tipo de fuerzas disgregadoras e igual de obscenamente identitarias.
Gobiernos de distinto pelaje practican una forma de control expansivo que no depende tanto de las leyes y las mayorías como de los hechos consumados mediante incentivos y desincentivos. Proceden además al sometimiento estratégico de las instituciones, cuando no a su vaciado.
Cuando se premian comportamientos hostiles al ciudadano de a pie, el Estado discrecional se expande mientras mengua el normativo. La democracia decae. El poder real va abandonando su vocación de servicio para servirse solo a sí mismo.
Es la lógica del Estado dual: aunque la ley siga existiendo, el poder está aprendiendo a esquivarla o desvirtuarla.
La Constitución y la Justicia sobreviven, sobre todo porque legitiman, pero cada vez tienen menos poder para evitar que un ciudadano inocente termine esposado y encadenado en una celda.
*** Carlos Conde Solares es profesor de Historia de España en la Universidad de Northumbria, Reino Unido.
