La sentencia que ha fallado este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo deja claro. La medida que limita en Barcelona el número de licencias de vehículos de turismo con conductor, lo que coloquialmente se conoce como coches VTC y que se reconoce por empresas como Uber o Cabify, es incompatible con el derecho comunitario.

O, lo que es lo mismo. Al Ayuntamiento de Barcelona, todavía en manos de Ada Colau, sólo le queda actuar dentro de la ley y corregir una regulación que este periódico ha censurado en anteriores editoriales.

El varapalo para el sector del taxi es histórico. El fallo considera que la protección económica de los taxistas no justifica las restricciones. Además, y aunque el veredicto se refiere a Barcelona, es extensible a todo el territorio nacional.

Lo que establece el tribunal europeo es la necesidad de poner límites a las políticas sobre el taxi tradicional, fijadas al margen del interés general y a petición de un gremio con capacidad para movilizarse y, como se ha demostrado en el pasado, paralizar ciudades con el uso de la violencia. El dictamen de Luxemburgo afirma que la restricción de un vehículo VTC por cada 30 taxis "no parece idónea para garantizar la consecución de objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medioambiente".

Los magistrados europeos no se oponen a una regulación de los servicios de compañías como Uber o Cabify, pero sí piden una regulación seria y justificada tras comprender que las actuales condiciones son abusivas e incumplen los tratados comunitarios.

La resolución concede motivos para el optimismo a quienes esperan que el Tribunal Supremo valide sus licencias. Unas licencias que pueden contarse por decenas de miles. Pero el litigio no acaba aquí, pues la puerta abierta por Luxemburgo a la exigencia de una segunda licencia urbana a los VTC cae a favor de los intereses del taxi. Así lo comprenden unos sindicalistas que aspiran a "neutralizar todas las VTC" para que "no entre ninguna más", como reclama la organización mayoritaria, Élite Taxi.

Tras el boom de las licencias y las protestas de 2017, EL ESPAÑOL criticó la beligerancia de un sector del taxi demasiado endogámico y sindicalizado. Sus reivindicaciones son entendibles en un escenario cambiante y exigente, y no sólo para el transporte urbano. Lo que no quita la necesidad de que el taxi destine más esfuerzos a competir con las ventajas tecnológicas y económicas ofrecidas por las nuevas empresas de transporte urbano, y menos energía a bloquear las mejoras irreversibles del progreso.

Los sindicatos del taxi ya han amenazado con bloquear Barcelona si el Ayuntamiento no recurre a la exigencia de una licencia adicional para los VTC. Es decir, vuelve a los métodos extorsivos para atender los intereses económicos de su gremio por encima de los generales. Esta realidad sólo puede conducir a una conclusión. Urge un marco estatal mejor definido, adaptado a la tecnología y las condiciones de vida del siglo XXI, que garantice la convivencia de los dos mundos, y que no pueda ser tergiversado por regulaciones locales. Y que respete, en fin, la libre competencia.