Hoy se cumplen cincuenta días de la invasión de Ceuta.
Cincuenta días desde que 80.000 inmigrantes ilegales, la inmensa mayoría de ellos hombres en edad militar, cruzaron la frontera de España. Entre 15 y 20.000 de ellos, de acuerdo a varias fuentes, continúan en la ciudad de forma impune.
Pedro Sánchez, en la única visita que ha hecho a la ciudad, habló de un "ataque" y de una "violación de la integridad territorial". El término escogido por el propio presidente describe un delito contra el Estado, su soberanía y su integridad.
Y, sin embargo, cincuenta días después, el Gobierno no ha identificado a un solo promotor, a un solo coordinador o a un solo ejecutor. Tampoco al cerebro de la invasión.
No ha dado un solo nombre. Ni uno.
Es decir, el Gobierno no conoce el quién. Y por lo tanto tampoco el porqué.
De hecho, ni siquiera parece saber el qué, porque califica de "crisis humanitaria" lo que el propio Parlamento Europeo, por aplastante mayoría, ha calificado de "invasión".
Sánchez y su gobierno sí han acusado, en cualquier caso, a las mafias. A las redes sociales. Ha mencionado una sentencia "tergiversada" del Tribunal Supremo. Ha acusado a Estados Unidos, a Israel, a Rusia e incluso a una fantasmal "internacional ultraderechista" que sólo existe en la cabeza de Pedro Sánchez y sus mil asesores.
Ha señalado a todo el mundo menos a Marruecos.
La pregunta sigue siendo la misma que el primer día de la invasión. ¿Es capaz el Gobierno de mencionar el nombre concreto de algún responsable?
Si el presidente describe un atentado contra el territorio nacional y cincuenta días después no es capaz de decir quién lo hizo, no estamos ante un misterio policial. Estamos ante una decisión política de inacción. Y es legítimo, entonces, empezar a sospechar que la inacción del Gobierno no se debe a la incompetencia, sino a la complicidad con el cerebro de la invasión.
Y esa decisión de absolver a Marruecos mientras se culpa, sin una sola prueba, al mundo entero, tiene un precio. El de la caída de Ceuta en el caos.
Mientras Moncloa se entretenía con cosmogonías lejanas, Ceuta ha dejado de ser una ciudad española para convertirse en un CETI a cielo abierto.
El Gobierno ha mostrado más preocupación por el bienestar de quienes irrumpieron con violencia en la ciudad que por el de quienes la habitan. Ha improvisado camas, campamentos y decretos de Seguridad Nacional para alojar a los que se quedaron.
Ha tardado semanas en pedir a Europa lo que cualquier Gobierno que se tome en serio su frontera habría pedido el 31 de julio.
Y, cuando la evidencia le ha dejado en evidencia, ha lanzado una campaña grotesca contra Juan Jesús Vivas, como si el presidente de la ciudad asaltada fuera el responsable de la dejación de quien ostenta el mando del Ejército, del CNI, del Ministerio del Interior, de las fronteras y de la política exterior.
Pero la realidad de Ceuta no admite ese trueque de culpables.
En agosto, las incidencias delictivas se multiplicaron por siete en Ceuta respecto al año anterior. Las agresiones pasaron de sesenta y siete a más de un millar. Los allanamientos, de diez a seiscientos.
Ha habido agresiones a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a militares, pedradas contra vehículos del Ejército, robos, tráfico de drogas, ocupación de colegios convertidos en letrinas, suciedad, riesgo sanitario, enfermedades y una inseguridad que ha empujado a las familias a enviar a sus hijos lejos de la ciudad, a la península.
La Fiscalía llegó a hablar de casi una agresión sexual al día. Una parte de las víctimas eran menores.
Ceuta no sufrió solo un aluvión "demográfico". Sufrió la invasión de sus espacios públicos por una turba de invasores pastoreados por Rabat.
A los ceutíes les robaron las calles, las playas, los colegios y la certeza de que el Estado estaba de su lado. Hoy, los ceutíes están más solos que nunca, protegidos únicamente por la dignidad de Vivas al frente del gobierno local, que no tiene apenas competencias, que no tiene financiación y que ha sido abandonado de forma cínica por el Gobierno central.
Frente a esa realidad, el relato oficial se ha disuelto solo. El informe del CENIF descartó que las mafias conocidas tuvieran capacidad para mover a decenas de miles de personas.
Tampoco encontró pruebas de que Moscú o Tel Aviv detonaran la avalancha.
Documentó planificación, permisividad y "guiado activo" desde Marruecos. El 90% de los móviles que alimentaron la convocatoria llevaba prefijo marroquí.
La Audiencia Nacional investiga un ataque a la integridad territorial.
Europa, este jueves, fue más clara que el Gobierno español: dijo que Ceuta "ha sido invadida"; condenó los cruces masivos "desde Marruecos"; habló de amenaza híbrida; encargó examinar "la posible facilitación, inacción deliberada o participación de agentes estatales y no estatales"; y exigió a Rabat que asuma sus responsabilidades, con aviso expreso de que quien ponga en riesgo los intereses de la Unión puede quedarse sin fondos europeos.
El Parlamento Europeo, tradicionalmente perezoso y más declarativo que ejecutivo, no sustituye a un juez. Pero, por una vez, no se escondió. Nombró a Marruecos y pidió la expulsión inmediata de quienes no tienen derecho a permanecer en España, incluidos los menores no acompañados.
Y eso es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno: convertir Ceuta en un albergue indefinido para los ilegales.
Y eso a pesar de que Sánchez intentó trasladar este jueves a Estrasburgo la toxicidad de su muro doméstico, con éxito parcial. Parcial, porque Sánchez rompió el consenso tradicional entre socialdemócratas y centroderecha liberal para impedir que Europa llamara a las cosas por su nombre.
El PSOE votó así en contra de un texto que habla de invasión, de guerra híbrida y de integridad territorial. No lo hizo por escrúpulo jurídico. Lo hizo para no señalar a Rabat. Por cobardía o por miedo, que son lo mismo.
Un presidente dispuesto a fracturar a Europa con tal de no incomodar a Mohamed VI no está defendiendo a España. Está defendiendo su propia diplomacia de sumisión. Por eso, la dimisión del presidente del Gobierno no es un capricho de la oposición. Es la consecuencia mínima de lo ocurrido.
Sánchez debió irse el 31 de julio, cuando llamó "violación territorial" a lo que luego se negó a investigar como tal.
Debió irse cuando se supo que el CNI había avisado el día 29 y el Gobierno sostuvo que la alerta no tuvo la suficiente intensidad.
Debió irse cuando, en lugar de exigir a Marruecos la readmisión de todos los que invadieron Ceuta (también de los menores, que no pueden servir de escudo humano de un asalto), optó por enquistar el colapso y acusar a Vivas de sus propios retrasos.
Un presidente que no nombra al agresor, que desprotege una ciudad de su país agredida por un país hostil y que convierte al líder político local de esa ciudad en chivo expiatorio ha perdido la autoridad para seguir al frente del país.
Si se resiste, al menos debería cesar a los principales responsables de su Consejo de Ministros.
Fernando Grande-Marlaska no puede seguir al frente de Interior: negó la utilidad de los avisos, minimizó la inseguridad llamándola "subjetiva" y todavía hoy pide a Bruselas instrumentos que debió aplicar en julio.
José Manuel Albares no puede seguir en Exteriores: su ministerio ha tratado a Marruecos como socio intocable mientras la Eurocámara ha tenido que recordarle que un socio clave debe comportarse como tal o atenerse a las consecuencias.
Margarita Robles no puede seguir en Defensa: el CNI depende de su ámbito, el Ejército fue llamado cuando la frontera ya había caído y las versiones cruzadas con Interior han convertido la cadena de mando en un concurso de descargos.
Tres ministerios de Estado (frontera, diplomacia y defensa) fallaron a la vez. Que los tres titulares sigan en el Consejo de ministros es la prueba de que en este Gobierno la responsabilidad no existe. Sólo existe el aspersor de responsabilidades.
La resolución europea no absuelve a nadie. Encarga investigar la autoría de la invasión y pide cooperar con la Audiencia Nacional.
Esa es la pregunta correcta: no si hubo invasión, una obviedad que ya sólo niegan los más hiperventilados de los sanchistas irredentos, sino quién invadió.
No si hubo amenaza híbrida, sino quién amenazó.
Un Parlamento puede conminar. Un Gobierno debe señalar. El de Pedro Sánchez no lo ha hecho. Prefiere el CETI perpetuo a la expulsión de miles de ilegales, la teoría lejana conspiranoica a la ruptura con el agresor, y el desgaste de Vivas a la dimisión propia.
Cincuenta días. Cero autores, cero devoluciones y cero Gobierno. Una ciudad tomada. Un presidente que sigue en la Moncloa como si nada hubiera pasado.
Eso no es gestionar una crisis "humanitaria" imaginaria. Es trabajar activamente para que el país caiga en el caos.