Ni siquiera la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco para responder a las dudas generadas por el nuevo protocolo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en relación con las mujeres que deseen abortar en dicha comunidad ha servido para aclarar en qué consistirá exactamente ese protocolo y si le será o no ofrecido a las pacientes por los médicos de la Sanidad pública. 

Mañueco ha asegurado que el protocolo no ha cambiado con respecto al hoy vigente, que "no obligará a nada" y que serán las embarazadas las que "libremente" podrán solicitar los recursos a su disposición, entre los cuales se incluye la posibilidad de escuchar el latido fetal y la de realizar una ecografía 4D del feto. 

El problema es que sus palabras no se contradicen en el fondo con las de Vox. Porque el hecho de que esas medidas sean voluntarias ofrece cobertura legal para que los médicos que así lo consideren se las ofrezcan no ya a las embarazadas, una medida lógica y razonable, sino también a las mujeres que pretenden abortar.

Mujeres que, obviamente, podrán rechazar esos "recursos" porque la alternativa, la obligatoriedad de escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D a la fuerza, sería aberrante. Pero que, en definitiva, podrían verse frente a un médico que les plantee el dilema moral de acceder a esa información sobre el feto que pretenden abortar.

Juan Garcia-Gallardo, vicepresidente de la Comunidad, ha contribuido después a la confusión afirmando que la Junta sí ofrecerá esas pruebas a las mujeres que quieran abortar. "Piensen ustedes en cuántas mujeres habrán acudido a su médico pidiendo interrumpir por presión y coacciones de su entorno familiar, social, pareja" ha dicho Gallardo. Posteriormente ha alabado la obligatoriedad de dicho protocolo en Hungría. 

Con su insistencia en unas medidas que difícilmente harán cambiar de opinión a ninguna mujer que pretenda abortar y que sólo provocarán más sufrimiento, Gallardo parece situarse en parámetros de moralidad ajenos a los de una sociedad civilizada y que parecen responder más al sadismo de quienes desean que las mujeres que abortan sufran por lo que ellos interpretan como la destrucción de una vida indefensa. 

Pero el riesgo del PP, y más concretamente de Alberto Núñez-Feijóo, no es ya el de la resucitación del debate sobre un asunto en el que los españoles habían llegado hace tiempo a un consenso entre extremos (con una ley de plazos razonable y aceptable por una amplia mayoría de los ciudadanos de este país), sino el de verse atraídos a ese pantano de extremismo en el que Vox pretende medrar a costa de los populares. 

Si algún peligro está obligado a evitar Feijóo si quiere llegar dentro de un año a la presidencia del Gobierno es el de que Vox se convierta en el Podemos del PP. Es decir, en un partido fuera de la realidad, partidario del 'cuanto peor mejor' y cuya única manera de obtener cierta presencia mediática sea plantear medidas inaceptables en una democracia liberal. Si Feijóo quiere saber cómo sería un gobierno con Vox en la Moncloa, que atienda a lo que está ocurriendo hoy en CyL. 

EL ESPAÑOL, como ha hecho en anteriores editoriales, no puede más que insistir en la importancia de que el PP, a diferencia de lo que ha hecho el PSOE con los nacionalistas y los radicales a su izquierda, ponga pie en pared frente al extremismo de Vox. Mañueco debe romper con Vox y convocar elecciones anticipadas. Y Génova debe ayudar a su barón a convencerse de que eso es lo mejor para él, para el PP y para los españoles. 

Porque, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, gobernar de la mano de "los malos" no suele acabar con la conversión de los "malos" en "buenos", sino con la conversión de los "buenos" en "malos". Eso es lo que ha ocurrido en el PSOE con el sanchismo y sus pactos con ERC, Unidas Podemos y EH Bildu, y lo que Feijóo debe evitar a toda costa para que dentro de un año los medios no empecemos a hablar de "feijóoismo".