El PSOE ha atribuido a un error de cálculo la decisión de presentar en el Congreso de los Diputados la Ley del Suelo sin tener garantizados los apoyos.

El anuncio de que los socios del PSOE iban a votar en contra de la ley obligó ayer jueves a los socialistas a retirar la propuesta para no dar pie a la segunda derrota del Gobierno en 48 horas tras el rechazo el pasado martes de la proposición de ley que pretendía prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

Especialmente llamativo es el rechazo de Sumar dado que Yolanda Díaz y el resto de ministros de la formación estuvieron en el Consejo de Ministros en el que se aprobó la propuesta. El PSOE se ha defendido diciendo que Sumar no manifestó ninguna discrepancia en ese momento. Los de Yolanda Díaz han respondido que sí lo hicieron, pero sin que sus críticas fueran tenidas en cuenta por el PSOE. 

Sea cual sea la verdad de lo ocurrido en ese Consejo de Ministros, lo cierto es que la retirada de la ley evidencia las dificultades del presidente para armar una mayoría estable de Gobierno. El PSOE ha afirmado que su error consistió en presentar la ley en periodo preelectoral, cuando sus socios de coalición necesitan marcar perfil propio y desmarcarse de su 'hermano mayor' socialista. 

Pero la realidad es que la precaria mayoría parlamentaria armada por Pedro Sánchez depende en última instancia de cálculos electorales y rivalidades internas que hacen prácticamente imposible el desarrollo de un programa de gobierno consistente. 

El rechazo de Sumar a la Ley del Suelo, en particular, confirma que la incapacidad de Yolanda Díaz para mantener unido a su partido, que se suma a sus repetidos fracasos electorales, han convertido a la vicepresidenta segunda en un eslabón especialmente débil de la coalición. Uno que apenas suma, pero sí resta. 

Mención aparte merece la reacción del PSOE al acusar al PP de haber "dejado de lado su posición de partido de Estado" para ponerles "una zancadilla". 

En primer lugar, porque no es responsabilidad de la oposición salvar al Gobierno de sus crisis internas. Especialmente después de ver cómo, tras ganar las elecciones de 2023, se relegó a Alberto Núñez Feijóo a la oposición en beneficio de esa débil coalición de Gobierno que el presidente bautizó como "mayoría de progreso". 

En segundo lugar, porque el sentido de Estado debería haber fluido en ambas direcciones. Pero no sólo en el caso de la Ley del Suelo, sino también en el de la renovación del CGPJ o la reforma de la LOPJ, en la decisión de amnistiar a los líderes del procés o en la de reconocer el Estado palestino. Asuntos todos ellos en los que el Gobierno se ha enrocado o ha prescindido de la opinión del PP.

Tras el rechazo de la ley contra el proxenetismo, la retirada de la Ley del Suelo y la posición en la que ha quedado el Ejecutivo tras reconocer un Estado palestino que ninguna de las grandes democracias occidentales apoya en estos momentos, el Gobierno ha evidenciado la soledad que empapa tanto su política exterior como interior. 

Las elecciones europeas del próximo 9 de junio serán clave para determinar si la fragilidad evidenciada esta semana por el Gobierno es el síntoma de una enfermedad crónica o si esta debilidad ha sido, como ha defendido el PSOE, más bien consecuencia de los cálculos electorales coyunturales de sus socios.