La decisión del fiscal suizo Ives Bertossa de archivar la investigación abierta por los 100 millones de euros que Juan Carlos I recibió como "donación" de Arabia Saudí ha espoleado el deseo del Emérito de regresar a España cuando antes. Como publicamos hoy en EL ESPAÑOL, su voluntad es pasar las Navidades en Madrid, acompañado de familiares y amigos.

Sin embargo, su regreso en esas fechas eclipsaría el discurso de Nochebuena de Felipe VI, que desde su llegada al Trono trata de recuperar la imagen de la Corona, dañada por los excesos y las irregularidades de su padre.

La recomendación de que el Emérito deje pasar las Navidades antes de regresar es, por tanto, oportuna. El hecho de saliese voluntariamente del país y que carezca de cuentas pendientes con la Justicia no es óbice para que su vuelta sea pactada y sin ostentaciones.

Es un dato objetivo que, pese al archivo de la causa pendiente en Suiza, el Emérito ocultó esos 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí sin que pudiese resolverse su justificación. La fiscalía no fue capaz de relacionar el pago con la concesión a un consorcio hispano-saudí del tren de Alta Velocidad entre Medina y La Meca.

Asimismo, es un hecho demostrado que, cuando ya no gozaba de la inviolabilidad inherente al jefe de Estado, regularizó en España 4,4 millones de euros.

Retorno

Resulta innegable que, tanto en el ejercicio de la Jefatura del Estado como después, Juan Carlos I incurrió en conductas que serían constitutivas de varios delitos fiscales de no haber mediado la inviolabilidad o de no haber regularizado esas situaciones. Es decir, abusó reiteradamente de los privilegios que le confería el ordenamiento jurídico.

De la misma forma, hay que dejar claro que Juan Carlos I no es un fugitivo, por más que así lo reiteren los mismos miembros del Gobierno que elevan a Carles Puigdemont a la condición de exiliado político. 

Es verdad que el papel decisivo de Juan Carlos para traer la democracia no puede servir como alfombra sobre la que esconder sus desmanes, pero tampoco hay argumentos procesales para negarle el retorno a España. Guste más o guste menos, está en su derecho de regresar a su país, con independencia de sus ocupaciones poco edificantes o sus actos impunes.