Cómo conciliar libertad y protección con ómicron

La suma de ambos factores en un momento del año en el que las temperaturas son bajas (lo que hace más difícil la vida social en el exterior) y las celebraciones de las Navidades (con el consiguiente aumento de reuniones entre no convivientes) hacen presagiar un próximo y rápido incremento en el número de personas nuevamente infectadas.

Algunos expertos alertan de que este repunte, debido a la alta capacidad de transmisión de ómicron, va a producirse a un ritmo nunca observado con las vacunas anteriores, hasta el punto de desplazar a la delta en tiempo récord. No obstante, los primeros indicios apuntan a que los efectos sobre la salud de la nueva cepa están resultando menores. Bien por la protección proporcionada por la inmunidad natural o artificial, bien por su propia naturaleza.

Todo lo anterior plantea muchos debates. Principalmente, sobre las restricciones a la libertad individual y la protección de la salud pública.

Los defensores de la libertad como valor máximo a preservar consideran que no cabe establecer ningún tipo de medida coercitiva. Su argumento es que es necesario convivir con el virus y que la vacuna proporciona protección a aquellos que han decidido ponérsela. Sostienen que el aumento de los ingresos hospitalarios y estancia en UCI está siendo moderado desde que se inmuniza a la población.

"Un sistema sanitario que se colapsa por un exceso de demanda se traduce en una peor atención de otros enfermos y otras enfermedades"

Los partidarios de proteger la salud pública a toda costa defienden la imposición por ley de las medidas que se consideren adecuadas para contener la pandemia, con la única restricción de su eficacia y sin atender a otras consecuencias.

Creo que es un falso debate. No tiene que haber confrontación de derechos. Los derechos, como las personas, deben convivir. El derecho a la libertad individual debe coexistir con el derecho a la protección de la salud colectiva. El resto es demagogia, muchas veces interesada.

No cabe recurrir a la ideología liberal como argumento irrefutable para ejercer un derecho absoluto a rechazar un tratamiento preventivo que, sin ser perfecto, la ciencia avala como mejor solución a la situación actual. Y no cabe porque, en coherencia con ese pensamiento, el ejercicio responsable de un derecho debe llevar aparejado el asumir en primera persona las consecuencias negativas si las hubiera.

Esto no es posible en el caso de las vacunas, ya que las consecuencias de esa decisión individual las debe asumir el conjunto de la sociedad. No sólo por aumentar el riesgo de contagio de otros, sino también porque los costes de la enfermedad se pagan entre todos (y no sólo económicamente). Un sistema sanitario que se colapsa por un exceso de demanda se traduce en una peor atención de otros enfermos y otras enfermedades.

"Un ejercicio responsable y solidario del derecho a la libertad implica pensar en la repercusión que se deriva de nuestras conductas"

En sentido contrario, tampoco caben regulaciones o medidas que ignoren la libertad individual y que recurran a soluciones coercitivas, por muy eficaces que resulten. En China se han aislado poblaciones enteras y se han separado familias con buen resultado en términos de contención de la pandemia. Pero serían inconcebibles en nuestra sociedad. 

El reto que tenemos por delante consiste en encontrar un punto de equilibrio acorde a la situación real de cada momento. Para ello es indispensable recurrir a dos principios: el de responsabilidad y el de solidaridad.

Un ejercicio responsable y solidario del derecho a la libertad implica pensar en la repercusión que se deriva de nuestras conductas y decisiones particulares. En términos coloquiales se podría decir que hay que pensar en los demás.

Hacerlo cuando sopesamos si nos vamos o no a vacunar, porque no es suficiente con que se vacunen los demás. Si estamos vacunados, pensar que, aunque nosotros estemos protegidos, puede haber personas más vulnerables a nuestro alrededor a los que nuestra falta de protección puede perjudicar.

"Es responsabilidad del administrador público anticipar medidas cuando aún se está a tiempo"

Pensar en los demás es, además, hacerse un test antes de acudir a una reunión social en la que no vas a utilizar mascarillas ni guardar distancias de seguridad.

También cabe exigir a nuestros gobernantes un ejercicio de responsabilidad y solidaridad. No es suficiente con hacer discursos o declaraciones institucionales transmitiendo seguridad y esperanza, trasladando toda la responsabilidad a los ciudadanos y todo el peso de las medidas a adoptar. La administración tiene una capacidad mayor de manejar información y datos, y de establecer las reglas del juego que garanticen el bien común más allá de visiones parciales.

El aumento exponencial de los contagios que estamos conociendo con la variante ómicron, por mucho que aparentemente no cause cuadros tan graves y por tanto no implique tantas hospitalizaciones, no está falta de amenazas: un gran número de casos confirmados al mismo tiempo van a precisar una gran cantidad de recursos sanitarios. Si no hospitalarios o de UCI, sí de atención primaria y urgencias. Y esto acarrea el consiguiente riesgo de colapso y, por supuesto, de falta de atención a otras patologías. 

Asimismo, un número excesivo de bajas laborales por enfermedad, cuarentena o cuidado de familiares puede poner en riesgo el tejido productivo y la capacidad de respuesta en sectores clave como la sanidad, la seguridad o el transporte.

Es responsabilidad del administrador público anticipar medidas cuando aún se está a tiempo, por impopulares que puedan resultar. Igual que es responsabilidad de quien aspira a ejercer ese cargo no aprovechar esa circunstancia por puro cálculo político. Estamos a tiempo de actuar y prevenir, antes de que sea tan evidente la necesidad de hacerlo. Seamos responsables. Seamos solidarios.

*** José María Antón es exviceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid.