Imagen de archivo de un joven. EFE
El silencio atronador sobre la salud mental de los niños
Los suicidios son el final trágico para algunos niños y adolescentes a los que el sistema ha fallado. Pero no debemos quedarnos ahí.
Desde el suicidio de Jokin en el año 2004 hasta el de las hermanas de Sallent el pasado mes de febrero (una lo ha conseguido; la otra, afortunadamente, no) han transcurrido casi veinte años. Son dos casos conocidos tras los que se esconden más de mil suicidios de menores de edad en este mismo periodo. Una cifra que posiblemente sea muy superior, dada la opacidad de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística en la franja de edad de 15 a 18 años.
Son sólo la punta del iceberg del gravísimo problema de la salud mental infantil en nuestro país.
Un mensaje de recuerdo para la gemela que se suicidó en Sallent.
El suicidio continúa siendo un tabú que se intensifica cuando aparecen niños implicados, sin perjuicio del eco que adquieren algunos pocos casos y que desaparece tan rápido como llega.
La sensibilidad del tema, unida al falso mito del “efecto llamada” (que la comunidad científica mayoritaria desaprueba, sobre la base de que si bien la imitación puede aparecer cuando el enfoque informativo es incorrecto), conduce a que las administraciones e instituciones públicas y privadas respalden un silencio que empieza a ser atronador. Y en el que probablemente también confluya la vergüenza de su propia responsabilidad.
Según los cálculos de la OMS, por cada suicidio consumado existen veinte intentos autolíticos. Los datos recogidos por las asociaciones de ayuda a niños y adolescentes en riesgo son mucho más desoladores. El teléfono de la Esperanza y la Fundación ANAR registró conjuntamente más de 8.000 llamadas de menores en el año 2021 con ideaciones suicidas, de los cuales una parte muy significativa había iniciado ya la autolisis suicida.
Entre otras causas desencadenantes (clínicas, psicológicas, familiares), adquiere un protagonismo esencial el acoso escolar, cuya prevención, detección y tratamiento sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país veinte años después de la muerte de Yokin, que generó una enorme conmoción social por su decidida voluntad de morir a los catorce años y por la dureza del acoso escolar que vivió ante la desidia del colegio y sus profesores.
Dos décadas en las que la evolución social y legislativa no ha logrado frenar ninguna de las estadísticas existentes sobre salud mental y acoso infantil, cada vez más preocupantes y en constante crecimiento.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo primero, como principios del sistema educativo español, la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. En especial, en el del acoso escolar y ciberacoso, con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.
Por su parte, la Ley Orgánica 9/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, fija como objeto primordial garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia. Esto asegura el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los aspectos en los que se desarrolla su vida.
Todo ello, en consonancia con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y con el amparo que el art. 39.4 CE otorga específicamente a la infancia.
"Es obligación de todos que el silencio deje de serlo y se escuche la voz de una sociedad que vele por todos ellos"
En el ámbito supranacional, la Convención de Derechos del Niño y el objetivo 16.2 de la Agenda 2030, que todos los miembros de Bufete Trallero asumimos como propio, recogen respectivamente la protección de los niños frente a toda clase de maltrato y el compromiso de poner fin a todas las formas de violencia infantil.
En cuanto al Código Penal, los atentados contra la infancia están castigados a través de las figuras delictivas clásicas que protegen la vida, la integridad física y moral, la libertad y el honor.
Los delitos de bullying y ciberbullying no se encuentran específicamente previstos y sus conductas suelen remitirse a los delitos contra la integridad moral del art. 173.1 CP y contra la libertad del 172 ter (claramente insuficientes, en mi opinión), cuando los autores fueran mayores de edad, entrando en juego las medidas correctoras de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor cuando tuvieran entre 14 y 17 años.
En todo caso, la intervención del Derecho Penal, en su actual regulación, llega tarde y no hace sino evidenciar que las Administraciones públicas, pese a estar sometidas a una legislación que claramente les impone la obligación de proteger a la infancia, y pese a la implantación de los planes de convivencia previstos en el art. 124 de la Ley de educación, han fracasado estrepitosamente en su labor.
[El juicio paralelo de la tragedia de las gemelas de Sallent]
Sólo hay que ver el IV Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña sobre el curso escolar 2021-2022, en el que, entre otros preocupantes resultados, se concluye que uno de cada cuatro alumnos (24,4%) cree que hay alguien en su clase que sufre acoso escolar, el 45,4% de los alumnos percibe la no intervención del profesorado ante un escenario de bullying y seis de cada diez (61,7%) manifiesta que el centro escolar no hace nada ante dichas situaciones.
Los suicidios son el final trágico para algunos niños y adolescentes a los que el sistema ha fallado. Pero no debemos quedarnos ahí.
Las insoportables cifras autolíticas no deben hacernos olvidar que existen miles de niños que, sin alcanzar una solución tan extrema y dramática, están padeciendo continuos sufrimientos sin que podamos contar con un sistema integral a nivel nacional que dote de recursos a los centros educativos e imparta formación a los docentes. Y, por qué no, que exija responsabilidades administrativas e incluso penales a quienes en perjuicio de los niños incumplen sus obligaciones como garantes de la integridad física y mental de los menores de edad.
No hay mayor patrimonio en una sociedad que los niños, ni activo más digno de protección que su salud. Es obligación de todos nosotros que el silencio deje de serlo y se escuche la voz de una sociedad que, efectivamente, vele por todos ellos.
*** Eva Tomás es abogada en Bufete Trallero.
