Aunque el Gobierno persista en su contumaz negacionismo de la realidad, el informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) desmonta, una por una, las endebles coartadas tras las que se ha venido parapetando el Ejecutivo.
Este documento de inteligencia de la Policía Nacional, adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL, acredita la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos en la planificación y ejecución de la avalancha de 72.000 inmigrantes que vulneraron la frontera española de El Tarajal los pasados 30 y 31 de julio.
Frente a las edulcoradas versiones de Moncloa, el CENIF subraya que "la cuestión solo admite un análisis consistente": "No se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo".
Existió, por el contrario, una "planificación previa" y "funciones de seguimiento y control" ejercidas por la gendarmería marroquí.
En este sentido, la "finalidad migratoria operó solo como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta".
Se trató, por tanto, de una operación estructurada en sucesivas oleadas premeditadas de inmigrantes usados como carne de cañón.
Un asalto cuyo fin último consistía, según la Policía, en "colapsar el sistema de gestión fronteriza", "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España", provocar el "deterioro de la seguridad pública y el impacto en el sistema sanitario", y en generar una desestabilización política, además de poner en entredicho la eficacia de los servicios de inteligencia españoles.
Queda así definitivamente rasgado el velo de la mentira oficial que el Ejecutivo ha sostenido contra viento y marea para exculpar a Rabat.
El presidente del Gobierno defendía este mismo lunes que "no hay ninguna información de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación" del país vecino en la invasión.
Sánchez se las ingenió para achacar la crisis a "redes sociales asociadas tanto a Rusia como a Israel", a las que culpó de expandir "bulos y desinformación". E incluso esta descabellada tesis de la injerencia ruso-israelí queda pulverizada por las pesquisas policiales, que corroboran que el 90,8% de los teléfonos móviles que promovieron y orquestaron la movilización contaban con prefijo marroquí.
Pero hay algo que el informe policial arroja con una certidumbre incontrovertible: la "evidente presencia de una dirección estratégica y operacional" a cargo de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, que "guiaron" activamente a las masas hacia el perímetro fronterizo.
Un extremo que queda probado mediante el abundante material gráfico, divulgado también por este diario, que documenta los instantes previos y simultáneos a la llegada masiva a las playas ceutíes.
A pesar del apabullante acervo probatorio, el Gobierno se enroca en desvincular al reino vecino del hostigamiento.
Al Ejecutivo sólo le ha quedado tratar de minimizar el valor del dosier de inteligencia, aferrándose al subterfugio de que el documento no imputa la autoría directa a Marruecos como Estado, sino a agentes individuales.
Pero puesto que ha forzado al director general de la Policía a sostener la falsedad de que no existe documento alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación de los acontecimientos, el ministro del Interior ha incurrido, por lo pronto, en una mentira flagrante.
Lo que sí es cierto es que el documento califica la "autoría intelectual" de la operativa como "difusa".
Pero esta prevención es completamente lógica, dado que la implicación de las altas esferas de Marruecos es, precisamente, el núcleo de lo que la investigación (aún en sus primeros compases procesales) tiene por cometido esclarecer.
El valor sustantivo de estas revelaciones no radica en aportar la prueba jurídica definitiva contra el gobierno de Mohamed VI, sino en su capacidad para acotar el perímetro de las pesquisas.
Al documentar al detalle la connivencia operativa de la policía marroquí, el informe descarta la naturaleza puramente migratoria de la crisis y desecha todo el resto de las hipótesis exculpatorias pergeñadas por Moncloa, alejando el foco de supuestas mafias autónomas o conspiraciones de terceros países.
El informe del CENIF es, por tanto, lo suficientemente consistente como para hacer ineludible para la incoación de una investigación profunda, a fin de averiguar la implicación de Marruecos en la invasión de Ceuta.
Dichas pesquisas deben articularse tanto por la vía parlamentaria (siendo lo prudente que el Congreso de los Diputados constituya una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas), como por la vía judicial.
La Fiscalía, en cuyo poder ya obra el documento, tiene la obligación insoslayable de impulsar las diligencias judiciales para clarificar si estos agentes actuaron motu proprio. O si, como dicta el sentido común y la férrea jerarquía de la autocracia marroquí, obedecían directrices de la cúpula estatal.
Las demoledoras conclusiones del CENIF dinamitan la estrategia de sumisión de Sánchez ante Rabat, echan por tierra todo su discurso sobre la crisis y desbaratan su argumentario de cara a la comparecencia de hoy jueves en la Cámara Baja.
Consciente de que el escándalo acentúa su incapacidad para sostener la legislatura, Sánchez se ha afanado en boicotear las movilizaciones ciudadanas en solidaridad con la ciudad autónoma.
Un esfuerzo estéril que ha chocado con las masivas concentraciones registradas este miércoles en toda España en apoyo de Ceuta y en contra del presidente.
Es un insulto a la inteligencia de los españoles que el jefe del Ejecutivo pretenda dar por saldada su responsabilidad política con el escueto reconocimiento de que se hace cargo de que "para muchos de vosotros, la respuesta del Estado es insuficiente", según ha admitido este miércoles en un mensaje con motivo del Día de Ceuta.
El informe policial convierte en un imperativo de Estado esclarecer hasta sus últimas consecuencias el papel de Rabat en la violación de nuestra integridad territorial.
Pedro Sánchez se halla ante su última oportunidad para quedar ante la opinión pública sólo como un líder negligente, y no como un colaboracionista con el invasor de Ceuta.