Ayer miércoles, 6 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo concluyó la decimocuarta y última sesión del juicio oral por la trama de las mascarillas, la primera pieza separada del macrocaso Koldo.
Tras los informes finales de las acusaciones y las defensas, y después de que los tres acusados (José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama) ejercieran su derecho a la última palabra, el procedimiento quedó visto para sentencia. Los siete magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal tienen ahora en sus manos dictar resolución, previsiblemente en unos meses.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, mantuvo íntegras sus peticiones de pena: veinticuatro años de prisión para Ábalos, diecinueve años y medio para Koldo García y siete para Aldama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada.
Luzón describió una "verdadera organización criminal" con "prueba de cargo abundantísima y, en verdad, demoledora", nacida y operada "al amparo del Ministerio de Transportes" durante los peores meses de la pandemia.
También subrayó que Ábalos ocupaba "la cúspide" o era "pieza clave", aunque "rara vez descendía al terreno de juego porque contaba con su fidelísimo Koldo García".
Luego, desmontó expresamente la tesis del empresario Aldama: "No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres y, desde luego, no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama".
La acusación popular del PP, representada por Alberto Durán, endureció su petición hasta los treinta años de cárcel para Ábalos y Koldo, y reclamó la atenuante muy cualificada de confesión para Aldama. "Mientras los ciudadanos morían por millares cada día", afirmó Durán, "los acusados se lucraban con la enfermedad".
Las defensas, por su parte, pidieron la absolución total y cuestionaron la solidez de los audios, mensajes y periciales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO.
José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, sigue siendo, como sus coacusados, inocente hasta que los jueces dicten sentencia firme. EL ESPAÑOL no prejuzga el fallo.
Pero el mero desarrollo del proceso ya constituye un hecho histórico: es la primera vez en la democracia española que un exministro nombrado por un presidente en ejercicio se sienta en el banquillo del Supremo mientras ese mismo presidente, Pedro Sánchez, continúa en La Moncloa.
Los hechos juzgados se remontan a 2020. Según las acusaciones, Aldama pagó comisiones millonarias a cambio de contratos de suministro de material sanitario amañados con empresas públicas dependientes del ministerio.
Se investigan pagos en efectivo al PSOE, enchufes familiares y laborales, favores urbanísticos y otros beneficios. La Fiscalía ha hablado de una estructura que "no se diluyó y agotó" hasta la destitución de Ábalos en julio de 2021.
Todo ello habría sido imposible sin Pedro Sánchez. Cuestión aparte es si el presidente sabía de la trama, o incluso participaba de ella, o si era un mero "instrumento sordo y ciego" utilizado de forma torticera por Ábalos y Koldo.
Este juicio no es, por tanto, un episodio aislado de corrupción de "unos pocos". Es la constatación judicial de que, en el corazón del Gobierno que llegó al poder en 2018 prometiendo regeneración democrática, operó presuntamente una red que convirtió la emergencia sanitaria en oportunidad de negocio.
La respuesta política del sanchismo ante este hecho inédito ha sido, una vez más, el distanciamiento, la indiferencia, las declaraciones de "respeto absoluto a la Justicia" mientras el Gobierno y sus medios emprendían una campaña de acoso y señalamiento contra los jueces inédita en democracia, y la afirmación de que Ábalos "ya no pertenece al partido".
No ha habido autocrítica, ni dimisiones preventivas, ni asunción de responsabilidad política alguna.
Esa misma actitud se repite ante los casos que salpican al entorno familiar del presidente.
En una democracia liberal madura, la responsabilidad política no se agota en la sentencia firme. Los líderes rinden cuentas ante la opinión pública cuando la corrupción toca su núcleo de poder, aunque sea presunta.
Sánchez, que en 2018 exigía explicaciones inmediatas al PP por la Gürtel, aplica hoy un rasero distinto. La polarización se convierte en escudo y la Justicia, cuando incomoda, en sospechosa de parcialidad. El resultado es una erosión paulatina de la confianza ciudadana en las instituciones y una degradación de la vida política que trasciende a un solo partido o a un solo dirigente.
La sentencia que dictará el Supremo en los próximos meses no resolverá solo la culpabilidad penal de Ábalos, Koldo y Aldama. Marcará, inevitablemente, un hito en la imagen pública de Pedro Sánchez y de su proyecto político. Porque pondrá negro sobre blanco, ante Europa y ante los españoles, que la corrupción no fue un accidente lejano, sino un problema que alcanzó el centro mismo del poder durante la peor crisis sanitaria del siglo.
Los ciudadanos, en última instancia, juzgarán en las urnas si esa forma de ejercer el poder, la de Pedro Sánchez, es compatible con la exigencia ética que una democracia liberal demanda a sus gobernantes.